A los de Rivera se les abre un panorama complicado con sus alianzas. La negativa del PP y de Vox -sus posibles socios si la aritmética les da -a la proposición, puede impedir que los ‘naranjas’ logren que este trámite salga adelante.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, durante una rueda de prensa tras la sesión de control al Gobierno en el Congreso. EFE/Mariscal
La historia de Ángel Hernández y María José Carrasco es de las que marcan. Ella sufría un estado muy avanzado de esclerosis múltiple y llevaba décadas pidiendo ayuda para acabar con su vida, pues la enfermedad le impedía realizar cualquier movimiento por sí misma. El matrimonio esperó durante años una respuesta del Congreso, una ley para regular la eutanasia que, sin embargo, nunca llegó. A la desesperada, Ángel le suministró una sustancia letal -que ésta bebió voluntariamente-y, poco después, fue detenido. Conocemos los detalles porque Ángel difundió el vídeo a los medios, a cara descubierta, para dar más fuerza a la lucha por el suicidio asistido, que ha reabierto el debate, en plena precampaña.
Tras 14 intentos fallidos de regular la eutanasia en España, la proposición de ley presentada por el PSOE el pasado mes de junio contaba con una mayoría suficiente para reformar el artículo del Código Penal y otorgar a los pacientes este derecho en dos supuestos concretos: por enfermedad grave e incurable o por discapacidad grave crónica. Pero esta ley no pudo, si quiera, llegar a ser discutida en ponencia -el momento en el que se debaten las enmiendas parciales y el texto legal se elabora- por la obstrucción del PP y de Ciudadanos, que utilizaron su mayoría en la Mesa del Congreso para mantener bloqueada la proposición.
Los motivos del PP eran claros: rechazaban, frontalmente, regular la eutanasia. Oposición que ha recalcado el líder del PP, Pablo Casado, recientemente. En el caso de Ciudadanos se trataba de un pulso político. Los de Rivera defendían que su Ley de Muerte Digna -que garantiza cuidados paliativos integrales para todos los enfermos terminales, incluida la sedación terminal- debía de ser tramitada en primer lugar, priorizándola a la Ley de eutanasia, que, de aprobarse, convertiría a España en el noveno país del mundo que despenaliza la ayuda médica a morir.
Lo cierto es que a Ciudadanos se le abre un panorama complicado con sus alianzas. La negativa del PP y de Vox -sus posibles socios si los números dan para la conformación de un gobierno de derechas – dificultaría este trámite, a pesar de que los ‘naranjas’ se han comprometido a impulsar dicha ley en sus primeros 100 días de Gobierno. Por ello, Albert Rivera ha pedido al PP que reconsidere su postura y promete una ley reguladora «garantista y con consenso, sumando a otros partidos».
Según las encuestas, más del 70% de los españoles están a favor de que se regule la eutanasia para enfermos incurables. Actualmente, el artículo 143 del Código Penal contempla penas de entre 2 y 10 años de cárcel, dependiendo de si se colabora o se ejecuta esa muerte. Momentos previos a la detención, Ángel -ante la presencia de la policía y de las cámaras de ‘El Intermedio’- recalcaba que no era «ningún delincuente». «Mi mujer no tenía medios para suicidarse porque no tiene movilidad y, de alguna manera, le he ofrecido mis manos».
División en el PP: voces a favor del debate y regulación
Los ‘populares’ se muestran más cercanos a los cuidados paliativos que a la legalización de la eutanasia. «Nosotros impulsamos en la distanasia, es decir, en que los enfermos rechacen tratamientos. Además, queremos meter mucho dinero en cuidados paliativos para que cualquier enfermo pueda recibir cuidados», decía Casado este mismo sábado. El candidato ‘popular’ intentó evitar la cuestión, alegando que no quería entrar en la agenda de los socialistas: «Que esto sea el eje de la campaña porque Sánchez ve que se le va la mano, tengo que pararlo».
La vicesecretaria de comunicación, Marta González, también acusó al presidente del Gobierno de falta de rigor: «Antes de tomar una decisión y de lanzar mensajes precipitados y electoralistas como el que mandó ayer Pedro Sánchez, utilizando de manera inaudita este hecho para lanzar un mensaje contra el PP y Ciudadanos, olvidando incluso el dolor de las personas implicadas, está la opinión del sector médico», subrayó la pasada semana.
No obstante, hay voces en el seno del partido, como la del presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, que reconocen que a pesar de que la eutanasia suscita «infinidad» de interrogantes, «ante la duda», él «opta por la libertad, por la posibilidad de que la gente pueda poner fin a su vida de una manera digna y humanitaria». El ‘popular’ no se esconde a la hora de reconocer que hay posturas que no comparte con la dirección de su partido.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, apelaba al diálogo tras las elecciones. «Hay que ver tras las elecciones que ocurre y ver si es necesario seguir planteándonos este debate» -decía el barón ‘popular’ este lunes- destacando el papel que juega, actualmente, el testamento vital.
Un caso similar al de la candidata del PP al Senado por Cantabria y hasta ahora diputada en el Congreso, Ana Madrazo, que ha indicado que «todavía queda debate» entorno a la eutanasia, que debe ser un asunto abordado con «consenso» y en el que deben de opinar y participar no solo los políticos sino también los profesionales sanitarios y todos los sectores implicados.
Posibles vetos autonómicos a su regulación
La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ve limitado el alcance de la proposición de ley de los socialistas para la regulación de la eutanasia, y advirtió, el pasado mes de enero, de la posibilidad de que las comunidades autónomas con gobiernos conservadores pongan trabas a su aplicación con la llamada comisión de control previo. Esa comisión, recuerda la DMD, delega en dos personas, un jurista y un médico, la revisión de la documentación del enfermo.
Fernando Marín, vicepresidente de la asociación y médico especializado en cuidados paliativos, hace hincapié en que las comisiones de control previo serían nombradas por las comunidades autónomas, con el riesgo de que acaben siendo «una herramienta de boicot» a la aplicación de la ley por razones políticas o ideológicas. «Se podría dar el caso de que haya gente de Galicia o Andalucía que se vaya a morir a Catalunya», alega.
El vicepresidente de DMD lamenta que la comisión de control previo sea «marca España», pues no existe tal figura en las leyes de Luxemburgo, Bélgica y Holanda, países en los que está despenalizada la eutanasia activa y en los que el control posterior de los casos «funciona muy bien». En el caso de Holanda, destaca que desde 2002 solo ha habido tres procesos judiciales contra médicos por dudas de que se cumplieran los requisitos que regulan la muerte asistida, entre decenas de miles de casos.
