Directora de litigios del Centro Iridia para la defensa de los Derechos Humanos, Anaïs Franquesa habla los procesos iniciados tras los sucesos del 1-0 así como de la politización de la justicia.
Anaïs Franquesa, directora de litigios del Centro Iridia para la defensa de los Derechos Humanos // Sato Díaz
Anaïs Franquesa (Villafranca del Penedès, 1983) es directora de litigios del Centro Iridia para la defensa de los Derechos Humanos, una organización especializada en combatir la violencia institucional en protestas, en CIE y en el espacio público.
En el marco del 1-O, junto a otras entidades, organizaron la campaña Som Defensores, una red de juristas y observadores de derechos humanos que monitorearon todo lo que sucedía desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas en la jornada del referéndum.
Después de la brutalidad policial desplegada durante aquel día, el Ayuntamiento de Barcelona apostó por crear un mecanismo de respuesta integral a las víctimas e Iridia participó en la creación de un servicio de atención a las víctimas. Un servicio que atendió a más de 300 personas. Además, Iridia representa a ocho víctimas de la violencia policial del 1-O en la causa abierta contra los agentes implicados.
Se han iniciado las identificaciones a los policías que presuntamente agredieron a la gente que defendía los colegios electorales o iban a votar. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Es posible y realista que un policía sea inculpado por lo sucedido el 1-O?
Que se condene a policías es posible. La mayoría de casos son lesiones por delitos leves, es decir, aquellos que no necesitan tratamiento médico. Lo que ha hecho el juez es, para evitar un goteo de gente, citar a todas las personas de las que ha recibido parte médico para que decidan si quieren denunciar y las vea el médico forense. El siguiente paso es ver todas las imágenes, el juez ha recopilado todas las imágenes posibles y las ha pasado a los Mossos que han hecho un vídeo en el que las personas se podrán reconocer. Después será el momento de la identificación a los agentes, eso puede enjuiciarse por colegios electorales en distintos juicios.
Puede pasar también que, aunque las lesiones sean de delito leve, lo hechos no. Eso se ve por ejemplo en el colegio de Pau Clarís, donde se ve a los policías tirando por las escaleras a una mujer, le tiran de los pelos. Hay dos agentes en concreto que supuestamente no sólo atacan la integridad física de la persona, sino también la integridad moral.
Ahora tenemos el listado de todos los agentes que participaron en cada colegio electoral, eso facilita mucho la labor, tenemos que identificar a cada agente concreto y qué hace. Más allá, veremos si hay responsabilidad también de los mandos. Veremos si los mandos en terreno no evitaron la actuación violenta de determinados agentes o en qué casos la ordenaron, hemos pedido que se les impute. También cargos superiores que pudieron tener poder en las decisiones de esas actuaciones policiales, para ello tendremos que acceder a las comunicaciones. Se irá subiendo en la cadena de mandos y ver cuáles fueron las órdenes concretas de cada mando.
Posibilidades de que terminen inculpados hay muchas. A pesar de que a través de la ley mordaza pretendían generar el miedo a grabar las actuaciones policiales, la gente lo sigue haciendo. Eso es fundamental, las imágenes grabadas son las pruebas esenciales que nos permiten saber el agente concreto que hace una acción concreta. El siguiente paso será que esos agentes fueran investigados y se les llame a declarar.
En el informe presentado por De los Cobos, el director del Gabinete de coordinación y estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, al Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, habla de que hubo violencia por parte de los manifestantes. ¿Cómo valora este informe?
Si valoramos cómo se organizó el dispositivo, se entiende este informe. Para justificar la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil se basan en una inacción de los Mossos d’Esquadra, lo cual se podría cuestionar, ya que los Mossos requisaron más urnas que la Guardia Civil y la Policía Nacional, se hablaba de 400 intervenciones de los Mossos y de las otras fuerzas, unas 90.
