Ahora Madrid concluye que Ana Botella vendió pisos VPO de manera ilegal

Los votos de Ahora Madrid y PSOE aprueban, pese a la abstención de Ciudadanos, el dictamen de la comisión de investigación que concluye que la EMVS vendió 1.860 pisos a fondos de inversión de manera ilegal.

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Ana Botella

La Comisión de investigación, que el Ayuntamiento de Madrid constituyó para esclarecer los hechos sobre la venta de pisos de protección oficial a fondos de inversión, ha aprobado el dictamen sobre la operación de venta de 1.860 pisos protegidos por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a dichos fondos. Con los votos a favor de Ahora Madrid y PSOE, el documento final concluye que la venta incumplió la legalidad y la función básica de la EMVS y no tiene justificación objetiva. Ciudadanos ha decidido abstenerse de la votación final por considerar que la comisión “ha sido un teatro”.

En la sesión celebrada hoy, en la que han participado los cuatro grupos municipales, se celebra en cumplimiento de un acuerdo de Pleno tras la decisión del juzgado de lo contencioso administrativo número 9 de Madrid.

El Ayuntamiento ha confirmado que se han iniciado acciones legales antes el Tribunal de Cuentas para exigir la devolución de 127,2 millones de euros a la exalcaldesa Ana Botella, al Consejero delegado Fermín Osle, la delegada de Gobierno en la Comunidad de Madrid Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González, Dolores Navarro y Pedro Corral.

El documento final también recomienda la adhesión al procedimiento penal existente contra ex directivos de la EMVS, la reprobación en Pleno y el estudio de una denuncia ante la Comisión Europea. Se recomienda además declarar de oficio la nulidad de pleno derecho del acto de venta de las 18 promociones de viviendas.

Según las conclusiones a las que ha llegado el informe de la comisión, la venta de esas viviendas impide el desarrollo de la finalidad básica de la empresa municipal y su fin social y que la venta solo se puede entender como una operación únicamente beneficiosa para la parte compradora. Además determina que la venta de los inmuebles no tenía justificación, que hubo una opacidad en las actuaciones por parte de la EMVS y que hubo incumplimiento de la legalidad básica: el proceso de venta contravino la legislación básica de aplicación en su preparación y adjudicación.

El quebranto económico y perjuicio patrimonial para la EMVS es, según las conclusiones de la investigación, superior a los 162 millones de euros ya que, el valor de los inmuebles enajenados superaría los 291,4 millones de euros, frente a los 128,5 millones pagados.

El Ayuntamiento también ha determinado que la actuación de la EMVS y el equipo de Gobierno de Ana Botella con los arrendatarios fue “con desprecio absoluto a los derechos y dignidad de los arrendatarios de las viviendas enajenadas, negándoles la condición de interesados en el procedimiento”.


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