El vigésimo dictamen del Observatorio de la Dependencia muestra que los recortes en este servicio social no se han revertido. Esta situación de carencia genera miles de muertes cada año de personas que no cobran las ayudas de dependencia aunque tienen reconocido su derecho.
Recuperándose tras el recorte brutal que supusieron los presupuestos generales de 2012 y el Real Decreto-ley 20/2012, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sigue mostrando importantes brechas entre las mujeres y los hombres y también entre las comunidades autónomas. Hay una tendencia a la recuperación desde el comienzo de la recuperación económica pero la falta de presupuestos que superen a los últimos vigentes —del Partido Popular— está llevando a un frenazo.
Son algunos de los titulares que deja el vigésimo dictamen del Observatorio de la Dependencia publicado ayer, 2 de marzo, por la Asociación de Directores y Gestores de Servicios Sociales. Es una visión panorámica de la dependencia, el pilar del Estado de bienestar en el que, según aseguran los responsables del informe —José Manuel Ramírez Navarro, Gustavo García Herrero y Manuel Fuentes Jiménez—, no se han recuperado los recortes anteriores a la crisis.
En la actualidad, 1.385.037 personas se encuentran en una situación de dependencia reconocida por los parámetros de la Ley de Dependencia (Ley 39/2006): dos tercios son mujeres y un tercio son hombres. Pero las diferencias también alcanza a la carga de quienes tienen que asumir los cuidados cuando aún no se ha tramitado el expediente de dependencia o cuando aún no se perciben ayudas, ya que la falta de prestaciones tiene una consecuencia “evidente” sobre las mujeres, pues tres de cada cuatro personas que prestan cuidados familiares “son hijas, madres o parejas”
Esta asociación identifica unas necesidades de incremento en la financiación pública actual de más 2.000 millones de euros al año. La propuesta —o la exigencia— situaría el gasto en dependencia en relación al PIB en un limitado 1,2% del Producto Interior Bruto. Los presupuestos pactados a comienzos de 2019 por el Gobierno de Pedro Sánchez y Unidas Podemos —cuyo fracaso desencadenó la repetición electoral— hubieran aportado 415 millones extra al sistema público de dependencia lo que habría permitido acelerar “el proceso de reducción de listas de espera y, por tanto, minorar los fallecimientos sin ejercicio de derechos”.
Por cada millón de euros destinado al cuidado de personas en situación de dependencia se generan 37 puestos de trabajo
Una proyección de esos presupuestos indica que los 415 millones inyectados se habrían traducido en 68.230 personas más atendidas y 15.000 empleos creados. El resultado de esos presupuestos fallidos es “que todo ha seguido como estaba” dicen en este dictamen, que lamenta el “frenazo a la progresión” que se viene observando en los últimos informes.
Como recuerdan los profesionales de los Servicios Sociales, el trabajo de atención a la dependencia es también uno de los sectores con más posibilidades de crecimiento en una sociedad cada vez más longeva y envejecida.
Diferentes velocidades
Desde 2012, el recorte a la dependencia acumulado en la Administración General del Estado es de 5.406 millones de euros. Hasta el momento, de los recortes establecidos por el Gobierno del Partido Popular, el PSOE ha recuperado únicamente las en su día suprimidas cotizaciones a la seguridad social de cuidadoras no profesionales, que supuso un “ahorro” a costa de la pérdida de este derecho de 2.250 millones de euros. Pero el Estado ha mantenido unos niveles de gasto en esta partida inferiores a 2009. El grueso del gasto fue transferido a las comunidades autónomas, que han generado varias velocidades de acceso al derecho a la dependencia: desde el modelo más garantista que se da en Navarra o las Castillas hasta la situación de colapso de listas de espera que acontece en Extremadura y Asturias.
El 80% de la financiación de los cuidados profesionales reconocidos, asociados a la Ley de Dependencia, depende de las autonomías, que no obstante sólo cubren el 63,2% del gasto; el Estado aporta un “ridículo 16,1%” y la cantidad restante se abona a través de sistemas de copago. El año pasado, según los datos estimados por la organización, el monto habría alcanzado los 8.891 millones de euros.
Esta organización calcula que hay 263.024 empleos directos asociados a las atenciones que requiere la Ley 39/2006 y que se va mejorando la rentabilidad del dinero invertido en dependencia: por cada millón de euros destinado al cuidado de personas en esta situación se generan 37 puestos de trabajo, mientras que en 2011 había 27 puestos nuevos por cada millón de euros gastado. Hay también gran disparidad entre territorios: así cada millón destinado a dependencia en Castilla y León genera 53 empleos, mientras que en Baleares no pasa de 20 puestos de trabajo.
El desguace de los servicios de dependencia tiene consecuencias en la muerte de personas que se encuentran a la espera de valoración: son 85 personas que fallecen cada día estando en la lista de espera, que ya han sido valoradas como dependientes y, por tanto, están pendientes de recibir prestación. Aunque la Asociación de Directores y Gestores de Servicios Sociales matiza que esas muertes no se producen como causa de no haber ejercido su derecho reconocido legalmente, el informe refiere las 31.000 muertes que, aproximadamente, se dan cada año entre ese colectivo.
Uno de los aspectos que destaca esta organización es el efecto perverso que ejercen esas listas de espera que se “reducen” cuando fallecen personas que no disfrutaron en vida de ese derecho reconocido.
Asturias y Extremadura, a la cola
Hay “gravísimas desigualdades entre territorios” en el desarrollo de la ley de dependencia y las diferencias se han ido incrementando con los años. En cuatro territorios —Canarias, Extremadura, Andalucía y Catalunya— el tiempo medio de tramitación de un expediente supera el año y medio: desde el momento de la solicitud de un reconocimiento de dependencia hasta la resolución de la misma pasan 785 días en las Islas Canarias, 675 en Extremadura. La diferencia es palmaria con territorios como las ciudades autónomas, Castilla y León o País Vasco y Navarra, donde las solicitudes se resuelven en menos de 200 días.