Por otro lado, la respuesta del Estado ante la actuación es desproporcionada, unas actuaciones con centenares de agentes en las que se repiten unos patrones muy concretos, en las que después de ver los vídeos no hemos encontrado ni una sola provocación a los policías, no hemos visto lanzamientos de botellas, vemos a gente sentada o de pie, en silencio o gritando “somos gente de paz” o “queremos votar”. En muchos casos vemos empujones de los policías para abrirse paso sin provocaciones previas. Pérez de los Cobos no habla de violencia generalizada, habla de violencia en algún punto, pero se refiere más a resistencia pasiva y que frente a ello utilizaron la fuerza mínima imprescindible, que obviamente no es lo que pasó.
Es intolerable el informe porque viene todo de una situación intolerable. En vez de neutralizar este tipo de actuaciones de los policías, lo que hace es avalarla.
También hemos visto estos días cómo profesores han tenido que declarar por supuestos delitos de odio contra hijos de guardias civiles. Los profesores alegan que debatieron en clase sobre el 1-O a petición de los alumnos… ¿Estamos viendo una reinterpretación también del delito de odio? ¿En qué medida?
Sí, y es muy grave. Los fundamentos de los delitos de odio se enmarcan en la libertad de expresión. Lo que se protege es que cualquier persona pueda opinar sus opiniones con libertad aunque esa opinión pueda ser molesta, sarcástica o de mal gusto. Se entiende que eso forma parte de cualquier sociedad plural y democrática. En esa protección de la libertad de expresión se introdujo el delito de odio para aquellas opiniones y expresiones que fomentan el odio contra determinados colectivos que por sus características deben estar protegidos, colectivos que por tema racial, étnico, sexual, de género… se las estigmatiza.
Además, no se considera característica protegida ni ser funcionario público ni ser agente de policía, eso está especificado en la ley, el delito de odio no es aplicable ahí. Se protege la ideología, no el cargo, y se presupone que los cuerpos policiales no deben tener ideología.
Lo que sucede es que se da la perversión que aquellos delitos que están previstos para proteger a los vulnerables acaban siendo utilizados contra discursos de crítica al Estado. Se están reinterpretando los delitos de odio, se lanza un mensaje muy claro de que no sólo se persigue la libertad de expresión, lo estamos viendo en condenas por opiniones en las redes, si no que quieren limitar el debate político que debe darse en la escuela también.
Una función de la escuela debe ser el fomentar el debate, el formar personas críticas. Si hubo alguna extralimitación por parte de algún profesor contra algún alumno por el hecho de que su padre sea Guardia Civil, hay maneras para remediar estos hechos puntuales sin la necesidad de tener que apelar al Código Penal.
Esta semana declaraban ante el Tribunal Supremo Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Anteriormente lo hizo Oriol Junqueras. ¿Son, para usted, presos políticos?
Sí, lo son. Lo hemos visto en los últimos meses en los procedimientos que se han abierto contra Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament.
El ejemplo claro es que Fiscalía sólo actuó contra los miembros de la Mesa que eran independentistas, dejando a Joan Josep Nuet fuera. Era el mismo acto, permitir un debate en el Parlament, pero distinta actuación ante las distintas personas por el elemento diferenciador de que unos eran independentistas y otros no. Eso se corrigió porque el propio Nuet dijo que él había hecho lo mismo que sus compañeros. Se persigue a las personas no por lo que hacen, sino por su ideología y eso enmarca todo lo demás.
En el caso concreto de los consellers, para el delito de rebelión se exige violencia. Y aquí es donde vemos la perversión de todo, la violencia del 1-O, que fue la de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se está utilizando para justificar el delito de rebelión.
Eso no vale, tú me has obligado a utilizar violencia por lo que tú eres responsable de la violencia. Es muy grave, se está abriendo la puerta a perseguir cualquier tipo de movilización masiva como rebelión, se podrá reinterpretar que una movilización será violencia suficiente para poder acusar de delito de rebelión o sedición. Hoy son los independentistas, mañana será otra gente.
Para que existan estos delitos, es necesario que haya habido violencia, en el caso de los ‘jordis’, por ejemplo la violencia está en que se subieron en un coche de la Guardia Civil… Ahí se da la paradoja de que Sánchez y Cuixart se suben a los coches de la Guardia Civil pidiéndoles permiso a los propios agentes, para desconvocar la manifestación. Los agentes no abren ningún atestado, no consideran que ese hecho sea delictivo porque no lo es, y si lo fuera sería un delito de daños, ya está.
