- Durante los 24 años de mandato de Rita Barberá, de 1991 a 2015, el consistorio de Valencia fue búnker, trinchera o salón privado según la época.
- Por toda aquella nobilísima geometría desfiló durante años la nata del poder valenciano. Allí se hizo, se deshizo y se dejó hacer.
Las puertas están abiertas. La gente sube y baja por la escalinata de mármol, husmea por los palcos del hemiciclo y enumera los ecos al deslizarse por el Salón de Cristal. Al otro lado del antiguo Edén prohibido, los ordenanzas sonríen al paso de los grupos y la balconada del Ayuntamiento nunca está sola. Una de las primeras medidas del nuevo alcalde de Valencia, Joan Ribó, de Compromís, fue abrir a la ciudadanía las dependencias del consistorio. Desde junio de 2015, miles de personas han cubierto una ruta que se ha convertido en uno de los principales reclamos turísticos de las guías de ocio.
Pero no siempre fue así. Durante los 24 años de mandato de Rita Barberá, de 1991 a 2015, el viejo recinto fue búnker, trinchera o salón privado según la época. Sobre todo el ala norte, la parte noble, una consecución de dos oficinas, un enorme despacho consistorial y el diminuto, pero lujoso, salón Pompeyano, con sillones tapizados, imágenes pías y un aparador de madera con aromas a licores añejos. Y enfrente, una cocina con forma de hendidura hacia el interior del edificio.
Por toda aquella nobilísima geometría desfiló durante años la nata del poder valenciano. Allí se hizo, se deshizo y se dejó hacer. Dos lustros y medio de poder burgués según el gusto sobrio, aunque caro y muy poco indulgente, de su inquilina. Y es allí donde reside el foco principal del éxtasis corrupto del PP valenciano. No sólo por las últimas investigaciones, que apuntan al blanqueo de dinero, la financiación ilegal y el empacho en el cobro de comisiones. Algo que, de momento, ya ha hecho añicos el grupo municipal. También porque de allí surgieron algunas de las principales figuras de la historia penal contemporánea. Francisco Camps o Juan Cotino ejercieron como concejales durante la primera legislatura de Barberá. El primero se encargó de Tráfico y el segundo de la Policía Local. Ahora están procesados por el agujero de 45 millones en la Fórmula 1 y los 7,4 millones para la trama Gürtel durante la visita del papa Benedicto XVI, respectivamente.
Entre dos comunicados
José Barberá Armelles, don Pepe, fue un destacado falangista que dirigió la Asociación de Prensa Valenciana en las décadas de plomo de la dictadura. Durante un año vivió en Roma como corresponsal de El Siglo Futuro, el periódico de la Unión Antimasónica Española. Y allí fue donde sedimentó su devoción por Santa Rita de Casia, de quien tomó el nombre para bautizar a la segunda de sus hijas. Ella, la del nombre de santa, heredó del progenitor la carcajada estentórea, la oratoria áspera y un cierto gusto por la tinta de rotativa. Rita Barberá colaboró en Jornada, que fundó su padre, y fue cronista municipal de Radio Valencia, la emisora local de la SER. Más tarde ganó su plaza como jefa de prensa en el Gobierno Civil.
El 20 de octubre de 1982, la presa de Tous reventó y arrasó las comarcas de la Ribera del Xúquer. Aquel día Barberá redactó el comunicado oficial que aseguraba que la presa resistía cuando ésta ya se había convertido en herida batiente de aguas encabritadas. Casi 34 años después, un nuevo comunicado minimizaba otra incontenible hemorragia. En este caso la de su dilatada trayectoria política y, por extensión, la del PP de la ciudad de Valencia. En un texto de nueve puntos, Barberá, embozada en su casa y en el aforamiento como senadora, negaba las acusaciones de financiación ilegal con epicentro en la Alcaldía mientras 50 concejales, exconcejales y asesores pasaban uno tras otro por el principal cuartel de la Guardia Civil de la capital.
