A la víctima se le provocó un parto sin aparente justificación en un hospital público. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer pide al Gobierno español que compense a la víctima y tome medidas para que no se repita el caso.
La violencia obstétrica, la última batalla del feminismo / ARCHIVO
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer dictaminó hoy que una mujer en España fue «víctima de violencia obstétrica» al serle provocado un parto sin aparente justificación, por lo que pidió al Gobierno español que compense a la víctima y tome medidas para que no se repita el caso.
La decisión adoptada por el comité, primera en la que el organismo trata un caso de «violencia obstétrica», atendía la denuncia presentada por S.M.F., una mujer que acudió a un hospital de Lugo embarazada de casi 40 semanas. La CEDAW considera los hechos como violencia de género.
La víctima es la primera persona en la que el organismo trata un caso de «violencia obstétrica»
Según explicó la mujer, sufría entonces contracciones irregulares pero aún no había entrado en fase de parto, pese a lo cual el personal médico decidió inducirlo y además la sometió a otras intervenciones médicas sin su consentimiento. Estas intervenciones «afectaron profundamente su salud física y mental y la salud de su bebé», señaló en un comunicado Gladys Acosta Vargas, vicepresidenta del comité.
El comité estimó además que su hija recién nacida tuvo que ser tratada por una infección que, según argumentaron las abogadas de S.M.F, podría haber sido causada por las intervenciones médicas excesivas e inadecuadas.
La violencia obstétrica en los tribunales
La víctima llevó su caso a los tribunales en España pero, según las conclusiones del comité, «se enfrentó a estereotipos de género y discriminación durante todo el proceso judicial». En las recomendaciones del dictamen del comité se reclama a España que proporcione a la afectada una reparación apropiada por el daño que sufrió a su salud física y psicológica.
También se conmina al Gobierno español a que «brinde a los profesionales de salud y a los operadores de Justicia una capacitación profesional adecuada en materia de derechos de salud sexual y reproductiva«, y también que se garantice el acceso a procedimientos legales efectivos en casos de violencia obstétrica.
Acosta Vargas expresó su confianza en que esta primera decisión del comité en la materia se difunda en otros países y promueva cambios sustanciales en otros protocolos nacionales de atención médica. «Las mujeres no deberían experimentar un trato abusivo y discriminatorio durante el parto«, por lo que «es hora de poner fin a la violencia obstétrica» concluye la vicepresidenta.
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