- En el listado, también están Arias Salgado, Álvarez Cascos, Pepe Blanco, Ana Pastor, Esperanza Aguirre, Ana Botella o Ruiz Gallardón
- Las actuaciones cometidas podrían ser encuadrados en los delitos de prevaricación administrativa, cohecho y malversación de caudales públicos
El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, denunciado en relación con la Operación Chamartín, junto al presidente Pedro Sánchez // Kiko Huesca (EFE)
IU y Podemos presentan una denuncia ante la Fiscalía contra la Corrupción contra 28 personas, entre las que se encuentran altos cargos públicos y responsables del BBVA o RENFE, para que investigue si hubo delitos de prevaricación administrativa, cohecho y malversación de caudales públicos relacionados con la conocida Operación Chamartín. Entre los denunciados se encuentran dos miembros del actual gobierno en funciones, el responsable de Fomento, José Luis Ábalos, y el de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell.
El listado completo de personas denunciadas es:
- Josep Borrell Fontelles (Ministro de Obras Públicas y Transportes 1991-1996)
- Rafael Arias Salgado (Ministro de Fomento 1996-2000)
- Francisco Álvarez Cascos (Ministro de Fomento 2000-2004)
- Magdalena Álvarez Arza (Ministra de Fomento 2004-2009)
- José Blanco López (Ministro de Fomento 2009-2011)
- Ana María Pastor Julián (Ministra de Fomento 2011-2016)
- Íñigo Joaquín de la Serna Hernaiz (Ministro de Fomento 2016-2018)
- José Luis Ábalos Meco (Ministro de Fomento desde 2018)
- Esperanza Aguirre Gil de Biedma (Presidenta de la Comunidad de Madrid y firmante del Convenio urbanístico 08.03 de 10/11/2011)
- Ignacio González González (Presidente de la Comunidad de Madrid y firmante de la modificación Convenio urbanístico 08.03 de 10/11/2011 realizada en 2015)
- Alberto Ruiz Gallardón Jiménez (Alcalde de Madrid y firmante Convenio urbanístico 08.03 de 10/11/2011)
- Ana Botella Serrano (Alcaldesa de Madrid y firmante de la modificación Convenio urbanístico 08.03 de 10/11/2011 realizada en 2015)
- Concepción Dancausa (Concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid)
- Salvador Victoria Bolívar (Presidente de Canal de Isabel II y firmante de la modificación Convenio urbanístico 08.03 de 10/11/2011 realizada en 2015)
- Miguel Corsini Freese (Presidente de Renfe 1996-2004)
- José Salgueiro Carmona (Presidente de Renfe 2004-2005)
- Teófilo Serrano Beltrán (Presidente de Renfe Operadora y firmante del Convenio urbanístico 08.03 de 10/11/2011)
- Pablo Vázquez Vega (Presidente de Renfe Operadora y firmante de la modificación Convenio urbanístico 08.03 de 10/11/2011 realizada en 2015)
- Antonio González Marín (Presidente de Adif 2005-2012
- Enrique Verdeguer Puig (Presidente de Adif 2012-2013)
- Gonzalo Jorge Ferre Moltó (Presidente de Adif 2013-2016)
- Juan Bravo Rivera (Presidente de Adif 2016-2018)
- Isabel Pardo de Vera (Presidenta de Adif 2018 a la actualidad)
- Juan Antonio Villaronte Martínez (Director general de operaciones de RENFE y firmante del contrato de 1997 con DUCH-DCN)
- Ramón Escribano Méndez (Director General de Infraestructuras de Renfe y firmante del contrato de 2002 con DUCH-DCN)
- Francisco González Rodríguez (Presidente Argentaria 1996-2000 y Presidente BBVA 2000-2018)
- Antonio Béjar González (Presidente de DUCH y firmante de la modificación Convenio urbanístico 08.03 de 10/11/2011 realizada en 2015)
- Emilio Cebamanos Jarreta (Presidente de DUCH y firmante del Convenio urbanístico 08.03 de 10/11/2011).
