Agricultura pondrá a un imputado como “responsable” de la auditoría sobre los pufos de Acuamed

La Mafia del Agua // La página web de la sociedad estatal sitúa Juan Alberto García Cuenca, jefe de la Asesoría Jurídica e investigado por el juez Velasco en la ‘Operación Frontino’, como “director responsable” del contrato que debe buscar irregularidades en 38 adjudicaciones, 16 de ellas ya bajo la lupa de la Audiencia Nacional.

Isabel García Tejerina, en un acto público del pasado mes de julio. – Imagen EFE/ N. GALLEGO

Nuevo esperpento en el ‘caso Acuamed’. El Ministerio de Agricultura tiene previsto poner al frente de la dirección de la auditoría con la que pretende sacar a la luz los supuestos ‘pufos’ de la empresa pública Agua de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) a uno de los investigados (actual denominación de la antigua figura de imputados) en la causa que investiga el juez Eloy Velasco. Según se recoge en el resumen de la licitación que figura en la propia web de la sociedad estatal, la ejecución de dicho contrato que costará más de 900.000 euros al erario quedará bajo el control del director de la Asesoría Jurídica. Éste no es otro que Juan Alberto García Cuenca, quien en las dos ocasiones que ha sido llamado a declarar acusado de los delitos de “fraude y falsedad documental” se ha negado a contestar a las preguntas del magistrado y la Guardia Civil. La dirección de esa auditoria no es, sin embargo, el único papel destacado que el departamento que dirige en funciones Isabel García Tejerina le otorga en el caso a este investigado. También es el máximo responsable de atender los requerimientos de información que hace el magistrado y ha participado como representante legal de la compañía en varias diligencias. Incluso, tuvo un papel destacado en el juicio que se siguió en abril por el despido de una de las trabajadoras represaliadas por denunciar las supuestas irregularidades. Todo ello una vez que ya se encontraba bajo sospecha en la causa, según refleja el propio sumario.

La auditoría debe buscar irregularidades en 38 adjudicaciones de Acuamed, 16 de ellas ya investigadas por el juez Velasco y la Guardia Civil

Acuamed inició el proceso de licitación de esta auditoría el pasado 9 de junio con la publicación en la Plataforma de Contratación del Estado del pliego de condiciones. En el mismo se recogía que se iban a analizar 38 contratos de la empresa pública, entre ellos 16 de las 19 adjudicaciones que investiga el juez Velasco en la Audiencia Nacional. El presupuesto previsto era de 765.456,38 euros más IVA. En total, 926.202,22 euros. El plazo de ejecución, seis meses. En un principio, estaba previsto que se decidiera qué empresa iba a elaborarla este mismo mes de septiembre, pero el pasado mes de julio se comunicó que se aplazaba ‘sine die’ la apertura de los sobres con las ofertas técnicas, prevista para el día 29 de aquel mes, y la de los que contenían la propuesta económica, fijado en principio para el pasado 5 de septiembre. Por el momento, no se ha comunicado nuevas fechas. En paralelo a esta auditoría externa, la Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente había encargado otra de carácter interno sobre trece obras no investigadas judicialmente a expertos del propio Ministerio en colaboración con la sociedad estatal Tragsa y el Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. Las conclusiones del mismo, publicadas a comienzos de esta semana por eldiario.es, recogía supuestas irregularidades por valor de 17,7 millones de euros.

En el pliego con las clásulas del concurso ahora paralizado ya figura el “director de la Asesoría Jurídica”, a la postre Juan Alberto García Cuenca, como firmante del mismo ‘por ausencia’ del gerente de Contratación y Supervisión. Un protagonismo que este alto cargo de Acuamed mantiene en el resumen que dicha licitación aparece en la página web de la propia empresa pública. En este caso, el mismo cargo figura como “Dir. Responsable”. Un detalle que ha provocado un enorme malestar en el seno de la propia sociedad estatal, según ha podido constatar Vozpópuli. El motivo no es otro que su designación para dicha responsabilidad pese a su actual condición de investigado por el juez Velasco. Una situación jurídica que, de hecho, se remonta al 22 de enero de 2016, sólo cuatro días después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desarrollaran la ‘Operación Frontino’ que concluyó con el arresto de 13 personas, entre ellas los principales implicados en la trama de corrupción, Arcadio Mateo, director general de la compañía, y su mano derecha, Gabriela Mañueco. Aquel día, el director de la Asesoría Jurídica fue convocado en el cuartel de Tres Cantos (Madrid) para declarar como “investigado no detenido”. Según consta en el acta que levantaron los agentes, García Cuenca manifestó entnces su deseo de no declarar.

