Defender el derecho a decidir en Cataluña es defender España

“Puede ser un punto y seguido o puede resultar una radicalización aún mayor de las posiciones. Es sin duda una prueba de fuerza y legitimidad para ambas administraciones, sobre todo para el Gobierno central”.

Defender el derecho a decidir en Cataluña es defender España

El lenguaje nunca es neutro y en él se expresan las tensiones, intereses y fuerzas en torno a un asunto determinado. Cataluña, como tema, no es ninguna excepción.

El referéndum que las fuerzas independentistas han planteado para este próximo 1 de octubre, en el mejor de los casos, se tacha de desafío soberanista, en el peor de golpismo. Así mismo se habla de choque de trenes, dibujando una situación en la que aparentemente existen dos entidades contrapuestas, unionistas y secesionistas, o yendo un paso más allá, los demócratas y los sediciosos.

El movimiento, hasta el momento exitoso, consigue que exista la percepción de que el problema es solo de Cataluña y que, además, se circunscribe a un lapso temporal cortísimo donde solo importa un pasado reciente que se altera a voluntad.

El objetivo de este artículo es demostrar que la actual situación que se vive en Cataluña es solo comprensible, y potencialmente solucionable, entendiéndola como un conflicto derivado del tambaleante régimen del 78: en el plano largo, como la incapacidad de resolver su arquitectura territorial; y en el corto, como la consecuencia de una restauración reaccionaria, apresurada e involucionista que se ha dado como respuesta al intento constituyente, e irresuelto, que amplias capas populares y fuerzas de izquierda plantearon a raíz de la última gran crisis. La advertencia que este texto propone es que si esas mismas fuerzas constituyentes de toda España dejan a Cataluña a su suerte el resultado será potencialmente negativo, no solo para la parte sino para el todo y no solo en la cuestión territorial sino como validación de un proyecto de retroceso a todos los niveles. Solucionar Cataluña es solucionar España.

Lo nacional como proceso histórico y oportunidad política

El nacionalismo es una de esas ideas que tienen un acomodo material pese a ser una construcción meramente narrativa. Algo que es imaginario pero que tiene consecuencias reales, algo que dice basarse en unos hechos históricos pero que siempre se reproduce a posteriori, una mitología con raíces clavadas en la tierra. No el nacionalismo catalán, todos los nacionalismos, en cualquier latitud, incluido el español. Todo Estado comprende un territorio y necesita de un referente identitario para marcarlo, mantenerlo unido, dar a sus súbditos o ciudadanos una idea de pertenencia. Esa necesidad de cohesión no es gratuita, responde a un interés económico, que en un primer momento fue la de agilizar el comercio creando una sola unidad territorial que no tuviera que soportar monedas, impuestos y legislaciones diferentes.

Es a partir del siglo XIX, con las revoluciones liberales, cuando el nacionalismo es requerido con mayor fuerza para disputar al Antiguo Régimen la legitimidad sobre el aparato político, sobre el Estado. El nacionalismo fue arma de la lucha de clases, de la burguesía contra la nobleza. Si en Europa parece que siempre ha tenido un componente derechista, a raíz sobre todo del perverso pero exitoso uso que el fascismo hizo del mismo, en Latinoamérica o África valió como instrumento de liberación nacional contra el imperialismo. Leer de la misma forma el “Todo por la patria” que el “Patria o muerte” solo puede ser producto de la puerilidad, la maledicencia o la incapacidad política.

No hago comparaciones entre la Cuba del 59 y la Cataluña presente –a pesar del parecido evidente y lógico entre la bandera del país caribeño y la estelada– sino que intento hacer ver que el nacionalismo, y su correlato independentista, no pueden ser leídos en términos absolutos nunca, representado, según la época o el contexto, valores diametralmente opuestos.

Quien desde la derecha vapulea al nacionalismo catalán con contradicciones históricas hace el ridículo –pues las mismas se encuentran en el español, igualmente construido, igualmente imaginado–, quien lo desprecia desde la izquierda, oponiéndolo al elemento social o de clase peca de reduccionista.

