La abogada Anaïs Franquesa, una de las promotoras y miembro del colectivo Iridia, explica las barreras con las que se encuentran las víctimas de maltrato policial
BARCELONA//La legislatura que se cierra ha sido una de las más intensas de la actual etapa democrática desde el punto de vista de la movilización, ante la que el Estado ha respondido con duras actuaciones policiales. Tras estos años de experiencia, con la intención dar una respuesta integral a las víctimas de los abusos de los cuerpos de seguridad, ha nacido el colectivo Iridia, formado por abogados, pero también psicólogos y sociólogos, que aspiran a tratar el problema de manera integral, no sólo legal. En enero pondrán en marcha su Servicio de Atención y Denuncia ante Situaciones de Violencia Institucional (SAIDAVI). Una de sus promotoras, la abogada Anaïs Franquesa, explica a La Marea las dificultades y barreras con las que se encuentran las víctimas de este tipo de maltrato y señala la regresión democrática que ha vivido el país bajo el Gobierno de Rajoy.
¿De dónde surge la necesidad de formar Iridia?
Llegamos a la conclusión de que había que acabar con el hecho de que la carga de una situación de maltrato recayese en la víctima y que fuera ella la que tuviera que buscar la salida. También recae de forma muy fuerte sobre los profesionales. Hay que repartir el trabajo desde el punto de vista legal pero también psicosocial y comunicativo, dar una respuesta coordinada e interdisciplinar.
¿Hasta qué punto es importante el plano comunicativo?
Tenemos que tratarlo al mismo nivel, aunque la persona se pone en el centro siempre. Puede interesar darle cobertura mediática pero sólo lo haremos si la persona quiere. A veces sucedían cosas que no mediatizábamos porque no dábamos a basto. Y con la perspectiva psicosocial ocurre lo mismo, queríamos que estuviese presente desde el minuto cero, que la persona cuando llegue encuentre al abogado y a la psicóloga, como un equipo. No se estaba haciendo y era muy duro para la víctima pero también para los profesionales. A veces ésta sólo necesita explicar qué le ha pasado, otras asesoramiento, y otras se le da una atención psicológica especializada, dejando en segundo plano el tema legal.
¿En qué situación suelen llegar las víctimas de maltrato institucional a colectivos como el suyo?
Depende, hay muchos factores. Como la situación vivida, las hay más y menos graves, pero también la propia persona y sus mecanismos. Con el 15-M mucha gente que no había estado antes movilizada de repente fue a manifestaciones masivas y no se podía imaginar que en una democracia, entre comillas, sucedieran determinadas cosas. De repente viven maltrato policial grave o ven a un familiar que lo padece y viven una situación que se sale de lo que debería ser. Se les puede romper su propio mundo y entonces les puede afectar mucho más. Durante el desalojo [de la Plaça Catalunya] del 27 de mayo de 2011 se dieron muchas situaciones de este tipo. Había gente en shock. Había otras, en cambio, sabían que este tipo de actuaciones vienen sucediendo desde hace tiempo.
¿Qué papel juega la impunidad policial en este sentido?
Es fundamental, porque para la persona es retraumatizadora. Abres un proceso judicial esperando que habrá una reparación y ese es el primer error. Muchas veces como profesionales lo queremos transmitir. La reparación no viene del proceso legal. Ante estas situaciones se produce una respuesta institucional muy bien calculada. Primero, nos va a costar muchísimo identificar al presunto autor. Una vez lo tengas identificado, si es que lo consigues, ya que en la mayoría de los casos no lo haces, te vas a encontrar con que falta credibilidad. Tienes que demostrar cada momento que algo ha ocurrido efectivamente así y se activan todas las garantías, todas las que no se activan del otro lado, cuando es a ti a quien están acusando y sabes que acabarás yendo a juicio. El ministerio fiscal pocas veces está presente en este tipo de casos haciendo acusaciones y cuando lo está es ya al final, cuando se ha hecho todo un trabajo por parte de la persona afectada. También te vas a encontrar con archivos, ya que los jueces cuando no ven indicios claro archivan el caso. Parece que nunca es suficiente.
