Ahora van a por Canal Sur

Tres días después de las elecciones en Andalucía, sin saber aún quién presidirá el gobierno en esa comunidad, ni siquiera qué partidos políticos serán su sostén, el número dos del PP, Teodoro García Egea ha dicho estar dispuesto a estudiar la propuesta del presidente de Vox, Santiago Abascal, de cerrar Canal Sur: “Prefiero no tener Canal Sur y tener endoscopios en los hospitales de Almería”.

Ha obviado que ese cierre no es una decisión política cualquiera, ya que el organismo audiovisual andaluz está incluido en el Estatuto de Autonomía, lo que obligaría a un cambio estatutario, imposible sin un acuerdo mayoritario muy por encima de los escaños que ha obtenido la derecha en estas elecciones.

No se trata, sin embargo, de un brindis al sol, anunciado mientras se negocian posibles pactos. Existen desgraciados antecedentes que otorgan a estas declaraciones un carácter de amenaza contra los medios públicos de comunicación perpetrados por gobiernos del PP: en enero de 2013, José Antonio Sánchez, director general de Telemadrid, ejecutó un ERE que dejo en la calle a 861 trabajadores, prácticamente dos tercios de la plantilla, con el visto bueno del presidente madrileño, Ignacio González, el mismo que afirmó, meses después, que si la Justicia declaraba nulos esos despidos “cerraría la empresa”.

La amenaza no se consumó, ya que el fallo judicial declaró “improcedentes” los despidos, pero no acordó la nulidad, por lo que a partir de ese momento la televisión autonómica madrileña descendió hasta la irrelevancia, consagrada a ejercer como medio de propaganda del PP. Tan solo en el último año, y tras la llegada a la dirección de un grupo de profesionales comandado por José Pablo López, Telemadrid intenta, trabajosamente, volver a contar con el favor de unos espectadores que habían borrado a ese medio del mando de sus televisores.

Pero la  amenaza contra los medios públicos se materializaba otra vez meses después. En la madrugada del 29 de noviembre, los trabajadores de Canal Nou decidían mantener la emisión a pesar de que el cierre había sido decretado en la tarde anterior. Fueron horas de tensión y forcejeo que culminaron con el cierre definitivo de la radiotelevisión pública en la mañana del día siguiente. Canal Nou ya no existía, una eliminación que el presidente de la Generalidad Valenciana justificaba desde la sede de su Gobierno: “No seré yo quien cierre un colegio o un hospital para mantener RTVV, es la decisión más difícil que hemos adoptado hasta ahora, pero no nos queda otra”. De esta forma, Alberto Fabra insistía en que su prioridad era mantener “la sanidad, la educación y los servicios sociales”. Después se sabría que una parte importante de los alumnos daban clase en barracones improvisados, que el hospital de Alzira, cedido a la iniciativa privada, se declaraba en suspensión de pagos y que la radiotelevisión pública había sufragado con cuarenta millones de euros la Formula 1, o había participado en el derroche de dinero público que pasó a manos privadas con motivo de la visita del papa a València.

En víspera del cuarenta aniversario de la Constitución del 78, otro significado dirigente del Parido Popular, en este caso el citado García Egea, insiste en el manido argumento de confrontar el gasto en medios públicos de comunicación con la inversión en Sanidad. Ojalá no se se cierre el medio que tiene como obligación estar al servicio de todos los andaluces. Y ojalá que no nos enteremos dentro de unos meses o años que los endoscopios nunca llegaron a los hospitales de Almería, sino a los bolsillos privados de gentes que al ser llamados por la Justicia imiten, con la vergonzosa suficiencia de un antiguo correligionario: “Es el mercado, amigos”.


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