Son sorprendentes las reacciones de PP y Ciudadanos contra el aumento del salario mínimo cuando estos han votado en contra de limitar los sueldos desorbitados de los políticos allí donde se ha planteado la medida.
Venezuela, okupas y el fin de España. Estos son los mensajes que de nuevo se escuchan por el baluarte derechista conformado por el Partido Popular y Ciudadanos. Titulares alarmistas ante los acuerdos presupuestarios del Gobierno y Podemos en materia social. Todo análisis objetivo ha sido sustituido por un festival de exageraciones del que el tío Trump se sentiría profundamente orgulloso. Y entre las medidas más demonizadas, se encuentra la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros mensuales. Una medida que, sin duda, ha sido posible gracias a la presión social ejercida por cientos de miles de personas que se movilizan cada día en las calles por nuestros derechos.
Sorprende que PP y Ciudadanos se rasguen las vestiduras ante una medida que provocará que todos vivamos un poco mejor. De hecho, es una medida que los sindicatos de trabajadores ya advierten que aunque es necesaria, es insuficiente. Especialmente comparándola con nuestros vecinos europeos, pues en la propia Alemania el salario mínimo se ha subido recientemente a 1.645 euros mensuales.
Pero son aún más sorprendentes estas reacciones teniendo en cuenta que PP y Ciudadanos han votado en contra de limitar los sueldos desorbitados de los políticos allí donde se ha planteado la medida.
Ocurrió en el Parlamento de Andalucía, cuando la medida fue planteada por Teresa Rodríguez en nombre de Podemos. Ocurrió en el Consistorio de Barcelona, cuando lo propuso Ada Colau por el grupo de Barcelona en Comú. Y entre muchas formaciones políticas se desataron risas quijotescas cuando Podemos y los comunes pusieron un tope a sus salarios de 2.200 euros mensuales donando a proyectos sociales todo lo que les sobrará.
Si compramos el mantra de que no hay dinero ¿por qué PP y Ciudadanos se enfadan tanto con que nuestros padres, hijos, amigos y vecinos tengan un sueldo un poco más justo y en cambio muestran una oposición tan descarnada a limitar sus propios salarios desorbitados? ¿Por qué aquellos que están en contra de aumentar el salario mínimo son los mismos que están en contra de establecer un salario máximo?
De hecho, el salario promedio de un diputado en España posee una base de 3.113 euros mensuales, a lo que se suman suplementos para gastos de 896 euros si son de Madrid o 1.874 si proceden de otros territorios. Y que no falten las dietas por viajes
Recordemos que fue el mismo Rajoy, durante su mandato, quien se subió dos veces su propio sueldo a través de los Presupuestos Generales llegando a alcanzar una cifra superior a 6.400 euros mensuales, sin contar lo que percibiera a través de los sobres de Bárcenas. ¿Y Casado? De momento no se ha querido revelar su sueldo como presidente del PP, el cual se especula que podría superar la friolera de 100.000 euros anuales ¿Y Rivera? En 2015 llego a cobrar hasta 83.000 euros anuales, casi 7.000 euros por mes.
De hecho, el salario promedio de un diputado en España posee una base de 3.113 euros mensuales, a lo que se suman suplementos para gastos de 896 euros si son de Madrid o 1.874 si proceden de otros territorios. Y que no falten las dietas por viajes, de 120 euros por día en viajes nacionales y 150 euros por día en viajes internacionales. Un absoluto despropósito.
En un país donde cinco millones de familias sufren pobreza energética, donde los jóvenes que alquilan dedican más del 60% de sus ingresos a mantener su hogar, donde hasta hace poco se racaneaba con actualizar las pensiones al IPC, en el cual los profesores asociados en la universidad cobran menos de 600 euros mensuales, en un país que ocupa el tercer puesto de la Unión Europea en pobreza infantil, ¿los ciudadanos deben aceptar que políticos repletos de privilegios se dediquen a tratar de empobrecer sistemáticamente su futuro?
Si para PP y Ciudadanos no hay dinero para dedicar a vivienda, sanidad, educación y pensiones, ¿por qué lo hay para pagar salarios desorbitados? La respuesta es que sí hay dinero. Hay dinero. El problema radica en su distribución. Y ahí, en su distribución, está también la clave del asunto. Porque PP y Ciudadanos saben muy bien que conforme una sociedad esté más empobrecida, es más sencillo atemorizarla. Y conforme una sociedad esté más atemorizada, es más fácil desmovilizarla.
En pocas palabras, saben bien que una sociedad ahogada que lucha por sobrevivir tendrá menos tiempo para tomar las riendas de su propia vida. Doctrina del shock en toda regla.
Y cuando los gobernantes pierden el miedo a los gobernados es el momento más propicio para utilizar la política como un ascensor social. Es el momento en el que aumentar sus salarios con todo el descaro. Es el preciso instante en el que se pueden labrar maquiavélicamente cargos en el sector privado concediendo favores a los bancos, a los fondos buitre y al IBEX35. Como el rescate a la banca, realizado con más de 77.000 millones que fueron expoliados de nuestros bolsillos. Una cifra que, por cierto, es 13 veces mayor que el gasto que supondría aumentar el salario mínimo a 900 euros mensuales, establecido en una partida de 5.700 millones.
PP y Ciudadanos saben bien que los favores a la clase financiera les pasan factura cuando la ciudadanía se organiza.
Hace muy poco les costó el poder en el Congreso. Y por eso su objetivo es que estemos siempre peor, con más dificultades para reaccionar. Porque cuanto peor para todos, mejor para ellos. Por eso temen, y temen con todas sus letras, que se aumente el salario mínimo. Porque alcanzar una oportunidad para vivir mejor hoy es alcanzar una oportunidad para luchar con más intensidad mañana. Con menos miedo y más esperanza. Socializando derechos y suprimiendo privilegios.
Y ahora es el momento. Pues a la vuelta de la esquina están las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Una ventana de oportunidad para señalar a aquellos que pretenden imponer sus privilegios sobre nuestros derechos. Un horizonte que puede ser tomado por mareas de pensionistas, estudiantes, profesores, inquilinos y personas de a pie de toda condición para conseguir aún mejores medidas.
Si no queremos que unos hombres con corbata a los que pagamos sueldos de infarto decidan desde sus despachos si la gente de a pie tenemos derecho a comer o no, tenemos en nuestras manos una oportunidad de oro en las próximas elecciones. Depende de nosotros.