“Sigo en mi casa atenta a los hechos, saliendo cuando lo necesito y haciendo las tareas habituales”, escribía mientras asomaba la cara entre los visillos con un gesto entre desvalido y repugnante hacia el grupo de fotógrafos apostados en su portal.
Según las investigaciones, la última campaña electoral de las municipales contó con un extra de unos 50.000€. El mecanismo era sencillo: cada edil o asesor ingresaba 1.000€ a las cuentas del partido que después recuperaban con dos billetes de 500€ en un sobre. El papel grueso se diluía en compras en el departamento de Electrónica de El Corte Inglés según la máxima de “si no queda satisfecho le devolvemos su dinero”. Un dinero que regresaba en billetes sencillos. Es una de las estrategias que apuntan las pesquisas y que señalan a Luis Salom, el polémico asesor de redes sociales del PP local.
El núcleo duro de esta pequeña astilla en la llamada Operación Taula (mesa en valenciano) estaría conformado por Luis Salom y su íntimo Juan Pedro Gómez, asesor en la Alcaldía. Y por detrás, dos mujeres de la máxima confianza de la excalcaldesa. Por un lado, su hermana Asunción, Totón, en comisión de servicios durante años y exresponsable de las cuentas de Protocolo, también investigadas por la Fiscalía, y actualmente a cargo de las bodas civiles. Y, en segundo lugar, Mari Carmen García-Fuster, próxima a Barberá desde los tiempos de Manuel Fraga y Alianza Popular, cuyo abogado es José María Corbín, esposo de Totón e histórico letrado de la extinta Fuerza Nueva.
Las investigaciones sitúan a García-Fuster como cerebro de la maniobra. Algo que habrían denunciado los cuatro asesores que se negaron a realizar la transferencia. Según uno de ellos, Juan Pedro Gómez le insistió, siempre de parte de García-Fuster, para que ingresara los 1.000€. “Dijo que después los devolverían, pero me estaba divorciando y no me venía bien dar ese dinero”, explicó este asesor, que ha preferido mantener el anonimato. Tanto él como las otras tres colaboradoras pertenecían al equipo de Alfonso Grau, mano derecha de Barberá durante lustros, quien dimitió en marzo de 2015 tras ser procesado en el caso Nóos por las irregularidades en los 3,6 millones de dinero público para organizar tres ediciones de la Valencia Summit.
Tras su salida del Ayuntamiento, Grau se ha sentido solo, olvidado. “No he notado el apoyo y el calor en este trance que estoy pasando”, llegó a desvelar el 4 de febrero. Y, libre de ataduras políticas, explicó el pasado jueves, durante el juicio de Nóos, que Barberá sí se reunió con Iñaki Urdangarín y que éste pudo realizar negocios con el Ayuntamiento gracias a su intermediación. Una confesión impensable hace meses y que da idea de la magnitud del diámetro en la herida interna del PP. De hecho, el secreto de sumario, las detenciones y los registros ordenados desde Instrucción número 18 han sumido a la formación de derechas en un estado de catalepsia, pánico agudo y delaciones cruzadas.
Diez horas de grabaciones
El dolor de Alfonso Grau es doble. Por él y por su segunda mujer: María José Alcón, exconcejala de Cultura y uno de los principales tentáculos en la investigación. Hace meses se hicieron públicas conversaciones en las que Alcón, supuestamente, negociaba comisiones de hasta 9.000€ a cambio de adjudicaciones en obra pública valoradas en 1,5 millones y relativas, entre otras, a la construcción del centro cultural la Rambleta, la peatonalización del histórico puente de los Serranos o la rehabilitación de las Torres de Quart. Las mordidas también afectarían a la organización de la Mostra de Valencia de 2005 y 2006, donde aparece como contratista el nombre de Enrique Sospedra Barberá, a quien llaman “el sobrinísimo de la Jefa”.
