Los dos últimos presidentes de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y Cristina Cifuentes, han acudido a los tribunales para querellarse contra periodistas que han denunciado sus presuntas irregularidades. Los conservadores también se han querellado contra políticos y partidos que han denunciado su corrupción
Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, junto a Ignacio González // EFE
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunció ayer, por el lunes, una querella contra los periodistas de eldiario.es Ignacio Escolar y Raquel Ejerique por las informaciones publicadas sobre la obtención de un título de máster en la Universidad Rey Juan Carlos con calificaciones presuntamente falsificadas.
Sin embargo, no es la primera vez que un presidente de la Comunidad de Madrid se querella contra la prensa. Su predecesor en el cargo, Ignacio González, también se querelló en varias ocasiones, y utilizando dinero público, contra periodistas que denunciaron sus presuntas corruptelas. Las denuncias de González, no obstante, se produjeron en su etapa como número 2 de Esperanza Aguirre, y continuaron cuando fue nombrado presidente de la Comunidad.
La querella de González, interpuesta en 2009, solicitaba un total de 600.000 euros a los periodistas de Público por una vulneración de su derecho al honor
Así, González, que está imputado por la Operación Lezo y ha estado en prisión preventiva por estos cargos, denunció ante los tribunales a cuatro periodistas de Público por informaciones que detallaban su papel en adjudicaciones públicas sospechosas. Los cuatro periodistas afectados eran los tres directores de la edición en papel del diario Público (Ignacio Escolar, Félix Monteira y Jesús Maraña) y el periodista Manuel Rico, que en el momento de la querella ocupaba la subdirección de Público.
La querella de González, interpuesta en 2009, solicitaba un total de 600.000 euros a los periodistas de Público por una vulneración de su derecho al honor por el contenido de una serie de dieciséis artículos publicados en el periódico entre el 18 de enero y el 17 de marzo de 2009.
Las informaciones objeto de la demanda desvelaban la existencia de un dossier de 69 páginas sobre el incremento patrimonial de González y sobre las adjudicaciones sospechosas que había realizado desde sus cargos públicos. A partir de ese dossier, y basándose en buena parte en documentos del Registro Mercantil de Madrid, este diario publicó informaciones que demostraban que decisiones de González habían beneficiado a socios de su familia y a otras personas relacionadas con él, como su profesor de pádel.
La Justicia desestimó la querella de González en diversas ocasiones hasta su cierre definitivo en el año 2014 cuando el Supremo dictaminó la primacía de la libertad de información y la «veracidad» de las noticias publicadas en Público. «El correcto funcionamiento del sistema democrático exige que la ciudadanía conozca cómo gestionaron en el pasado los asuntos públicos quienes lo hacen en el presente», rezaba el auto.
Denuncia contra Pilar Velasco
El expresidente de la Comunidad de Madrid también demandó, en su etapa como número 2, a la periodista de la Cadena Ser Pilar Velasco. Corria el año 2009 cuando González acusó a la periodista de un delito de descubrimiento y revelación de secretos por la difusión del vídeo del viaje que hizo González y tres de sus colaboradores a Cartagena de Indias (Colombia).
La noticia de la periodista Pilar Velasco demostraba que el político madrileño estaba siendo espiado y se le veía junto a otras dos personas portando bolsas de plástico
La noticia de la periodista Pilar Velasco demostraba que el político madrileño estaba siendo espiado y se le veía junto a otras dos personas portando bolsas de plástico. En este caso, la Justicia también dio la razón a la periodista y archivó la demanda del que poco después se convertiría en presidente de la Comunidad de Madrid.
En este caso concreto, la Audiencia Provincial de Madrid estimó que la periodista Pilar Velasco se limitó a hacerse eco de una noticia «de evidente relevancia social» como era el espionaje a un personaje público. Y aunque afecte a su intimidad, dicen los magistrados, «la noticia cumple con los requisitos de veracidad e interés general o relevancia pública de la información».
La sala añadía que «ha de primar el derecho a la información frente a la intimidad y a la propia imagen» de Ignacio González, porque su viaje «era oficial» y las grabaciones fueron realizadas «en espacios públicos».
Querellas contra Granados y la diputada Maru Menéndez
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González también interpuso una querella ante el Supremo contra la diputada del PSM-PSOE Maru Menéndez, a la que acusó de haberle calumniado e injuriado por vincularlo sin pruebas a la red Gürtel en sede parlamentaria. La diputada fue expulsada del Pleno de la Asamblea de Madrid y suspendida de sus funciones durante un mes.
González se querelló contra una diputada del PSM que le llamó «corrupto»
El Supremo archivó la querella de González y estimó que las palabras de Menéndez no constituían ningún delito por la «inviolabilidad de las opiniones manifestadas en el quehacer parlamentario». Es decir, que la libertad de expresión y su amplia cobertura respecto al debate político amparan las manifestaciones de la diputada.
Más recientemente, la actual presidente de la Comunidad de Madrid también se querelló contra el exconsejero madrileño Francisco Granados por delitos de injurias, calumnias y contra integridad moral que habría cometido en su declaración ante el juez instructor del caso Púnica, donde aseguró que la presidenta conocía una «caja b» en el PP de Madrid con la que se pagaron gastos de «refuerzo» de las campañas de Esperanza Aguirre en 2007 y 2011.
Más querellas contra los que denuncian corrupción
No obstante, estas no han sido las únicas denuncias que el PP ha interpuesto contra aquellos que han denunciado su corrupción. Los conservadores también anunciaron en su momento una querella contra Izquierda Unida por «injurias y calumnias». El motivo de esta querella es que, previamente, la coalición de izquierdas había presentado una denuncia en la Audiencia Nacional por los papeles de Bárcenas.
En este sentido, el exministro del PP Francisco Álvarez Cascos también presentó una querella contra el abogado de IU Enrique Santiago por un presunto delito de injurias y calumnias en su actuación al frente de la querella interpuesta en la Audiencia Nacional por los denominados ‘papeles de Bárcenas’ y la presunta financiación ilegal del PP. La querella también fue archivada.
Los conservadores también se querellaron contra el exlíder de IU Gaspar Llamazares por los delitos de injurias, calumnias, amenazas y coacciones. El político acusó a los conservadores de mantener un «entramado» de «mafia económica y conexión política» entre «empresarios radicales y golpistas» y «amistades peligrosas del PP» para subvertir las elecciones del conocido como ‘tamayazo’. El Supremo entiendió que Llamazares ejercitó su libertad de expresión «en una materia de carácter público y de interés general para explicar conductas políticas».
