Así hemos regalado 18.000 millones de euros a las eléctricas en la factura de la luz

El Precio de la electricidad // Una investigación de la organización ecologista Greenpeace denuncia que en los últimos 20 años el Estado ha subvencionado a la centrales eléctricas, una energía sucia y contaminante, con una media de 800 millones de euros anuales. Un sobrecoste para las arcas públicas que el consumidor ha terminado pagando en su recibo doméstico.

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Un cuadro eléctrico en unas oficinas en Madrid // REUTERS/Sergio Perez

Los consumidores españoles pagan una de las tarifas eléctricas más caras de Europa. La escalada de los precios en el mercado mayorista en este inicio de septiembre, marcando máximos anuales —este pasado miércoles se superaron los 75 euros por megavatio a la hora—, ha encarecido la factura un 12% más con respecto a hace un año. De media, un consumidor español paga casi nueve euros más al mes en su recibo doméstico que 365 días antes.

En pleno debate sobre la mejora de los mecanismos de formación y de determinación del precio de la factura eléctrica, Greenpeace ha publicado este jueves un ilustrativo informe titulado Ayudas opacas a las energías sucias en tu factura que ayuda a entender por qué en España la luz es más cara que en otros países europeos.

Greenpeace relata, después de una investigación de varios meses, que en España el precio de la factura eléctrica viene determinado sólo en un 40% por el consumo del usuario y en un 60% por los llamados costes regulados —sólo los precios de la subasta eléctrica diaria, por ejemplo, suponen un 35% del recibo final—, entre los cuales hay que incluir los 800 millones anuales con los que el Estado subvenciona actualmente a las centrales eléctricas, una energía sucia y altamente contaminante.

De hecho, la organización ecologista denuncia que en los últimos 20 años, desde 1998, el Estado español ha subvencionado con 18.000 millones de euros a las empresas que mantienen centrales eléctricas. Unas ayudas a una «energía sucia» que, además de contribuir a dañar el medio ambiente, pagan en forma de sobrecoste los ciudadanos a través de la factura eléctrica. Greenpeace añade que España es el país de Europa que más subvenciona a las centrales con energías sucias para mantenerlas aunque no generen electricidad.

Estas subvenciones se denominan «Pagos por capacidad» y empezaron a funcionar a finales de los años 90 —aunque con otro nombre—, cuando gobernaba José María Aznar. Envalentonadas por las altas expectativas de consumo, las compañías eléctricas se lanzaron a construir centrales de forma masiva bajo el padrinazgo del propio Gobierno de Aznar. Pero, como  explica Greenpeace en su informe, «no se cumplieron las previsiones y la burbuja eléctrica explotó. La crisis económica precipitó el descenso de la demanda, cuyas previsiones de crecimiento ya estaban infladas».

Pese a ello, estas ayudas han sido permanentes en los últimos años y todavía a día de hoy se siguen concediendo independientemente de que las centrales generen o no electricidad, asegura Greenpeace.

En su informe, los ecologistas detallan los tipos de ayudas que existen y el sobrecoste que han supuesto a las arcas del Estado. Hubo una primera fase, entre 1998 y 2007, en la que el Estado concedió 10.000 millones de euros a las eléctricas en concepto de «garantía de potencia» de las centrales.

En 2007, con José Luis Rodríguez Zapatero en el poder, esas ayudas pasaron a denominarse «pagos por capacidad».  El Gobierno socialista empezó a pagar unas subvenciones para resarcir a las compañías eléctricas de las inversiones realizadas —los llamados «Pagos por nuevas instalaciones», que han supuesto 3.600 millones de euros hasta 2017— a la que posteriormente se añadió otra ayuda, el «Pago por disponibilidad», que, según Greenpeace, sirve para garantizar el suministro y «compensar a las plantas de carbón, gas, fuel y nuclear (además de las hidroeléctricas) por estar disponibles». Han sido 1.000 millones de euros del erario público entre 2011 y 2017.

«Además», abunda Greenpeace, «se seguía manteniendo el carbón a golpe de subvenciones, como aquellas que incentivaban la compra de carbón nacional —las llamadas «Restricciones por Garantía de Suministro o RGS» que supusieron 2.800 millones entre 2011 y 2014— o ayudas a las centrales para que contaminasen menos de lo que marca la ley —el «Pago por inversión medioambiental», otros 490 millones entre 2007 y 2017—.

«En España existe un 30% más de capacidad de generación eléctrica de la necesaria para garantizar la cobertura de los picos de demanda», asegura Greenpeace

Todo este dinero —una media de 800 millones de euros al año de media desde 2007— lo sufragan los consumidores con su recibo de la luz. «No es de extrañar, por tanto, que tengamos una de las facturas más elevadas de Europa», asegura Greenpeace en su informe, en el que también denuncia la opacidad de este sistema, ya que el Estado no publica a quién concede las subvenciones ni qué instalaciones en concreto las perciben.

Hay, además, otro tipo de pago por capacidad, el de «interrumpibilidad«, que no va destinado a las centrales eléctricas, aunque también está incluido en la factura de la luz: 500 millones al año para las grandes industrias consumidoras de electricidad a cambio de que cesen su producción en los momentos en los que pudiera haber un déficit de suministro, «algo que ha ocurrido en contadísimas ocasiones», enfatiza Greenpeace.

Expediente de Bruselas

​El aumento del precio de la luz se entiende aún menos si se tiene en cuenta que en España hay una sobreoferta de producción eléctrica. «La llegada de las renovables no vino acompañada de una sustitución de las energías sucias, que se sumaban a éstas. Con lo cual, en España existe un 30% más de capacidad de generación eléctrica de la necesaria para garantizar la cobertura de los picos de demanda. La potencia instalada es de más 104.000 megavatios (MW), y solo en determinados días de invierno o verano la demanda supera los 40.000 MW», se lamenta Greenpeace, que además denuncia que estas subvenciones ha permitido mantener «un sistema eléctrico viejo y contaminante».

Greenpeace recuerda que en 2017 la Comisión Europea abrió un expediente a España por uno de sus pagos por capacidad, el de «inversión medioambiental». Desde 2007 el Estado ha concedido unos 440 millones de euros a las centrales de carbón para que reduzcan su impacto medioambiental, pero Bruselas considera que estas ayudas pueden ser ilegales «porque no están enfocadas a garantizar el suministro sino al cumplimiento de los límites de emisión y, además, falsea la competencia en el mercado de la electricidad al beneficiar una tecnología por encima de otras».

Ante este panorama, Greenpeace aboga por eliminar estas subvenciones «o al menos regularlas de manera más estricta y transparente». También propone priorizar las energías renovables y «facilitar que las personas generen y compartan la electricidad en sus comunidades» y abrir así «una puerta a la esperanza» para el futuro.