La izquierda española no ha sabido o no ha podido históricamente asumir el nacionalismo como herramienta política, lo que la ha llevado a dejar este campo libre para la derecha y le ha provocado dificultades para encontrarse con las otras izquierdas nacionales. No se puede despreciar, aunque no se comprenda, aunque no guste, aunque no se comparta, una idea tan poderosa como la de nación, chutándola sin cuidado como un defensa asustadizo ante un balón difícil. Si la izquierda española quiere pintar algo en la actual coyuntura catalana no solo tiene que tener una postura sobre Cataluña, sino sobre el modelo que quiere para España, atreverse sin miedo a disputarle a la derecha la idea de nación.

El independentismo no surge en una noche, ¿de dónde venimos?

Si la derecha española había avanzado, obligada, al menos hacia las maneras demócratas, es en el aznarato, en su segundo gobierno, donde estos mínimos de convivencia se consideran complejos a eliminar. Es a partir de 2000 cuando Aznar, con ayuda de la FAES y de un grupo de notables donde se encuentran entre otros Savater, Azúa o Gorriarán, da salida a la idea del patriotismo constitucional, un concepto que en palabras del Presidente de las Azores surgía de la lucha contra el terrorismo y pretendía dar salida a “una identidad nacional renovada con el desarrollo de la Constitución” y que no trataba de “oponer un nacionalismo español al periférico”.

Aznar, al que le hizo falta hablar catalán en la intimidad para entrar en negociaciones parlamentarias con la derecha catalana y vasca, en su segunda legislatura, ya con mayoría absoluta, dio comienzo a algo que pese a las supuestas intenciones cívicas tenía como objetivo resucitar para la derecha un concepto de España que nunca habían abandonado, el de vía única, el de país no inclusivo sino excluyente. Fue la época en que los ojos estaban puestos en el País Vasco por el Plan Ibarretxe y donde en Cataluña una entente entre el delfín de Pujol, Mas, y Josep Piqué se daba por posible entre muchos analistas para las autonómicas de 2003, donde al final ganó Maragall en votos, lo que dio la posibilidad al gobierno tripartito.

Y llegó Zapatero. Un presidente con los consabidos debes donde no se encuentra, al menos, el no haber enfrentado el asunto autonómico, que es lo que, en ese momento, aún era. Entre el año 2005 y 2006 se aprueba el nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña, un texto que pasó por el Parlamento catalán, un referéndum y la aprobación de las Cortes y al que se opusieron el PP y ERC, los últimos por considerarlo insuficiente –y realmente como un intento de sorpasso a CIU– y los primeros por dar la lata. Sé que la expresión suena vulgar, pero no lo es menos que los motivos de un Rajoy que en el año 2006 declaraba que “lo que exige un mínimo de patriotismo y de sentido común es paralizar esta operación de liquidación de la nación española”. Ante una supuesta buena economía al PP solo le quedó agitar la calle contra cualquier propuesta del gobierno Zapatero, en unos términos, no lo olvidemos, que lindaban con lo ultra a menudo. Rajoy no se lo creía, posiblemente no lo deseara, pero la radicalización fue la única posibilidad de supervivencia ante una parte de su partido, con Aguirre al frente, que le quería desplazar. El señor de la sensatez se comportó de forma bastante insensata.