El interlocutor de Alcón en esas cintas es Marcos Benevanet, la mecha corta que permitió la deflagración de la trama. En aquel tiempo, Benavent, “un yonqui del dinero”, como el mismo se definió, vivía en pleno síndrome de abstinencia y trabajaba para Cultura y la fundación Jaume II el Just, dirigida por Vicente Burgos, quien dejó un agujero de 9 millones y acabó entre la nómina de los 24 detenidos del pasado 26 de enero, cuando saltó la Operación Taula. Burgos, además, fue el primer marido de Alcón. Un triángulo de llamativas permeabilidades. De hecho, Benavent actuaba como una especie de comisionista full time con profundas raíces en Xàtiva, cuyo alcalde, Alfonso Rus, lo había ungido como delfín y nombrado, tiempo atrás, concejal de Juventud y Fiestas.
Así lo relata Rosa Pérez Garijo, la diputada de Esquerra Unida que destapó la trama tras presentar una denuncia en Anticorrupción en julio de 2014. Por aquel tiempo Benavent había sido rescatado por Rus, entonces presidente de la Diputación de Valencia, para dirigir la joya de la corona en la corporación provincial: la empresa Imelsa. Allí se gestionaba el centro de compras desde donde se distribuía dinero público a los ayuntamientos. Una concesión en manos del exsuegro de Benavent, José Mariano López, quien también acabó arrestado el 26 de enero.
Su hija y Benavent se habían divorciado y éste, además, le adeudaba varias mensualidades de la central de compras. López, afectado familiarmente y enojado por las trabas a sus negocios habría enviado a Rosa Pérez diez horas de conversaciones comprometedoras de su exyerno con políticos del Partido Popular. Unas grabaciones que efectuaba el propio Benavent a causa de una lejana obsesión por su seguridad. De hecho, cuando se vio acorralado, accedió en la Nochebuena de 2015 a su despacho de Imelsa y desapareció con un ordenador y un par de discos duros. Se sabe que estuvo en Japón, Holanda y Ecuador y que colaboró con la Justicia desde la distancia. A la mañana siguiente de las elecciones locales de mayo, acudió a los tribunales vestido con vaporosos ropajes, una poblada barba blanca y pidiendo perdón a la cámaras. “Va a salir mierda a punta pala”, avisó.
Alineados para delinquir
Un hedor de gran mastodonte en descomposición. En eso se ha convertido el PP valenciano. A medida que la investigación avanza se constata la dificultad de hallar un solo contrato sano. En 2008 se destinaron 32 millones para plantar césped artificial a dos empresas sin experiencia y propiedad de Vicente Cuquerella, el dueño del 37,2% de la sede del PP regional. Y en 2012, Alfonso Rus derivó 38 millones a Inelcom, de su íntimo Vicente Quilis, para llenar el País Valenciano de bombillas de bajo consumo leds.
“Esto para ti y esto para el partido”, asegura Pérez que se escuchaba con frecuencia en unas grabaciones que define como “vomitivas, machistas, en las que destacados miembros de la Diputación se reunían para robar con la misma naturalidad que podría juntarme con unos amigos para organizar una acampada”. Unas cintas, las que acabaron en manos de Pérez, que son sólo de 2005 y 2006. Pura minucia en comparación con las decenas de horas que López, el exsuegro, ha aportado a la investigación. Todo eso además de la información contante y sonante revelada por el arrepentido Benavent y que apunta a que el Consell de la época de Francisco Camps, la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia estaban perfectamente alineados para delinquir.
En suma, un barro original mucho más denso que el provocado tras la rotura de Tous y suficiente para cubrir toda una época de delirios y mayorías absolutas. Una feroz cosecha de barro en forma de Gürtel, Nóos, Brugal, Emarsa, Feria de Valencia, Ritaleaks, Dipugate, Trasgos, RTVV, Fabra, IVAM… Extensas variedades bajo una sola denominación de origen: Partido Popular de la Comunidad Valenciana.
Esta crónica está incluida en La Marea 36
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info relacionada, eldiario.es, 26-03-2016: Mónica Oltra reclama que los corruptos devuelvan el dinero saqueado a los valencianos
