Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) // El dictamen de la Comisión investigación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo ha sido clave para la sentencia contra Ana Botella y otros siete concejales.
Tres activistas en una protesta en la sede de la EMVS // Álvaro Minguito
Cuando el equipo de gobierno de Ahora Madrid presentó su plan para formar una comisión de auditoría del gasto y las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid, la nueva oposición, el Partido Popular, se echaba las manos a la cabeza. No pocas fueron las artimañas para intentar frenar las intenciones del nuevo gobierno de levantar las alfombras. Incluso se consiguió que aquella Comisión de investigación global se tuviera que deshacer “por no tener un cometido específico” (como si destapar años de despilfarro y corrupción no lo fueran), lo que obligó a Ahora Madrid a trocear dicha comisión en varias más específicas. Una de ellas fue la que estudió el caso que hoy lleva a Ana Botella y siete de sus concejales y cargos a pagar 25 millones de euros. Hoy, aunque muchos ya lo sospechábamos, confirmamos el motivo a tan férrea oposición.
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La Comisión de investigación sobre la operación de venta de 1.860 pisos protegidos por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) concluyó, en junio de este año, que la venta de esas viviendas impedía el desarrollo de la finalidad básica de la empresa municipal y su fin social, y que la venta solo se puede entender como una operación únicamente beneficiosa para la parte compradora. Además, aquel informe determinaba que la venta de los inmuebles no tenía justificación, que hubo opacidad en las actuaciones por parte de la EMVS y que hubo incumplimiento de la legalidad básica: el proceso de venta contravino la legislación básica de aplicación en su preparación y adjudicación. Hoy, el Tribunal de Cuentas, donde dicho informe fue remitido, da la razón a aquella auditoría realizada por el Ayuntamiento de Madrid.
La lideresa de la oposición, Esperanza Aguirre, su fiel vasallo, Percival Manglano, y el portavoz del grupo municipal, Iñigo Henríquez de Luna, fueron los principales críticos de las auditorías ciudadanas propuestas por quien en aquel entonces era concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato.
“Puro totalitarismo bolivariano que solo pretende tener entretenida a la gente como si fuera un circo”, fueron las palabras de Esperanza Aguirre para la propuesta de comisión de auditoría.
Hoy se confirman los miedos de Aguirre a que el equipo de Carmena levantara las alfombras y por qué se intentó ganar tiempo entorpeciendo aquella labor de auditoría con críticas tan burdas y ya tan usadas como el “queréis ser como Venezuela”.
Al final también ha resultado que no, la auditoría ciudadana no era “una panda de amiguetes de Carlos Sánchez Mato”, como declaró el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cuando en octubre de 2017 la Concejalía de Economía y Hacienda, con Sánchez Mato a la cabeza, otorgaba varios contratos para realizar estas auditorías. También se echaban las manos a la cabeza por la cuantía de aquellos contratos, 421.500, y el supuesto “agujero” que iba a suponer a un ayuntamiento que tiene un presupuesto de unos 4.300 millones de euros. Los 25 millones de euros que Botella y su equipo tendrán que pagar dan para cubrir unos 60 de esos agujeros. No creo que el Partido Popular se pronuncie y alabe esa gestión económica. A ellos solo les importan los agujeros de sus bolsillos; y esta sentencia les va a producir uno bueno, en sus bolsillos y en la poca credibilidad que les queda en la ciudad de Madrid.
“¿Qué es eso de una auditoria ciudadana? ¿Un tribunal político para criminalizar la gestión del anterior equipo municipal?”, se preguntaba a finales de agosto de 2015 el portavoz adjunto del Grupo municipal del PP de Madrid, Iñigo Henríquez de Luna, que también dedicó lindezas a la auditoría propuesta por el Gobierno de Carmena, calificandola de “tomadura de pelo a los ciudadanos”.
Según Henríquez, la auditoría ciudadana de deuda y políticas públicas era “un tribunal popular, que recuerda otros tiempos y otros regímenes totalitarios que no se corresponden con un Estado democrático como el español”. Supongo que al portavoz del PP la venta de pisos de protección oficial a un fondo buitre por un valor cinco veces menor le debe de parecer muy democrático y nada totalitario. Por suerte, el Tribunal de Cuentas no piensa lo mismo y ha sido quien se ha encargado de “criminalizar” lo que la auditoría ciudadana demostró.
No, tampoco era un teatro
Los paladines de la transparencia, de la anticorrupción, de la buena gestión de dinero público, mostraron, una vez más, que no son más que una muleta de la corrupción del Partido Popular. El día que tocaba votar la aprobación del informe de la Comisión de investigación de la venta de las viviendas por parte de la EMVS, que salió adelante con los votos de Ahora Madrid y PSOE, Ciudadanos se abstuvo porque consideraban que dicha comisión “había sido un teatro”.
Me pregunto si Begoña Villacís creerá que la sentencia del Tribunal de Cuentas es un teatro y que si destapar que unas viviendas se vendieran por un valor cinco veces menor a su precio de mercado es un buen uso del dinero público.
La misma Villacís calificó dichas auditorías como “mal gestionadas”, “despropósito hecho por Carlos Sánchez Mato y personas afines a sus teorías económicas”, “ausente de transparencia”, y que “en vez de documentación solo tienen una serie de actas en las que se valora el impacto social, de género y medioambiental de las medidas”.
Aunque, en mi opinión, la mejor de todas las declaraciones de Villacís sobre la auditoría fue la realizada en una entrevista al medio Libremercado en la que opinaba que “el Ayuntamiento de Madrid está transmitiendo inseguridad a los inversores”.
Me gusta porque tiene toda la razón. La auditoría con participación ciudadana transmite inseguridad a inversores como Blackstone y otros fondos buitre que confían en que gobiernos corruptos les hagan la cama en sus pelotazos especulativos y puedan ganar millones a costa de las arcas públicas y el sufrimiento de las familias que, como las de las viviendas vendidas por Aguirre de manera ilegal, se ven acosadas por sus nuevos caseros.
Y quiero terminar recordando otra frase de Aguirre: “¿Que no les gusta que se haya soterrado la M30 y en asamblea van a determinar que no es legal?, pues que lo lleven a los tribunales”. Espero que Carmena y el actual concejal de Economía y Hacienda hagan caso a Aguirre e, impulsados por esta sentencia del Tribunal de Cuentas, desempolven el informe de auditoría de la M30 y en los próximos meses podamos leer titulares como los de hoy y que todo el mundo pueda descubrir, como lo han hecho Ana Botella y Ciudadanos, que las auditorías con participación ciudadana sí que sirven, y mucho.
