- El Consejo Audiovisual Andaluz, en un amplio y duro documento, considera preocupante que «las empresas periodísticas supediten el rigor y la calidad de la información a los índices de audiencia»
- Cuestiona especialmente el «linchamiento mediático a un sospechoso, que resultó no estar implicado» y «contenidos sexistas, racistas e incitación al odio» tras la detención de la autora confesa del asesinato del menor
Patricia Ramírez y Ángel Cruz, los padres de Gabriel // EFE
El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha constatado que el tratamiento del caso Gabriel por parte de algunas televisiones ha incurrido en un sensacionalism oextremo que podría haber quebrado derechos fundamentales de personas que, circunstancialmente, se han visto involucradas en este suceso.
El Consejo ha trasladado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) –autoridad competente sobre las televisiones de ámbito nacional– un informe [ver aquí] que revela graves incumplimientos deontológicos en este caso, así como una queja recibida en la Oficina de Defensa de la Audiencia (ODA) en la que se denuncia «un linchamiento diario movido únicamente por el afán de dar noticias rápidas y captar audiencia». El informe es demoledor.
En una nota el CAA explica que el informe se realiza sobre la cobertura mediática de este caso –desaparición y asesinato de un menor en la provincia de Almería y detención de la asesina confesa– en respuesta a la alerta social que estaba generando entre los propios periodistas. Posteriormente, el CAA recibió una queja en la ODA por vulneración del derecho al honor, la imagen y la intimidad de la persona detenida por quebrantar la orden de alejamiento hacia la madre del menor, así como de su familia. En esta queja se denunciaba la manipulación informativa y la quiebra intencionada, con fines comerciales y de alimentar el espectáculo televisivo, del principio fundamental de veracidad al seguir vinculando a esta persona con la desaparición y muerte del menor en los magacines matinales de Antena 3 y Telecinco. Todo ello a pesar de que desde el 2 de marzo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ministerio del Interior habían descartado su implicación en los hechos. La reclamación añade que sendos programas ignoraron todas las peticiones realizadas por la familia para que se rectificasen las informaciones que estaban difundiendo en torno a esta persona y denuncia además acoso mediático.
El Consejo ha analizado casi 69 horas de contenidos para realizar un informe sobre el tratamiento dado a este caso y el análisis de la queja. En concreto, se han sometido a análisis los informativos y otros programas no netamente informativos de La1 de TVE, Antena3, Telecinco, laSexta, Cuatro, Canal Sur TV e Interalmeria emitidos en tres días clave del desarrollo del suceso: el 6 y 7 de marzo, en pleno proceso de búsqueda del menor y cuando, ante la falta de novedades, algunos medios se dedicaron a analizar la figura de la persona detenida por quebrantar la orden de alejamiento pese a estar ya excluida de la investigación; y el día 12 de marzo, posterior a la detención de la autora confesa de la muerte del niño.
Tras destacar «el abultado tiempo dedicado»al asunto, destaca la descompensación entre el tiempo destinado a difundir información contrastada sobre la investigación frente a la divulgación de elucubraciones y especulaciones realizadas. Los servicios técnicos del CAA han constatado que los magacines de La 1, Antena 3 y Telecinco del 6 y 7 de marzo difundieron de forma reiterada el nombre y apellidos completos, edad, lugar de residencia, historial clínico y farmacológico, así como el rostro parcialmente pixelado de la persona detenida por romper la orden de alejamiento que le había sido impuesta hacia la madre del menor, pese a que días antes los investigadores del caso habían descartado por completo su implicación. Estos magacines cuestionan las conclusiones de la investigación oficial para alimentar una tesis propia en la que sitúan a esta persona ante la opinión pública como el principal sospechoso a través de la difusión reiterada de rumores, especulaciones y hechos no contrastados, señala el informe.
Contenidos sexistas, racistas e incitación al odio
El Consejo también ha encontrado un tratamiento mediático cuestionable en torno a la mujer detenida por la muerte del niño y que, finalmente acabó confesando su autoría. Se ha constatado la difusión de comentarios y estereotipos sexistas y discriminatorios, especialmente alarmantes en Espejo Público y Sálvame. En este programa se utilizaron imágenes de reacciones violentas contra la detenida como reclamo para el pase a la publicidad. Varios programas incurrieron también en la vulneración del derecho a la intimidad y el honor de personas de su entorno. Sin cuestionar el hecho noticiable de las manifestaciones de odio hacia la asesina confesa que se produjeron tras su detención, y que en algunos casos se expresaron mediante violencia física y verbal, llamadas a la venganza y apelación a la pena de muerte, se ha constatado un tratamiento informativo diferente en los programas analizados. Así, en informativo de Cuatro y en Sálvame se justificaron estos hechos y se vincularon con el debate sobre la prisión permanente revisable.
Tras analizar los contenidos del informe, el CAA ha aprobado una decisión en la que «alerta de un preocupante deterioro en el ejercicio de la función de informar sobre tragedias personales con gran impacto emocional en la opinión pública, con un abuso del sensacionalismo y el morbo en detrimento del rigor, la precisión, la moderación y la responsabilidad informativa que exige el tratamiento informativo de la desaparición de un menor, especialmente en las circunstancias y desenlace de este caso. El Consejo reprocha que algunos programas televisivos utilicen todo tipo de recursos para llenar horas de programación y captar audiencia, obviando con absoluta impunidad derechos tan esenciales como la veracidad informativa, el honor, la intimidad y la imagen de las personas, o la separación entre información y opinión. En este sentido, el CAA llama la atención sobre el contagio por parte de los espacios netamente informativos de prácticas que son deplorables y olviden el deber de diligencia en la comprobación de la veracidad de la información, reproduciendo los rumores y especulaciones que se alimentan en los programas de entretenimiento».
Así, el Consejo considera preocupante que las empresas periodísticas supediten el rigor y la calidad de la información a los índices de audiencia, comprometiendo el prestigio y la credibilidad de sus telenoticiarios. Para el CAA, resulta imprescindible que los prestadores de ámbito nacional y sus programas de mayor audiencia asuman los códigos, guías y normas deontológicas de los que disponen los periodistas para garantizar un tratamiento informativo riguroso y responsable en asuntos de interés general como las desapariciones de personas, donde su colaboración es fundamental.
Asimismo, el CAA constata –como expone la queja recibida– que algunos programas de televisión han podido vulnerar el artículo 4 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, sobre el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de personas que, circunstancialmente se han visto involucradas en este caso. En concreto, cita el Consejo en su decisión, el hombre detenido por quebrantar una orden de alejamiento ha sufrido un verdadero linchamiento mediático por parte de algunas televisiones, sin ánimo de rectificar cuando estaba descartada su relación con el caso. Por ello, el Consejo ha acordado remitir la queja, así como el informe y la decisión que lo acompaña, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo competente en las televisiones de ámbito nacional, interesándole para que adopte las medidas correctoras ante conductas que pudieran ser contrarias a la legislación vigente.
