- El Ejecutivo descarta que los efectos de los impuestos “vayan a ser significativos respecto a las grandes cifras del sector” mientras las empresas avanzan que harán “todo lo que esté en su mano” para tumbarlos
- — El nuevo impuesto gravará con el 1,2% los ingresos de las energéticas y con el 4,8% las comisiones e intereses de los bancos
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión en el Congreso // Alberto Ortega – Europa Press
Banca y energía son dos de los principales sectores empresariales de España. Acumulan buena parte de los integrantes del Ibex 35 y algunas de estas compañías figuran entre las más grandes de sus respectivas actividades en Europa. Sus millonarios resultados de este ejercicio y el próximo se van a ver afectados por dos nuevos impuestos cuya letra pequeña se ha conocido este jueves. El Gobierno defiende que el impacto no será relevante, mientras que estas empresas enarbolan el argumento de la pérdida de competitividad y los efectos sobre la economía para combatirlos.
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Algunos directivos de estas compañías han avisado incluso de que utilizarán todo las armas jurídicas y legales para tumbar los impuestos. Es el caso de Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, quien en la presentación de resultados de la petrolera de este jueves defendió que la compañía hará “todo lo que esté en nuestra mano para evitar que cualquier medida arbitraria impacte en nuestra compañía”. Igualmente explícita fue María Dolores Dancausa, su homóloga en Bankinter. “Nos parece absolutamente injusto, valoraremos todas las opciones antes de tener que asumirlo. Si tenemos resquicios para no hacerlo porque nos asiste el Derecho, lo pelearemos”, aseguró.
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, en una fotografía de archivo // EFE/Carlos Pérez
PSOE y Unidas Podemos han registrado en el Congreso una proposición de ley que incluye estos dos impuestos avanzados hace semanas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate del estado de la nación. Estos tributos –temporales, pues se plantean para estar en vigor dos años– gravarán finalmente los ingresos de empresas energéticas y de bancos, pero no los beneficios extraordinarios como inicialmente expresó Sánchez. Si bien, el aumento de los márgenes de estos dos sectores por la crisis energética y las subidas de tipos de interés se mantiene como el argumento del Gobierno para implantarlos.
El impuesto gravará un 1,2% de los ingresos de las compañías eléctricas en España, expresados en sus cuentas como “importe neto de la cifra de negocios”. Quedan fuera de esta tasa aquellos que no tuvieran una facturación superior a los 1.000 millones de euros en 2019, año que se ha tomado de referencia para esquivar los datos extraordinarios provocados por la crisis sanitaria. Se mantiene el objetivo de recaudar 2.000 millones anuales.
En lo que respecta a la banca no se puede utilizar la misma magnitud, ya que la contabilidad de las entidades financieras es distinta. Por ello, el Gobierno ha optado por la vía del conocido como margen básico que es la suma del margen de intereses (los cobrados menos los pagados) y las comisiones netas (de nuevo, las que cobra el banco menos las que tiene que pagar). En este caso se aplica un tipo mayor, del 4,8% y se aplicará a las entidades que superasen los 800 millones en esta magnitud en 2019. La recaudación prevista es de 1.500 millones al año.
Batalla de argumentos
A partir de aquí, con el detalle del impuesto ya conocido, llega la batalla del relato entre el Gobierno y estos dos sectores económicos. Los grupos que componen la coalición han acompañado la proposición de ley, que ha podido ser consultada por este medio, de una larga argumentación sobre lo justificado de este impuesto. Por su parte, estos sectores dicen que estas medidas no están debidamente justificadas y aseguran que van a afectar a su negocio en España.
“Los beneficios empresariales en los sectores cuyos márgenes se ven más favorecidos por el aumento de los precios se están incrementando o existen claras perspectivas de que lo hagan”, señala la proposición de ley registrada en el Congreso y que debe ser aprobada antes de final de año. Los resultados de ambos sectores, que se están presentando estos días, muestran esa clara tendencia al alza que apuntan PSOE y Unidas Podemos tanto en términos de beneficio como en ingresos.