Fue ese momento, hagan memoria, donde el matrimonio igualitario iba a romper la familia, donde Zapatero había llegado al gobierno por una conspiración conjunta de la ETA, Marruecos, Al Qaeda, la Policía Nacional y la Orquesta Mondragón. Fue la época dorada de los radio-predicadores que agitaron sentimientos primarios y peligrosos. Y por supuesto el momento del “se rompe España”. Fue cuando los boicots a los productos catalanes, cuando se empezó a encender una absurda rivalidad valiéndose del fútbol entre Madrid y Barcelona, cuando los Papeles de Salamanca parecían una afrenta definitiva, cuando se hablaba de que los niños catalanes eran privados del español a punta de navaja. Y cuando el Partido Popular, encabezado por el señor Rajoy, hizo una campaña para recoger firmas en contra del Estatuto y presentó siete recursos de inconstitucionalidad ayudado por sus diputados, senadores y presidentes autonómicos. Aquello, por lo visto, muy bien no sentó en Cataluña.

Y el Estatuto se puso en marcha, desarrolló leyes y estuvo cuatro años sin dar mayores problemas. Hasta que en junio de 2010 el Tribunal Constitucional tuvo que contestar a los recursos de Rajoy. A pesar de que el Tribunal declaró constitucional la mayor parte del mismo, dejó sin efectos jurídicos el preámbulo, donde se hablaba de nación catalana, es decir, dejó sin consecuencias algo que no las estaba teniendo creando un problema donde no existía. Si la sentencia no fue definitoria para nadie, por su tono y su finalidad sentó el precedente que nos ha traído hasta aquí.

Expresó a toda la sociedad catalana que su decisión, tras haber pasado su filtro parlamentario, tras haber sido votada en referéndum, tras haber sido negociada en las Cortes, no había valido para nada. El Tribunal Constitucional, escudándose en una visión constrictiva del Derecho, había actuado como un legislador negativo.

Ya en julio se sucedió la primera manifestación multitudinaria en Cataluña, con el lema “Som una nació. Nosaltres decidim” en la que participaron todos los partidos catalanes, los sindicatos y miles de entidades sociales, exceptuando el PPC y Ciutadans. Alrededor de un millón de personas llenaron las calles de Barcelona. No sería la última vez.

Zapatero, en una entrevista reciente, dijo que nunca había visto en Mas a un independentista y que si Carod lo era, lo era de una forma romántica. Más allá de lo acertado de sus percepciones la frase denota algo que parece evidente, ni el nacionalismo de derecha contemplaba la independencia ni los que se decían independentistas podían imaginar un escenario tan inmediato. Lo interesante es que la deriva de supervivencia que impulsó a Rajoy a adoptar un extremismo táctico fue muy similar a la que llevó a los convergentes a creerse su propio relato independentista, algo en lo que posiblemente no creían, pero que a fuerza de hechos no tuvieron más remedio que hacer suyo.

El pueblo catalán, entre el mito y el protagonismo

El independentismo no ha surgido, como parece insistir la narración oficial, por generación espontánea o por las malas artes de unos extremistas. Pero la historia reciente, ineludible para entender nuestro momento, eludida para descargar de responsabilidades, estaría incompleta si solo se cuenta como hemos hecho hasta aquí, es decir, por arriba. La pregunta que deberíamos hacernos no es por qué una parte sustancial de la sociedad catalana se declara independentista, sino qué significa el independentismo para ellos.

El 27 de mayo del 2011 una brutal carga de los Mossos desalojó la acampada del 15-M en Plaza Catalunya. La policía autonómica, al servicio de unos intereses de clase, se comportó de la misma forma que la nacional, y sus responsables políticos, CiU por un lado y por otro el PSOE y más tarde el PP, no dudaron en hacer piña en esa ocasión. La simetrías siguen con la manifestación en el Parlamento de Cataluña o el Rodea el Congreso y, en general, con todos los conflictos de índole social, laboral y política que se sucedieron en la etapa pasada.

Es decir, en los momentos más duros de la crisis las derechas, aun manteniendo su duelo nacional, parecieron llegar a un acuerdo de no agresión para salvaguardar su orden mientras recortaban impunemente.