En total, ocho ministros de Fomento, dos presidentes de la Comunidad Autónoma de Madrid, dos alcaldes de Madrid, una concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, cuatro presidentes y dos directores generales de Renfe, cinco presidentes de Adif, un presidente de la empresa pública Canal de Isabel II, un presidente del BBVA y dos presidentes de la empresa privada DUCH-DCN serían los firmantes y responsables de los distintos instrumentos jurídicos que pretenden que se investiguen. La denuncia ha sido presentada por Isa Serra, portavoz de Unidas Podemos Izquierda Unidas en la Asamblea de Madrid, la portavoz adjunta de dicho grupo y coportavoz de IU Madrid, Sol Sánchez, y Carlos Sánchez Mato, en representación de IU.
«Renfe y el Ministerio de Fomento concibieron en 1993 la Operación Chamartín, como la primera actuación urbana en España que se desarrollaría a través de una concesión a un operador privado», explican los denunciantes. «La gestión del operador incluiría la negociación de la recalificación urbanística (usos y edificabilidad), redacción del planeamiento, resolución de problemas patrimoniales del suelo, urbanización y comercialización de las parcelas o edificios», prosiguen. En aquel contrato, la prioridad sería renovar y ampliar la estación de Chamartín, la empresa DCN abonaría a Renfe un canon fino y el 53% de todos los beneficios que fuera obteniendo mediante esta operación y DCN asumiría los riesgos que pudiera llevar la recalificación de un suelo ferroviario a urbanizable. Pero, después de dos décadas y media, el contrato ha ido variando y mejorándose para la empresa privada.
Así, según contemplan los denunciantes, durante este periodo el terreno afectado por el contrato se ha triplicado. En la última modificación contractual, sin ir más lejos, ha pasado «de 625.000 metros cuadrados a 1.167.022 metros cuadrados». «El precio también se ha modificado», aseguran, añadiendo que esto supondrá un ingreso de 984 millones de euros para el gestor público de infraestructuras ferroviarias por los 1,2 millones metros cuadrados enajenados, la mitad del precio de mercado por el que se han vendido otros solares en el mismo ámbito.
Se han modificado las condiciones de pago a la empresa privada por la adquisición de terrenos y derechos de edificación pasando de 5 a 20 años, se han rebajado los costes de urbanización e infraestructuras a realizar por la empresa adjudicataria, lo que les supondría un ahorro de 583 millones de euros para Distrito Castellana Norte, empresa filial del BBVA, según la denuncia de Unidas Podemos. Además, se habría trasladado el riesgo a las administraciones públicas, responsables de ejecutar las obras, y se permite la venta de terrenos y derechos a terceros, de manera que DUCH y DCN pueda financiarse con ello.
Según la documentación aportada por los denunciantes, los beneficios para las empresas públicas, primero Renfe y luego Adif, han disminuido conforme se ha ido modificando el contrato inicial. «Dado que las plusvalías se estiman en unos 6.000 millones de euros revertirían, con el primer contrato, más de 3.100 millones a Adif. Ahora Adif recibirá 984 millones, es decir, al menos 2.100 millones de euros por debajo«, explican. Además, «DUCH-DCN debería haber pagado un IBI equivalente a unos 4,3 millones de euros al año. Pero ni lo ha abonado, ni se le ha reclamado».
Más allá de las consecuencias económicas para el erario público que esta operación urbanística ha supuesto, los denunciantes se quejan de la falta de transparencia en todo lo relativo a la documentación sobre la misma. «Durante 25 años, el contrato que da origen a la Operación Chamartín entre Renfe (luego posteriormente Adif) y el socio privado, DUCH primero y actualmente DCN (Distrito Castellana Norte) ha permanecido en secreto. También han estado lejos del análisis y escrutinio público las sucesivas renovaciones de que se produjeron en 1997, 2002, 2009, 2015 y 2018», advierten.
Hace unos meses, eldiario.es publicó parte de esa documentación. También recuerdan la orden de destrucción de documentos que supuestamente llevó a cabo DCN, filial del BBVA. «El pasado 24 de junio pasado se destruyeron una serie de dispositivos informáticos (en concreto dos discos duros y 19 soportes CD)», explican.
+info relacionada: IU y Podemos denuncian en Anticorrupción a 28 responsables de la Operación Chamartín por el supuesto quebranto de 2.780 millones de fondos públicos – elldiario.es, 31-07-2019
