Más de un centenar de organizaciones, movimientos o plataformas sociales que ya pidieron la semana un «plan de choque social» contra la pandemia, han profundizado hoy en más «medidas de emergencia».
Varios trabajadores de la planta de pintura de Ford en Almussafes, en una imagen de archivo. / Manuel Bruque (Efe)
«Si el Gobierno realmente no quiere dejar a nadie atrás, como sucedió en 2008, debe ampliar sus miras. Hay medidas que se tienen que aplicar de forma urgente para dejar de poner en riesgo vidas y evitar un colapso sanitario y social», han destacado en un comunicado. Entre las medidas planteadas destacan la intervención de la sanidad privada o el cierre de toda actividad económica no esencial.
Para las organizaciones firmantes, «es una irresponsabilidad que mientras se restringe la movilidad y en pleno Estado de Alarma se permita que empresas con actividades que no son imprescindibles continúen como si nada con la producción».
Aseguran que «en la mayoría de los casos las empresas además funcionan con escasas o nulas medidas de protección de riesgos laborales». Y recuerdan que «durante la semana multitud de sindicatos, comités y plantillas han parado la actividad de sus centros de trabajo a través de la aplicación del artículo 21 Ley de Protección de Riesgos Laborales».
«Sin embargo, de nuevo, el Gobierno no puede mirar hacia otra parte ni dejar en manos de los intereses privados la vida y salud de la gente. Hay que decretar el cierre de toda actividad no esencial y evitar que sigan propagándose contagios. A la vez hay que lanzar un plan industrial para producir todos los test, EPIs y equipos de ventilación necesarios, utilizando las instalaciones y recursos de las industrias paralizadas»; continúa el comunicado.
Entre las medidas propuestas también se encuentra «la intervención de la sanidad privada», algo que «tiene que traducirse ya en la movilización de todos los recursos privados al servicio del interés general y la salud pública». También se pide una «renta básica de cuarentena universal e incondicional«, más recursos para la intervención ante la violencia machista, liberación de personas presas vulnerables.
En materia de vivienda se pide la suspensión del pago de los alquileres, hipotecas y suministros básicos. Además, se exige la paralización de los desahucios. Otra petición tiene que ver con el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs).
«Estas medidas son imprescindibles, posibles y urgentes para una salida de la crisis del coronavirus diferente a la de 2008. En este comunicado nos limitamos a señalar las líneas maestras de un Plan de Choque Social y no podemos detallar toda su concreción en una batería más concreta de propuestas. Las diferentes organizaciones, sindicatos y plataformas impulsoras del Plan de Choque Social hemos trabajado y seguimos trabajando en su desarrollo en los ámbitos de lucha a los que nos dedicamos. Si el Gobierno no aplica estas medidas o las aplica parcialmente buscaremos todas las vías colectivas para presionar y garantizar los derechos de millones de personas», concluye el comunicado.
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