- La Comisión Europea (CE) ha abierto un procedimiento de infracción a España por no haber introducido en su legislación nacional la cuarta directiva europea sobre blanqueo dentro del plazo previsto
- Si España persiste en no introducir las normas comunitarias podría saldarse con una demanda contra el país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
El ministro de Economía, Luis de Guindos //EFE
La Comisión Europea (CE) ha abierto un procedimiento de infracción a España por no haber introducido en su legislación nacional la cuarta directiva europea sobre blanqueo de capitales dentro del plazo previsto, confirmó el Ejecutivo comunitario.
La Comisión envió una carta de emplazamiento, el primer paso de este proceso por infracción, a España y Bélgica el 23 de noviembre, por no haber traspuesto la norma totalmente dentro del plazo para ello, que expiró a final de junio.
El Ejecutivo comunitario ya había abierto expediente en relación con esta directiva a Bulgaria, Estonia, Grecia, Hungría, Chipre, Luxemburgo, Lituania, Malta, Holanda, Portugal y Finlandia por no haber comunicado las medidas adoptadas para su transposición, y a Irlanda, Letonia y Eslovaquia por haberlo hecho solo de forma parcial.
«Urjo a España a poner en marcha las nuevas reglas contra el blanqueo de dinero totalmente tan pronto como sea posible», dijo la comisaria europea de Justicia, Vera Jurova.
La comisaria defendió que unas reglas de transparencia más estrictas «ayudarán a cortar la financiación al terrorismo y a avanzar en la lucha contra el lavado de dinero y la elusión fiscal».
Si España persiste en no introducir las normas comunitarias en la legislación nacional, el procedimiento de infracción podría saldarse en última instancia con una demanda por parte de la Comisión Europea contra el país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La cuarta directiva contra el lavado de dinero, aprobada en 2015, introduce requisitos de transparencia sobre los titulares reales de las empresas para poner la información a disposición de las autoridades de los Veintiocho, así como mayores obligaciones para los bancos o intermediarios a la hora de evaluar los riesgos de ciertas actividades.
También refuerza el poder para imponer sanciones de las autoridades competentes.
