El Tribunal de Justicia de Canarias también lo inhabilita durante dieciocho años y le impone una multa 60.000 euros. La parlamentaria de Unidas Podemos tuvo que renunciar en 2016 para defenderse de sus acusaciones ante el Supremo.
El juez Salvador Alba, condenado por confabular contra la jueza Victoria Rosell, en una foto de archivo. / EFE
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al magistrado Salvador Alba a penas que suman 6 años y medio de prisión por confabular contra la también jueza y diputada de Unidas Podemos, Victoria Rosell y favorecer al exministro del PP José Manuel Soria en su disputa con la política, a la que la denunció ante el Supremo. Para ello, torció un sumario y se concertó con un poderoso empresario canario con el fin de crear una investigación paralela contra ella.
La sentencia destaca que éste es un caso singular y condena a Alba por los delitos más graves que se puede condenar a un juez en el ejercicio de su cargo: prevaricación, cohecho y falsedad en documento público. Y le exime de los de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y revelación de secretos.
El juez utilizó unas diligencias abiertas al empresario Miguel Ángel Ramírez «como coartada y vehículo de una investigación paralela» contra Rosell, su antecesora en el juzgado que había dado el salto a la política con Podemos.
Además, Alba realizó un informe que sirvió a José Manuel Soria, exministro y entonces líder del PP canario, para querellarse contra Rosell. La entonces diputada dimitió de su escaño para defenderse ante el Tribunal Supremo.
Alba recibe una pena de de tres años de cárcel -por el delito de prevaricación en concurso con cohecho- y otra pena de tres años y medio por falsedad en documento oficial. También es condenado a 18 años de inhabilitación y a pagar una indemnización de 60.000 euros a Rosell porque le ha causado “un relevante perjuicio” a su consideración “personal, profesional y social”. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
Investigación paralela
El TSJ de Canarias concluye en la sentencia que el juez Alba dió instrucciones al empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, para perjudicar a la entonces diputada de Podemos Victoria Rosell, a la que había sustituido en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas después de que ella consiguiera la excedencia para saltar a la política en 2015.
La conversación se produjo el 16 de marzo de 2016, un miércoles santo. Fue grabada en el despacho judicial por el propio Ramírez, se hizo pública y es la base de esta condena. El TSJ valida la grabación porque no viola la intimidad del juez y porque contiene hechos delictivos.
La sentencia tilda esta reunión de «intolerable» e «impropia en forma y fondo«. El empresario y el juez abordan en ella “la posibilidad de introducir en el procedimiento» judicial abierto contra Ramírez «información y pruebas” sobre una relación empresarial entre el magnate y la pareja de Rosell, Carlos Sosa. Al mismo tiempo, el magistrado buscaría la nulidad de esta causa -que al final no hizo- o incluso fallaría a favor del empresario.
Dos días después, el 18 de marzo -viernes santo-, Alba cita de manera oficial a Ramírez, que le entrega la documentación pactada. La información es filtrada a El Mundo y después el ministro Soria la usa para ampliar su querella contra Rosell.
Ramírez era investigado desde 2014 en el juzgado de Rosell por un delito contra la Hacienda pública. La Seguridad Social reclamaba 13 millones de euros al poderoso empresario, dueño de Seguridad Integral Canaria. El 23 de octubre de 2016, la juez colgó la toga: pasó a formar parte de la lista al Congreso de Podemos. Tres días después, Sosa vendió por 300.000 euros los derechos de una emisora al empresario.
Alba solicitó su traslado a este juzgado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Examigo de Rosell, canario como ella, el magistrado se incorporó el 3 de noviembre de 2015. Nada más llegar, citó a Ramírez como imputado, dando un nuevo impulso a esta investigación. En marzo de 2016 contactó con el abogado del magnate, para transmitirle que quería conseguir contratos que vincularan a Ramírez con la pareja de Rosell. También le dijo que quería entrevistarse con él.
La sentencia aprecia que el juez torció el sumario y que el poco tiempo que estuvo en dicho juzgado lo utilizó para instrumentalizar este procedimiento penal «como coartada y vehículo de una investigación paralela» destinada a descubrir informaciones que pudieran servir «para relacionar al compañero sentimental de la juez con el empresario «. Y, de este modo, «establecer una relación entre la supuesta paralización de la causa y un pretendido interés indirecto» de Rosell.
Además, elaboró un informe destinado al CGPJ donde daba a entender que Rosell no había sido diligente en la investigación sobre Ramírez, minimizando los avances y autos que ella había dictado en esta causa. Este informe fue la base de la querella de Soria contra Rosell interpuesta en el Tribunal Supremo.
La condena más grave en dos décadas
En el caso de que el Supremo confirme esta sentencia, Salvador Alba -que está apartado de sus funciones- recibirá la mayor condena a un juez de la historia reciente.
Sólo estará superado por Lluís Pascual Estivill, condenado por extorsión a más de nueve años de cárcel en 1996. Otro precedente es el de Javier Urquía, condenado en 2012 a dos años de prisión por cohecho.
Desde entonces nunca se había producido una pena de esta magnitud, porque los demás jueces condenados en este tiempo fueron apartados de la carrera judicial por inhabilitación: Javier Gómez de Liaño (en 1997 y 15 años de inhabilitación), Baltasar Garzón (2012, 11 años), Elpidio José Silva (2015, 17 años y medio) o Fernando Presencia (2018, 10 años).
Rosell aplaude la sentencia: «Es magnífica»
Nada más conocerse la sentencia, Rosell se mostró «emocionada» después de «tres años de sufrimiento» con la «magnífica» sentencia que ha condenado a Alba. La diputada ha destacado la alta pena de prisión para el magistrado, así como los 18 años de inhabilitación que se le imponen por conspirar contra ella.
Aunque todavía no ha leído la sentencia completa, reconoce que el delito de revelación de secretos es muy difícil de comprobar, entre otras razones por el derecho constitucional de los medios de comunicación a no revelar sus fuentes, a pesar de que los documentos filtrados se han demostrado ahora «falsos».
«Es una sentencia magnífica, incluso en lo que no me favorece como es en el delito de revelación de secretos, porque admito como magistrada que es muy difícil de comprobar», ha subrayado.
La diputada y jueza cree que Alba recurrirá el fallo
No obstante, la diputada de Podemos se ha mostrado convencida de que el juez Alba recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo por lo que el caso aún no está cerrado y le tocará continuar defendiendo su honor.
En el juicio que se celebró el pasado mes de julio, se juzgó si el juez Alba manipuló una instrucción penal que había iniciado Rosell contra un empresario con la finalidad de perjudicar a su colega -entonces diputada de Podemos en el Congreso- y de favorecer la querella que el exministro José Manuel Soria (PP) había presentado contra ella ante el Tribunal Supremo.
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