Se utiliza ese detalle de los coches para extrapolarlo como si fuera una violencia extrema. Para el delito de sedición que se les acusa tiene que haber un alzamiento tumultuario de la población, allí no hubo un alzamiento tumultuario.
Si consideramos alzamiento tumultuario al hecho de que miles de personas se concentren frente a un edificio para protestar, cualquier movilización frente a un edificio oficial se puede perseguir como delito de sedición.
No vale, el Código Penal se tiene que interpretar en sus propios términos.
Si se considera que se rompió un coche, será un delito de daños. Como mucho se puede considerar un delito de atentado contra la autoridad por subirse al coche. Nunca delito de sedición.
¿Cómo puede afectar, si finalmente la postura de la futura sentencia del Tribunal Supremo sigue la misma línea de los que hemos conocido hasta ahora, en el futuro de la movilización social en el Estado español?
Puede afectar mucho. En los últimos años la represión ha ido subiendo poco a poco. Eso lo vimos, por ejemplo, en la huelga general del 2012 cuando se empezó a pedir prisión provisional contra activistas, nunca antes se había pedido. Nos vamos acostumbrando a que cada vez la respuesta represiva sea mayor. Los movimientos sociales lo sabemos desde hace muchos años.
Nadie podía imaginarse que se llegara a utilizar los delitos de sedición y rebelión. Eso afecta a cualquier conflicto político y a los movimientos sociales de todo el Estado.
Se incluyen las manifestaciones de los 11 de septiembre como motivos para las causas por rebelión. Han sido ejemplos internacionales de movilizaciones pacíficas y masivas…
Ahí viene la construcción de esa supuesta organización. La tesis es: la finalidad es la independencia y todos los actos encaminados a conseguir eso son parte del delito de rebelión.
Recordemos que querer la independencia no es delito, es legítimo.
En el delito de rebelión tiene que haber un alzamiento violento para conseguir unos fines concretos, uno de esos fines, es verdad, es declarar la independencia de una parte del Estado, pero falta que hubiera un alzamiento violento.
Desde esta lectura que están haciendo, cualquiera que formara parte de esa organización para conseguir la independencia es susceptible de ser acusado del delito. Por eso vemos que se va ampliando el número de personas de la causa. Está el brazo político, los miembros del Govern y del Parlament, y por otro lado los líderes de las entidades sociales independentistas. Claro, en las manifestaciones de los 11 de septiembres se pedía la independencia y ahora quieren meterlo en esta organización. Es gravísimo, porque vemos que en este país hay dos millones, al menos, de personas que quieren ser independientes y otra mucha gente que quiere votar.
No se puede solucionar este conflicto político culpabilizando a estas personas a través del Código Penal.
Con todo lo que estamos viendo en Catalunya, ¿encuentra paralelismos con cómo se ejecuta la represión a la movilización social y la protesta en el ámbito internacional, en otros países?
Hay muchos estudios comparativos de cómo actúan los estados ante lo que consideran amenazas por parte de los movimientos sociales, en la lucha por los derechos. Lo que vemos es que hay determinados patrones y herramientas que se usan desde el poder público para reprimir a los movimientos sociales: el encarcelamiento de líderes, el uso de la violencia desproporcionada, la estigmatización de determinados colectivos y persecución de determinados discursos… Eso se está dando en Catalunya.
Hay diferencias, por supuesto, entre las llamadas democracias y estados totalitarios, hay grados en el uso de la violencia, pero hay patrones comunes.
También vemos patrones comunes de cómo se intenta hacer frente a eso, que es lo interesante.
Los medios de comunicación, el relato que están contando de todo el conflicto catalán, están jugando un papel importante… ¿Cómo lo valora?
Los medios de comunicación, los mass media, porque también hay medios más críticos y rigurosos, obviamente responden a determinados intereses y eso siempre ha sido así.