El documento registrado en sede parlamentaria justifica, en el caso de la banca, que en periodos del pasado con subidas de tipos se han registrado aumentos de márgenes. A ello añade que el pasado año obtuvieran más de 20.000 millones de euros de beneficio solo las cinco entidades que están en el Ibex 35 (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter) y que para este año los analistas previeran, incluso antes del anuncio de la subida de tipos, un beneficio mayor. Además, justifican que la previsión de recaudación equivale apenas al 0,06% de sus activos.
Por otro lado, diversas voces del Gobierno, entre ellos el propio Sánchez o la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, han recordado al sector otros dos hechos para justificar el impuesto. En primer lugar, el rescate bancario que se hizo en 2012 con dinero público. En segundo lugar, el efecto positivo que han tenido en sus balances medidas como los préstamos ICO que movieron financiación a las empresas otorgada por los bancos por 122.000 millones y que están asegurados en un 75% por avales del Estado, lo que dio una importante vía de negocio a los bancos con un nivel de riesgo muy limitado para sus propias cuentas.
Pese a ello, el sector se ha opuesto frontalmente a este impuesto desde el momento en que lo anunció el presidente del Gobierno. Lo han hecho banqueros como José Antonio Álvarez o César González Bueno, consejeros delegados de Santander y Sabadell, respectivamente, quienes han señalado en sus respectivas presentaciones de resultados que afectará a su actividad en España y a los “pequeños ahorradores” que tienen acciones de los bancos. Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, ha señalado este viernes que el impuesto es “una medida equivocada y errónea, además de injusta, distorsionadora y contraproducente”. Ha rechazado que se vaya a producir un aumento de los beneficios por la subida de tipos y ha argumentado que distorsiona la competencia, beneficiando a “los fondos buitre”.
Las patronales bancarias AEB y Ceca han cargado conjuntamente en un comunicado contra el tributo, defendiendo que “entorpecerá la recuperación económica y la creación de empleo”. “Una medida de este tipo afecta a las decisiones de crédito y riesgo de las entidades, y también a su capacidad competitiva en el mercado único europeo”, añade el argumentario del sector enviado a los medios. Estas patronales han defendido que ya cuentan con una carga tributaria “enormemente relevante”.
La proposición de ley presentada por los partidos del Gobierno contradice este argumento, que ya había sido avanzado por las patronales de la banca en las últimas semanas. Según se detalla en el texto, con datos de la Agencia Tributaria, los bancos tienen, efectivamente, un tipo general de Sociedades más alto que otros sectores, al 30% frente al 25%. Sin embargo, el tipo efectivo se sitúa en el 23%. “El gravamen del 4,8% le mantiene por debajo de ese tipo nominal del 30% y, por tanto, por debajo de varios países europeos”, apunta el texto. “No parece que vaya a tener un impacto significativo en relación con las grandes cifras del sector”, zanja la proposición sobre el impuesto a la banca.
La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, en una fotografía de archivo // EFE/Víctor Lerena
De los seis grandes bancos españoles, cuatro han presentado ya sus resultados y los otros dos lo hacen este viernes. El acumulado del beneficio de estas entidades se ha disparado, a falta de las cuentas pendientes de presentarse, un 35% frente a unos resultados que ya eran los más altos desde la crisis financiera. En lo que respecta al margen de intereses y comisiones sobre los que se calculará el impuesto, suma más de 7.000 millones hasta el momento, con un incremento del 5%. Se espera que en la banca el impacto de la subida de tipos de interés, anunciada la pasada semana, se note todavía de forma más destacada en los próximos trimestres. Además de estas seis grandes entidades (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankinter, Sabadell y Unicaja), otros grupos como Kutxabank e Ibercaja cumplirían con los parámetros fijados por la ley para este impuesto.
