El diputado de Ciudadanos y exvicepresidente de la multinacional les acusa de los delitos de coacciones, injurias y ofensas contra los sentimientos religiosos por la protesta que convocaron en la puerta de la catedral tras la sentencia del Supremo que anulaba el ERE de las embotelladoras del refresco.
Marcos de Quinto, exvicepresidente de Coca-Cola y diputado de Ciudadanos, durante una charla en París // REUTERS/Benoit Tessier (archivo).
Marcos de Quinto, diputado de Ciudadanos en el Congreso y ex vicepresidente de Coca-Cola, pide cuatro años de prisión para cada uno de los tres trabajadores de la planta embotelladora de Coca-Cola en Fuenlabrada (Madrid) a los que denunció por una protesta en la puerta de la catedral de Cuenca el día de su boda.
Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Público, De Quinto les denuncia por un delito de coacciones, otro de injurias y otro de ofensa contra los sentimientos religiosos, y solicita dos años de cárcel por el primer delito, otros dos por el tercero y una multa de diez euros al día durante 14 meses por el segundo.
Los hechos se remontan a septiembre de 2017, cuando el ya ex vicepresidente de Coca-Cola celebraba su boda con la soprano cubano brasileña Angélica De la Riva. El lugar elegido para el enlace fue la catedral, situada en la Plaza Mayor de Cuenca, y entre los invitados estaban los directivos tanto de la multinacional como de la embotelladora Coca-Cola European Partners, recuerdan fuentes de CCOO del comité de empresa de Fuenlabrada.
En ese mismo emplazamiento se citaron alrededor de un centenar de trabajadores afectados por el ERE en la planta embotelladora madrileña, los más activos en la batalla sindical contra el proceso de reorganización en España y Portugal que dio lugar al ERE y al cierre de cuatro de plantas en el país. Acudieron en autobuses para protestar por la dilación de la compañía en aplicar el fallo del Tribunal Supremo, que anulaba el ERE y le obligaba a reabrir la clausurada fábrica madrileña y a readmitir a los trabajadores despedidos.
De Quinto, que ya había advertido de la presencia de los trabajadores, fue muy crítico con ellos en redes sociales, donde les tachó de «payasos insultones» y «cobardes» y anunció que los «esperaría en los juzgados», ante los que aportaría el vídeo de su protesta «pacífica», añadía con ironía.
Gracias a todos los que hicieron este día inolvidable: invitados, @paradores, María, Nati, Robert
y también a los payasos insultones ;-)) pic.twitter.com/cFYWHRB23t— Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) October 1, 2017
Según fuentes de la defensa de los tres acusados, la denuncia llegó meses después de la boda aunque se archivó inicialmente por un defecto de forma en los poderes notariales de los abogados de De Quinto. Sin embargo, la Policía inició una investigación y aportó fotografías de la protesta gracias a las cuales la empresa identificó a estos tres trabajadores. Siempre según la defensa de los acusados, ha sido en 2019 cuando el ya diputado de Ciudadanos amplió su denuncia y añadió al delito de coacciones los otros dos y las peticiones de cárcel.
Sin embargo, pese a la severa petición de pena De Quinto, la Fiscalía sólo aprecia un posible delito de coacciones por el que pide alrededor de 15 meses de multa y en ningún caso prisión.
Manifestación comunicada y autorizada
Según fuentes de CCOO Madrid y de la defensa, la manifestación en la plaza de Cuenca estaba debidamente comunicada y autorizada por la Subdelegación del Gobierno. Se aprobó tanto el punto de reunión como la utilización de megafonía desde la que se profirieron consignas contra el ERE y la actitud de la empresa, con la que estos trabajadores han mantenido un largo contencioso en los tribunales desde que se plantearan los despidos y los cierres de plantas en 2013.
También explican que hubo presencia policial en la concentración, que no hubo ningún incidente ni identificación de ninguno de los asistentes y que la protesta se enmarca dentro de un conflicto sindical y está amparada por los derechos de libertad de reunión y manifestación.
Del mismo modo, insisten en que las coacciones consisten en obligar por la fuerza a alguien a hacer algo que no quiere o impedirle igualmente que no haga una cosa que pretende. «Nadie impidió que se celebrara la boda ni que nadie acudiera a ella», sostiene la defensa de los acusados, que precisa que todavía no hay fecha para el juicio.
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