Negativa a declarar ante el juez

El 2 de febrero, el juez Velasco dictaba una providencia en la que citaba a comparecer a lo largo de los días siguientes a una veintena de personas, entre testigos e imputados. Entre ellos figuraba Juan Alberto García Cuenca, que fue convocado para el 12 de febrero a partir de las diez de la mañana “en calidad de investigado”. Su comparecencia ante el juez Velasco fue muy breve, como había sido la que realizó ante la Guardia Civil semanas antes. “No voy a declarar hasta que se levante el secreto del sumario”, le dijo al magistrado cuando éste lanzó su primera pregunta. Velasco, visiblemente enfadado por la falta de colaboración del director de la Asesoría Jurídica de Acuamed, le dejó claro en ese momento que tal vez no hubiera una segunda vez para comparecer y dio por cerrada la declaración. Antes y después de esta última ‘visita’ a la Audiencia Nacional, García Cuenca ha seguido ejerciendo de representante legal de la compañía en la Audiencia Nacional y, de hecho, él es quien ha firmado las respuestas a diversos requerimientos de documentación realizados por el magistrado.

García Cuenca ha ejercido de representante de la compañía ante la Audiencia Nacional pese a que declaró como “investigado” ante la UCO el 22 de enero

Así, el 13 de abril remitía un escrito al juez en nombre de Acuamed y con membrete oficial de la sociedad estatal y del Ministerio de Agricultura en el que le comunicaba que, tras haber recibido el 7 de marzo anterior un oficio del Juzgado para que entrega determinada “información precisa sobre el origen de la financiación” de una serie de adjudicaciones bajo sospecha, remitía la misma. Antes, ya había remitido otro escrito en nombre de la compañía reclamando diversos equipos informáticos que la UCO había intervenido durante los registros que hizo en las sedes de la compañía en Madrid y Valencia con el argumento de que la ausencia de dicho material perjudicaba “el desarrollo de las tareas propias de la actividad empresarial” de la sociedad pública. En otra ocasión había llegado a acudir a la sede de la Audiencia Nacional “en representación de la empresa Acuamed” para asistir, junto a dos técnicos informáticos, al “desprecinto y clonado” del material informático que se había intervenido.

OTRAS DECISIONES POLÉMICAS

La elección del imputado director de la Asesoría Jurídica como responsable de la auditoría que debe investigar los supuestos pufos de Acuamed no es la única decisión polémica del Ministerio de Agricultura en este caso. Recientemente, los máximos responsables de la sociedad estatal han decidido enviar como uno de sus representantes a un congreso internacional sobre recursos hídricos que se celebrará el próximo mes de octubre en Valencia a otro de los principales implicados en la ‘Operación Frontino’.

Según consta en el programa “preliminar” de las jornadas, que están patrocinadas por las principales empresas del sector, Pablo Martín, que ocupaba el puesto de gerente de la Cuenca del río Júcar hasta su detención el pasado mes de enero, intervendrá junto a otros seis técnicos de Acuamed en una mesa redonda sobre una de las obras que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco. Todo ello pese a que el magistrado había ordenado unos meses antes que este trabajador, como otros dos que se habían reincorporado a la empresa tras ser excarcelado bajo fianza, fueran ‘enviados a casa’ para evitar que desde sus puestos de trabajo tuvieran acceso a información relacionada con el caso.

Curiosamente, Acuamed ha puesto todo su empeño en que las que no vuelvan a sus cargos sean las dos ingenieras que fueron despedidas precisamente por denunciar las supuestas irregularidades investigadas por la Audiencia Nacional. De hecho, la empresa pública ha recurrido la sentencia de un juzgado de los Social que ordenaba la readmisión de una de ellas. Al frente del equipo jurídico de la sociedad estatal que dirige esta batalla jurídica se encuentra, precisamente, García Cuenca, el futuro “responsable de la auditoria.

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