Se encuentran por tanto con un alto grado de impunidad.
Mucha. De todos los casos que hay, los que se denuncian son en torno a un 10% y llegan a juicio un 1%. Son procesos largos.
Uno de los casos que mejor ha ido es el de Esther Quintana. ¿Consiguió una reparación suficiente?
Seguramente nunca será suficiente después de sufrir un cambio tan radical en tu vida, como puede ser la pérdida de un ojo. En el caso de Esther Quintana, para conseguir que esté donde esté, ha habido muchos factores.
Hubo una presión mediática muy fuerte.
Claro. Por supuesto, tuvo una gran defensa técnica, Laia Serra es muy buena abogada, pero además ha habido todo un proceso de acompañamiento, de presión, mucha gente muy implicada buscando información, vídeos, una intensa movilización alrededor. Fue punta de lanza también, porque cuando pasó lo de Esther hacía años que se había creado ya [el colectivo] Stop Balas de Goma, que venía haciendo mucho trabajo en este sentido. Otras dos personas perdieron un ojo en la huelga de marzo de 2012, unos meses antes. ¿De ellos no se ha hablado? No, quizás porque no corresponden al perfil.
¿Es posible que se deba a que no hay fuerza suficiente como para mantener la intensidad del apoyo en todos los casos?
No, más bien puede depender de la persona. Si ésta dice que no se quiere exponer ante una cámara, eso lógicamente hay que respetarlo. Cada persona tiene que ser dueña de su propio proceso. Parece evidente pero no lo es. Muchas veces como profesional piensas que deberías ir más allá o por una vía determinada, pero la persona te dice que no quiere seguir. Quizá no quiere verse sometida a lo que significa un juicio. Si es por convicción, bien. Si es por miedo, eso hay que trabajarlo también. Hay mucho miedo, no sólo de la persona, también del entorno.
Otro caso paradigmático en Cataluña es el del 4-F. ¿Cómo valora su desarrollo?
Bueno, de hecho Mariana Huidobro, la madre de uno de los afectados, Rodrigo Lanza, forma parte también de Iridia. Es el caso claro de la impunidad. Es difícil encontrar otro donde hayan pasado tantas cosas en el mismo proceso. Hubo un caso de torturas graves que se archivó, durante el procedimiento se ocultaron pruebas, ha habido toda una cadena de despropósitos, toda prueba que se solicitaba se denegaba, la sección de la audiencia que tocó era especialmente dura. Sí es cierto que con el documental de Ciutat Morta hubo un trabajo importante. El plano mediático tiene impacto. Hay que saber utilizar estas herramientas de manera integrada.
¿Qué le valdría a estas familias para considerar que se las ha reparado correctamente?
Eso no lo puedo contestar, porque tienen que ser las propias afectadas las que lo digan. Sí es verdad que, si lo miras a lo macro, aquí no ha habido procesos de reparación de nuestro pasado. Normalmente lo que se reivindica es verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Un reconocimiento de lo que ha sucedido.
¿Cuál es su valoración de estos cuatro años de Mariano Rajoy en el poder desde el punto de vista represivo?
Han sido años de una convulsión política impresionante y ha habido un punto de inflexión grave en el plano represivo. La situación en la que nos encontramos a nivel legislativo es muy preocupante. La respuesta al ciclo movilizador no ha sido ver lo que está sucediendo e intentar dar respuesta, sino todo lo contrario, acabar con la protesta con reformas legislativas y la actuación policial. Aquí en Cataluña un punto de inflexión es la huelga del 29 de marzo de 2012, cuando se detuvo a más de cien personas durante el mes y medio posterior. Seis fueron a prisión preventiva. Era la primera vez que se pedía prisión preventiva por atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Ahí Convergència ya pidió que se cambiase el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana. Fue en ese momento cuando se anunció. El PP acogió la idea y ahí se inició todo el proceso. Por eso tenemos la Ley de Seguridad que tenemos, la Ley Mordaza, y el Código Penal que tenemos. Y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El PP lo ha cambiado todo, ha cambiado absolutamente el paradigma. Nos encontramos con unas penas muchísimo más elevadas, hechos que no eran delito y ahora sí, hechos que no eran infracción y ahora sí, restricciones a la libertad de información.
