Barcelona obligará a que un 30% de las nuevas construcciones sean de vivienda protegida

Tras horas de incertidumbre sobre la posición final del PSC y de ERC, los grupos por el derecho a la vivienda anuncian que el Ayuntamiento de Barcelona sacará adelante esta tarde su moción que obliga a los promotores a reservar una cuota de vivienda protegida en todas sus nuevas construcciones.

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La portavoz de PAH Barcelona, Lucía Delgado, en rueda de prensa frente a la sede del ayuntamiento.

La comisión de ecología y urbanismo del ayuntamiento de Barcelona aprobará esta tarde una medida que enfrenta a las asociaciones vecinales y los colectivos por el derecho a la vivienda con el sector constructor e inmobiliario. Se trata de la obligación de que las nuevas construcciones -o las rehabilitaciones que intervengan en más de 600 metros cuadrados- reserven un 30% del parque a vivienda con precio protegido. Así lo han anunciado en rueda de prensa esta tarde las asociaciones que han promovido la moción.

Para la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, impulsoras de la medida, lo único malo que se puede decir de ella es que llega demasiado tarde: una ley autonómica de 2007, la Ley de Vivienda, ya prevé su aplicación, y sin embargo, denuncian, no se llevado a término en 11 años. Según han recordado, en la ciudad sólo un 1,5% del parque de vivienda es público, y la medida permitiría aumentar la proporción hasta equipararlas a ciudades como París, que ya la aplica. El objetivo de los promotores es que a medio plazo el porcentaje de vivienda protegida suba hasta el 15% del parque total.

Por su parte, la Asociación de Promotores y Constructores de Catalunya (APCE) ha amenazado con que la medida supondrá una paralización del sector y asegura que, de aprobarse, será contraproducente porque significará una subida de los precios. Los constructores han tldado la medida de “electoralista” y han anunciado posibles medidas legales en su contra en caso de que sea aprobada.

Una votación disputada

La aprobación no ha sido un asunto fácil. Hasta la semana pasada, la moción contaba con el apoyo de todos los grupos municipales del Ajuntament, con la excepción del PP. Sin embargo, a 48 horas de la votación distintos portavoces del PSC, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y PDCat hicieron declaraciones en contra de la moción. El cambio de posición sorprendió a los grupos ciudadanos promotores, dado que todos estos partidos habían apoyado una primera votación en febrero, y han participado conjuntamente en las reuniones de seguimiento de la moción.

Tanto ERC como el PSC habían hecho suyos la semana pasada los argumentos de los constructores al destacar que la medida paralizará la construcción

Finalmente, tras un fin de semana de presiones a través de las redes sociales y de comunicados en prensa, y una mañana de reuniones con los diferentes grupos municipales, los promotores han anunciado en rueda de prensa pasadas las 16h en la plaza de Sant Jaume (donde se encuentra la sede del Ayuntamiento de Barcelona) que los grupos de PSC y ERC finalmente sí apoyarían la moción, con lo cual la comisión reuniría los votos necesarios (sumados a los de Barcelona en Comú y CUP). La rueda de prensa se celebraba en medio de la concentración de protesta convocada por las asociaciones por el derecho a la vivienda dos horas antes de la votación, prevista para las 17.30 horas. [Actualización: la medida ser ha aprobado con el voto favorable de Barcelona en Comú, PSC, ERC y CUP, la abstención de PdCat y Ciutadans y el no del PP].

El regidor Jordi Martí Galbís y (PDCat, partido que mantiene su cambio de orientación y por lo tanto el rechazo a la norma) había declarado que la medida supondría “un aumento del precio medio” en la vivienda libre”. Los grupos promotores de la moratoria contestan que dicha argumentación es, de nuevo, falsa. “Aumentar la cuota de vivienda protegida entre el parque de viviendas de la ciudad es deflacionista [hace bajar el precio] del precio medio de la vivienda, no es inflacionista [no hace subir el precio] del precio de la vivienda libre”, aseguran.

Según los grupos por el derecho a la vivienda, el precio del suelo no es el factor determinante en la formación de precios de los pisos, sino otros elementos como la disponibilidad de crédito o la situación financiera de las familias. Y van más allá: “más cuota de mercado de vivienda protegida no sólo protege a los sectores más desfavorecidos, sino que contribuye a mejorar la accesibilidad del conjunto de la población”: en proporciones de cuota del 30%, la nueva vivienda libre tendría que “competir” con ese parque protegido y no tendría posibilidades de aumentar tanto sus precios.

Tanto ERC como el PSC, a través del portavoz y exsocio del gobierno de Ada Colau, Jaume Collboni, habían hecho suyos la semana pasada los argumentos de los constructores al destacar que la medida paralizará la construcción dada la incertidumbre que la cuota supondrá para los nuevos proyectos. Citaban para ello la situación de aquellas promotoras que hayan comprado suelo y hecho una inversión determinada y ahora se encuentren con que su expectativa de beneficios se vea afectada por las cuotas. El grupo promotor ha calificado de sesgados estos argumentos, y ha aclarado que la moción prevé estas situaciones y de hecho contempla rebajar hasta el 20% la cuota de vivienda protegida para aquellas promociones que hayan adquirido suelo a partir de 2016. Para el resto, argumentan, la subida de precios acumulada les garantiza un retorno de la inversión a pesar de las cuotas.

Tras la aprobación, habrá un periodo de alegaciones. Además, las constructoras todavía podrán licitar obras sin tener que reservar la cuota. Pero el plazo se termina en septiembre. A partir de ese mes, cada nueva construcción y rehabilitación de más de 600 metros cuadrados tendrá que reservar un 30% de los pisos para vivienda protegida.


+info relacionada: Barcelona forzará a las promotoras inmobiliarias a destinar un 30% de los pisos a uso social – eldiario.es, 18-06-2018

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