El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tumba un informe que avalaba las líneas generales de la ley de vivienda y encarga otro enfocado en la falta de competencias del Estado para legislar sobre el derecho a la vivienda.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tumba un informe que avalaba las líneas generales de la ley de vivienda y encarga otro enfocado en la falta de competencias del Estado para legislar sobre el derecho a la vivienda.
La multa a pagar entre las seis compañías, que hacían uso de una base de datos común a través de la cual compartían información, asciende a 1,25 millones de euros.
84 familias que viven en viviendas de Torrejón de Ardoz compradas a la Comunidad de Madrid por este fondo de inversión consiguen nuevos contratos sin subidas de alquiler tras dos años y medio de lucha.
Los sindicatos de barrio Construint Malilla, Montolivet Veïnal y el Sindicat de Barri del Cabanyal han lanzado una campaña de crowdfunding para pagar las sanciones recibidas por los militantes en diferentes acciones de defensa del derecho a la vivienda ocurridas en los últimos seis meses
Diez años después de expropiar este edificio de Malasaña, el Ayuntamiento de Madrid entrega las primeras fechas de lanzamiento a sus residentes. Sus actuales ocupantes están dispuestos a marcharse, pero piden una alternativa habitacional a su situación por «razones humanitarias»
[label type=»success»]+reciente, eldiario.es, 03-10-2021:[/label] El Ayuntamiento de Madrid desahucia Luna 32: «No puedo irme, necesito un sitio para mis hijas»
Jarama, una promotora de viviendas, ha lanzado un comunicado con el que llama a votar para que la propuesta del Ayuntamiento no prospere.
[label type=»success»]+reciente, publico.es, 25-10-2021:[/label] El 81,98% de los votantes de la consulta popular en Rivas apoya frenar el crecimiento urbanístico del municipio
En el último año y medio, los Mossos d’Esquadra han denunciado por la vía administrativa a al menos 351 personas. El movimiento por el derecho a la vivienda lanza una campaña para la retirada de las multas, la no aplicación de la ley 4/2015 y para que la Brimo no intervenga en los lanzamientos.
El Estudio del Número de Viviendas por Tenedor en el que se ha basado el Consistorio sostiene que hay 830 grandes tenedores entre personas jurídicas y particulares, de los que 164 tienen entre 10 y 14 viviendas; 76 cuentan con entre 15 y 19; 119 con entre 20 y 49; 33 con entre 50 y 99; 26 con entre 100 y 299; y 6 con más de 300 repartidas por toda la ciudad
[label type=»success»]+reciente – eldiario.es, 07-10-2021:[/label] Casado oculta cuánto cobra del PP después de decir que un joven puede pagar un alquiler con un sueldo
El PSOE y Unidas Podemos llegan a un acuerdo para los presupuestos y la Ley de Vivienda. Según fuentes de Unidas Podemos, los grandes propietarios no podrán alquilar viviendas por encima del índice de referencia y se gravarán las viviendas vacías. La aplicación dependerá de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
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Un estudio pone cifras a la ley 24/2015 catalana, el ensayo general de una ley de vivienda estatal que defienda el derecho humano a la vivienda.
«Bajo la etiqueta de ‘intermediarios de conflictos inmobiliarios’ afloran empresas que, con el matonismo propio de la ultraderecha, se están enriqueciendo a costa de defender los intereses de los grandes tenedores de vivienda», afirma.
Un extrabajador de la empresa que dirige Daniel Esteve asegura que no entiende cómo aún sigue operando. Acusa a los cuerpos policiales de connivencia y dejación.
Las entidades financieras disparan gracias a la liquidez que les inyecta el Banco Central Europeo a niveles desconocidos en una década la concesión de créditos para la compra de viviendas, un sector que al consolidarse como refugio de inversores particulares y fondos de inversión está desatando una espiral inflacionista que comienza a acercar los precios a los del anterior ‘crash’ con los riesgos de generar otra crisis habitacional que eso entraña.
Se trata de la primera multa por este motivo. La víctima fue un joven de origen marroquí
Los lanzamientos han aumentado en los últimos meses a niveles de antes del confinamiento, cuando se detuvieron por la pandemia, a pesar de que el Gobierno ha ampliado el decreto provisional que los frenaba hasta octubre.
Un juzgado de Barcelona absuelve al portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona y a otros dos activistas de los delitos de coacción y violación de domicilio tras una protesta en 2018.
El Ayuntamiento pide al Gobierno extender las medidas que limitan los lanzamientos y responsabilizar a estos grandes tenedores de vivienda