Cospedal entrega a un diario los datos oficiales por los que una fundación cívica llevaba tres años litigando con Defensa

Civio avisa que el Ministerio ha utilizado a la principal cabecera de Prisa para difundir una información “parcial” sobre las personas que viajan en avión oficial en España, adónde van y quiénes les acompañan


Información de 'El País' sobre los datos por los que Civio y el Ministerio de Defensa litigaron tres años en los tribunales.

Información de ‘El País’ sobre los datos por los que Civio y el Ministerio de Defensa litigaron tres años en los tribunales.

La fundación ciudadana Civio, que ejerce una labor de control de los poderes públicos a través del acceso y análisis de información oficial, ha denunciado que el Ministerio de Defensa ha facilitado al diario El País una información por la que había peleado en los tribunales desde 2015. Se trata de los datos sobre las personas que viajan en aviones oficiales de la fuerza aérea en España, dónde van, quiénes les acompañan (familiares, empresarios, etc.) y por qué lo hacen.

Todo empezó en 2015, cuando Civio solicitó dicha información a través del Portal de Transparencia. Defensa, entonces dirigida por Pedro Morenés, se negó a suministrarla alegando que estaba protegida por la Ley de Secretos Oficiales. Este argumento es desestimado ya en 2016 por el organismo regulador, el Consejo de Transparencia, que insta al Ministerio a facilitar la información en un mes.

Civio denuncia que el criterio de la Audiencia de permitir el acceso a los datos a partir de 2014 supone “reinterpretar la ley”

Defensa no acata el mandato del Consejo, presentando un recurso contencioso-administrativo contra su decisión. El juzgado central lo desestima. El Ministerio no cede: lleva el asunto a la Audiencia Nacional que, finalmente, estima su recurso en parte: obliga a Defensa a facilitar los datos, pero solo a partir de diciembre de 2014, cuando entra en vigor la Ley de Transparencia.

Civio considera que el límite temporal establecido por la Audiencia no tiene base legal, puesto que la norma no lo contempla. Anuncia que recurrirá para acceder a todos los datos en posesión del Ministerio sobre los vuelos oficiales, incluidos los anteriores a 2014.  Es entonces cuando la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, da un golpe de timón. Acata la sentencia de la Audiencia Nacional, pero en vez de entregar la información a Civio, que había defendido su derecho a ella en los tribunales, se la entrega a El País que hizo una petición de información como la de Civio.

Información incompleta

Civio, que promueve publicaciones periodísticas sobre información oficial como El BOE nuestro de cada día o El indultómetro, ha denunciado que el proceder “arbitrario” de Defensa con los datos sobre los vuelos oficiales al “denegársela a un solicitante y otorgársela a otro” supone “no respetar el derecho a la información pública que nos ampara a todos por igual”.

Además, avisa de que El País ha publicado una información incompleta: los datos que le ha filtrado Defensa no incluyen datos sobre por qué las parejas y familiares de los altos cargos, asesores, periodistas, empresarios o parlamentarios con acceso a avión oficial viajan habitualmente con ellos o a dónde lo hacen. Cospedal tampoco ha proporcionado a la cabecera de Prisa información anterior a 2014, lo que convierte un aparente paso a favor de la transparencia en un movimiento destinado a dejar en la sombra gran parte de la información.

El Ministerio ha explicado a Público que la petición de información de El País se produjo ya con Cospedal al frente de Defensa, motivo por el que se aceptó aplicando el criterio que se defiende en los tribunales y fue respaldado por la Audiencia: solo se debe liberar la información a partir de 2014. Respecto a Civio, Defensa alega que su petición de información se produjo en la época de Morenés y sigue en litigio judicial.

Civio denuncia que establecer el límite para la transparencia en 2014 “deteriora gravemente el derecho de acceso a la información y de la transparencia de las instituciones, reinterpreta la ley y puede crear jurisprudencia”. Por ello, ha lanzado la campaña #InformaciónEnPeligro para difundir lo ocurrido y recabar apoyo para continuar el proceso legal que obligue a Defensa a hacer pública la infromación completa

 

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