En el caso de las compañías energéticas, el Gobierno argumenta que, según la CNMV, “los cuatro grandes grupos del sector integrados en el Ibex 35 lograron 9.000 millones de beneficio” en 2021, que la “tasa de crecimiento del volumen de operaciones en el IVA en el primer trimestre del año se sitúa cerca del 70%” respecto al mismo periodo del año anterior y que los márgenes empresariales de este sector en España “se han recuperado vigorosamente tras la caída en 2020 y en el primer trimestre de 2022 se situaban en niveles prepandemia”, según precisaba un informe del Banco de España. Como prueba adicional, el Ejecutivo recurre a las predicciones de la Agencia Internacional de la Energía que calcula en 200.000 millones el beneficio para el sector en Europa.
Menos beneficio en España pero ingresos disparados
El impuesto ha tensionado a los comités directivos de las compañías eléctricas, especialmente al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que llegó a echar el muerto sobre otras compañías: “Hasta donde yo sé, las compañías energéticas que están aumentando sus beneficios en Europa son las gasistas y las petroleras, no las eléctricas integradas”.
Durante esta semana dos de las principales eléctricas y la mayor compañía petrolera española han presentado sus resultados correspondientes al primer semestre. Sorprendentemente, sus principales directivos han destacado la pobre marcha del negocio en España o que nuestro país supone una menor aportación para el negocio que el resto de las actividades en el extranjero.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en una fotografía de archivo // EFE/Esther Giménez
El presidente de Iberdrola anunció la “evolución positiva del ebitda salvo en España”, donde el beneficio habría caído un 26%, hasta los 822 millones, según los datos de la compañía. Por su parte, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, destacaba que “el escenario macro tanto económico como energético han proseguido su senda de deterioro” lo que justificaba que el beneficio neto ordinario de la eléctrica en el primer semestre disminuyera un 12% respecto al año anterior, hasta 734 millones.
Sin embargo, a partir del el detalle de las cuentas presentadas por ambas compañías en la CNMV se puede hacer otro análisis teniendo en cuenta que el nuevo impuesto es sobre los ingresos. De hecho, Endesa ha comunicado a la CNMV que el importe neto de la cifra de negocio en España ascendió a 12.983 millones de euros en el primer semestre de 2022, un 66% más que el semestre anterior. En el caso de Iberdrola, que no ha mandado el informe financiero intermedio correspondiente al primer semestre de este año, anuncia en su presentación de resultados que la cifra de ventas del negocio de producción de electricidad y clientes en España alcanzó los 9.404 millones, un 52,1% más que el primer semestre de 2021.
En el caso de Repsol, el énfasis durante la presentación de resultados ha estado en destacar que de su “beneficio neto ajustado de 3.177 millones de euros, con una relevante aportación del negocio internacional, aproximadamente un 56%, cuyo principal exponente es el área de Exploración y Producción, que desarrolla toda su actividad fuera de España” y añadir que han dedicado “150 millones a descuentos en carburantes para los clientes de las estaciones de servicio de la compañía en España, que en el segundo trimestre no obtuvieron beneficios”. Pero al igual que las compañías eléctricas, en el informe financiero intermedio del primer semestre de 2022 remitido a la CNMV, la compañía reporta como importe neto de la cifra de negocios en España 23.930 millones de euros, un 145% más que en el periodo anterior.
Todavía queda por presentar sus resultados otra de las grandes eléctricas, Naturgy, que tiene como fecha el 5 de agosto, pero para tener una idea de sus ingresos en España en el segundo semestre de 2021 informó de que su importe neto de la cifra de negocios fue de 11.428 millones de euros. El Gobierno tomará de referencia a las compañías energéticas que se encuentran en el listado de operadores principales de la CNMC. El impuesto podría afectar a otras empresas como Acciona Energía, EDP España o Cepsa.
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