- Las presuntas irregularidades en la recogida de residuos y en la facturación de servicios no realizados saltaron a la luz el pasado noviembre.
- La mala praxis afecta a los barrios de Gràcia y a varios del Eixample donde, entre 2013 y 2015, no se separaron basuras y se empleó a menos personal del contratado.
- El consistorio ha remitido a la Fiscalia los resultados de la investigación sobre el posible desfalco.
- Desde las asociaciones de vecinos se había detectado falta de limpieza en las calles y mezclas de diferentes residuos en un mismo camión.
Limpieza Barcelona Un operario municipal limpiando un contenedor en la plaza de la Gardunya, junto a la Boqueria // CARLA MERCADER
El pleno del Ajuntament del próximo viernes dirimirá la apertura de un expediente sancionador a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) Serveis Ciutadans, responsable del contrato de limpieza de las calles y de recogida de basuras de la ciudad, tras comprobarse mediante un expediente informativo que pudo haber defraudado hasta 3,3 millones de euros al consistorio en el servicio de recogida de residuos de los barrios de Gràcia y en parte de los del Eixample. En noviembre de 2016, cuando el ejecutivo de Ada Colau destapó este presunto fraude, se hablaba de una cantidad muy inferior (800.000 euros).
Al mismo tiempo, el expediente informativo abierto en noviembre se ha trasladado a la Fiscalía para que esta lo adjunte a la investigación que está llevando a cabo sobre este caso. La sanción que podría aplicar el Ajuntament a FCC ascendería a una multa de 500.000 euros y podría desembocar en la rescisión del contrato, vigente desde hace 8 años, en época del alcalde Xavier Trias (CiU), o en la inhabilitación de la empresa para participar en futuros concursos de contratación con la administración municipal.
Servicios de recogida no prestados y mezcla de basuras
Según las pesquisas del Ajuntament, la compañía certificó entre los años 2013 y 2015 un total de 6.130 servicios de recogida que realmente no prestó o que bien llevó a cabo con menos personal del que indicaban los contratos, y por los que cobró 1.268.289 euros. Los otros 2,1 millones de euros (2.110.896) que le reclama el gobierno de Colau a la empresa corresponden a penalizaciones previstas legalmente por los incumplimientos detectados.
El Ajuntament ha constatado que, durante 2014, la empresa alteró de forma «consciente e intencionada» un mínimo de 30 de los 6.200 servicios de recogida anual de voluminosos
La regidora de Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha explicado este martes que durante el año 2014 la empresa alteró de forma «consciente e intencionada» un mínimo de 30 de los 6.200 servicios de recogida anual de residuos voluminosos con el objetivo fraudulento de evitar el salto de franja económica y que se le aplicara un precio por tonelada recogida más bajo.
Debido a esta supuesta mala praxis, multitud de residuos voluminosos fueron dirigidos a una planta de tratamiento incorrecta. También durante 2014, se mezcló el 0,5% de los contenedores recogidos en ambas áreas de la ciudad (1.683) correspondientes a residuos de envases con los de restos y orgánicos para esquivar, igualmente, un precio menos ventajoso para FCC.
En boca de los vecinos
Los vecinos de los barrios afectados por este fraude no se han mostrado sorprendidos este martes por el anuncio del Ajuntament. El vicepresidente de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (Favb), Albert Recio, y uno de los referentes de la entidad en Gràcia, ha explicado a 20minutos que desde hace tiempo se alzaban «voces» en las asociaciones de vecinos afectadas que alertaban sobre «la falta de limpieza en las calles, el uso de agua de grifo en lugar de aguas freáticas para la limpieza de la vía pública» y también sobre la práctica de recogidas incorrectas de basuras.
«Había operarios que pasaban con un único camión en el que mezclaban todos los contenedores», ha comentado. Recio reconoce que, a pesar de ser conocedores de estas malas prácticas, las asociaciones de vecinos no tienen capacidad de «hacer un seguimiento» de la problemática, y que esta corresponde a la capacidad supervisora del ayuntamiento.
Este diario ha intentado poner en contacto sin éxito este martes con FCC. La empresa sí que se pronunció el pasado mes de noviembre, cuando la denuncia del Ajuntament saltó a la luz, emitiendo un comunicado en el que aseguraba que había abierto una investigación interna para determinar los hechos y que prestaría toda su colaboración con la administración municipal y con la justicia.