Considero muy grave que se oculte información, que en TVE1 no se pasara ninguna de las cargas que estaban sucediendo el 1-O es muy grave. Se estaba retransmitiendo en directo en medios internacionales y no en la televisión pública estatal, de hecho, los propios profesionales del medio sacaron un informe denunciando este hecho.
Los mass media están generando polarización social y manipulación, eso es lo que está sucediendo en este conflicto.
Se percibe un amplio nivel de apoyo en la sociedad española a la respuesta con dureza al conflicto catalán. La subida en las encuestas de Ciudadanos puede ser un ejemplo de ello. Los medios de comunicación mayoritarios, como decíamos, han podido ayudar con sus relatos a esta situación. ¿Qué percibe de compañeros suyos, de juristas del resto del Estado? ¿Las posiciones sobre todo lo que está ocurriendo también están tan enconadas?
Creo que del resto del Estado hay bastantes juristas importantes que se han pronunciado alertando de que el uso del Código Penal que se está haciendo es desproporcionado.
Juristas de la talla de Martín Pallín, José María Mena, Enrique Santiago, Pérez Royo… Cualquier jurista que tiene los principios del derecho penal claros no puede sostener las tesis de la Fiscalía. Me sorprende la lectura que se está haciendo en el Supremo y me preocupa mucho.
En lo relativo a alianzas con juristas del resto del Estado, Iridia tiene muchas alianzas, los compañeros de Red Jurídica en Madrid, la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía… Seguimos trabajando conjuntamente y no ha afectado para nada este conflicto.
Lo que sí que es verdad es que hay que fortalecer esos vínculos. Igual por los medios de comunicación y porque desde Catalunya no nos habremos explicado todo lo bien que necesitamos, cuesta mucho que se entienda allí lo que está pasando aquí. También existe un nacionalismo español que cuesta mucho de reconocer.
Es bastante indignante que el partido que gobierna sea considerado organización criminal por parte de los tribunales porque el PP ha creado una estructura para robar dinero. Hay muchos casos de corrupción que se tapan con la bandera española.
Deberíamos reflexionar mucho y ver qué es lo que está pasando.
Desde el Centre Iridia, como integrante de la plataforma ‘Defender a quien defiende’, publicaron un informe en el que estudiaban la desprotección de manifestantes en el ciclo de movilizaciones desde el año 2011 al 2015. ¿Qué resaltaría de aquel periodo movilizador y de su represión? ¿Qué semejanzas y diferencias principales encuentra con el proceso independentista?
Desde el 2011, con la crisis económica, crecen las movilizaciones. Por supuesto, el 15M es el paradigma de ello y todo el ciclo movilizador que se abre en ese momento. Eso genera un aumento de la represión en todo el Estado y en Catalunya también. Aquí gobernaba CIU y la conselleria de Interior dependía de Felip Puig. Fue una de las épocas más duras a nivel represivo en Catalunya en democracia, y ya había habido épocas duras con Saura como conseller de Interior que reprimió el movimiento estudiantil contra el Plan Bolonia.
Fue CIU quien pidió la reforma del Código Penal, finalmente en 2015 se reformó el Código Penal y se aprobó la ley mordaza, propuestas de CIU.
En ese periodo se generaliza la criminalización de los movimientos sociales, el uso de medidas represivas, prisiones preventivas, medidas cautelares como la prohibición de acudir a manifestaciones…
El desalojo de la Plaza de Catalunya del 27 de mayo del 2011 fue un golpe muy duro para la sociedad catalana, no tanto como el 1-O, pero también, y en aquel caso se retransmitió en directo en Antena 3. Eso hizo que se viera que los cuerpos policiales actuaban con violencia y desproporción, y llevábamos mucho tiempo diciéndolo y nos costaba que cuajara este mensaje en la sociedad. El caso de Esther Quintana que perdió un ojo. Todo eso generó un debate sobre el uso de la violencia y el papel de los cuerpos policiales, fue un debate positivo. Se consiguió, por ejemplo, que se prohibieran el uso de las pelotas de goma como material antidisturbio.