Hoy en día el 15-M no podría darse de la misma manera tras estos cambios legales.
Claro, sin embargo creo que es más necesario que nunca que estas cosas se sigan haciendo porque aunque la situación sea muy grave la respuesta no tiene que ser quedarse en casa. Al revés. El ciclo movilizador ha disminuido porque hay mucha gente trabajando en el plano institucional. Veremos qué pasa en los movimientos sociales. Por supuesto es imprescindible que sigan ejerciendo su función. Si de repente se prevé como infracción detener un desahucio es porque la plataforma de afectados por la hipoteca, igual que el 15-M, ha modificado ya el consenso social. Precisamente por eso. Lo que no tenemos que hacer es dejar de parar desahucios, al revés.
Lo que ocurre es que parece que en estos momentos hay que ser casi un héroe para protestar, o al menos jugarse multas muy elevadas.
Sí, pero también es verdad que si al final no tienes nada, tampoco hay nada que perder. En este sentido, ya se activarán los mecanismos que se tengan que activar y ahí vamos a estar para hacer frente a esto. Ya estamos encontrando las maneras. La inteligencia colectiva siempre ha ido más allá de la ley. Y si hay que desobedecerla se desobecece. ¿Las consecuencias? Sí, es verdad que la represión económica es más solitaria, porque es la persona con su multa y no es tan espectacular como una detención. Me vienen y les pregunto, ¿qué deuda tienes? Y me dicen que no la van a poder pagar. ¿Entonces qué más te da? Vamos a dar respuesta, ya se recogerá el dinero, vamos a recurrirla hasta llegar a Estrasburgo.
No ha llegado aún ninguna gran sanción hasta Estrasburgo.
Es que no va a poder ser. Hemos utilizado ya el tema de la libertad de información y hemos llevado la Ley Mordaza al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo que hemos hecho ha sido utilizar la vía de la víctima potencial, que es buscar un colectivo específico que se pueda ver perjudicado de forma directa por esta ley y al que se le impida el ejercicio de un derecho fundamental. El colectivo de periodistas es uno de ellos, porque o se autocensuran o tienen el riesgo de ser sancionados, por lo que se está impidiendo el derecho a la libertad de información y de prensa. Es una vía. Pero las multas que lleguen las vamos a recurrir. La respuesta no tiene que ser quedarse en casa y desmovilizarse.
¿Qué medidas urgentes debería emprender un nuevo gobierno para dar un paso importante hacia el fin de una represión tan dura?
Derogar la Ley Mordaza y una revisión del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es muy grave lo que ha sucedido porque lo que se ha hecho directamente es el derecho penal del enemigo y del amigo. Se endurecen las penas y se quitan garantías en todo lo que tenga que ver con la persona disidente, que protesta y con el pobre. En cambio, el derecho penal del amigo queda muy claro. Acortan las instrucciones judiciales, es decir, el periodo de instrucción de una causa, a seis meses y como máximo a 18. Esto quiere decir que todo lo que son Gürtels, Bárcenas, Pujols… es imposible de investigar, porque no se investiga un robo, sino un entramado financiero, donde es complicadísimo ir tirando de la manta. Tienen todo un sistema legal de defensores recurriendo todas las cosas. Es imposible en 18 meses. Con lo cual consigues que muchos casos de corrupción se tengan que archivar. Esto es intolerable.
Habría que deshacer prácticamente todos los cambios legislativos que ha hecho el PP
Sí, y va a costar mucho. Deshacer y luego pensar las políticas de seguridad desde otra perspectiva.
¿Ahí les toca quizá actuar como punta de lanza a Ada Colau y Manuela Carmena con la policía local?
Es una pregunta espinosa. Sí que es verdad que ha habido actuaciones claramente polémicas y probablemente desacertadas, pero también se tiene que reconocer que se está intentando al menos establecer puentes de diálogo con los actores. Y somos conscientes además de que en Barcelona se está utilizando el fenómeno del top manta para desgastar al Ayuntamiento por parte de determinados medios de comunicación.