La izquierda española hizo una lectura parcial del proceso, entendiendo que los conflictos sociales anularon a los nacionales o, en todo caso, que los desplazaron. Aun pudiendo ser cierta esta aseveración en las situaciones concretas, lo que al final parece es que la crisis y sus consecuencias sí tuvieron un efecto en la cuestión que nos ocupa. Si en España el momento álgido donde se buscaba lo constituyente coincidió con la abdicación real, y si el cansancio y la aparición de Podemos desplazaron las esperanzas hacia lo electoral, en Cataluña esa esperanza constituyente encontró en una parte de su sociedad movilizada un acomodo en la idea de República Catalana.

Es difícil averiguar quién es esa parte del independentismo, lo que parece obvio es que el proceso no ha sido entendido de la misma forma por gente de clases sociales, zonas geográficas y simpatías políticas diferentes. Mientras que hay independentistas de derechas a los que les cuesta disimular una suerte de supremacismo catalán, hay otros, coincidentes con los sectores progresistas de ERC y las CUP, que sí parecen haber conseguido encajar, al menos en su narrativa, las ansias de cambio social surgidas tras la crisis con la idea de independencia.

También parece cierto que hay una parte de la sociedad catalana, de izquierdas, de clase trabajadora y no independentista, tradicional votante del PSC, que ha pasado a los Comunes, a Ciudadanos (aunque resulte contradictorio) o a la abstención, pero, que más allá de lo electoral, se siente huérfana de una propuesta que les acomode. Seguramente no quieren la independencia y no sienten, a fecha de hoy, que este sea el referéndum, como también parece probable que, tras el recrudecimiento de los ataques hacia lo catalán, o las exigencias por parte del independentismo más torpe de que abandonen una equidistancia que no es tal, se polaricen hacia una de las dos opciones.

Oportunidad constituyente contra profundización involucionista

Y ese es uno de los mayores problemas, las opciones. Tanto para la izquierda española como para la catalana sería un error fatal asumir el discurso de que solo hay dos posiciones, una unionista y una secesionista. Si estos son los límites que se aceptan, cualquier opción resultante será trágica para los intereses de los que no se sientan en los consejos de administración del IBEX.

La cuestión legalista del propio referéndum es el juego jurídico de los que hoy se arrogan la coartada de demócratas con la única intención de mantener un estatus que les beneficia. Parece arrogante definir como juego a la norma constitucional, eso si no atendemos a cómo es retorcida, ninguneada o machacada en aquellos títulos, mínimamente progresistas, donde entra en conflicto con los intereses de la clase dirigente. Nadie ha parecido recordar, cada vez que alguien ha sido desahuciado de su casa, el derecho a la vivienda, nadie ha parecido recordar, cada vez que alguien ha sido despedido de su trabajo, el derecho al empleo. De la misma forma, citar con tanto énfasis que la soberanía recae en el pueblo español cuando esa misma soberanía se cedió a los agentes de la Troika parece una burla.

Fue el propio Tribunal Constitucional el que en 2010, cuando se pronunció sobre el Estatuto de Cataluña, reconoció que algunos de los problemas planteados no lo eran en sí mismos, a un nivel de oponerse frontalmente al espíritu de la Constitución, y que por tanto lo que se requería era una reforma de la misma. Algo que se buscó pero que a instancias del PP no llegó a suceder. Sin embargo, esa reforma, para introducir el artículo 135, aquel que sí recorta la soberanía efectiva de los gobiernos electos a la hora de legislar, no tuvo ninguna dificultad en llevarse a cabo.

No es una cuestión pequeña que el próximo 1 de octubre se produzca o no el referéndum, no por sí mismo, algo que todos los actores saben que no tendrá un efecto inmediato y definitivo en la secesión catalana, sino por las formas en que suceda o deje de suceder. Puede ser un punto y seguido o puede resultar una radicalización aún mayor de las posiciones.

Es sin duda una prueba de fuerza y legitimidad para ambas administraciones, central y autonómica, pero quien más se juega es el Gobierno central, ya que en su postura de evitar la votación sin ofrecer ni una sola alternativa puede empezar a ofrecer una imagen difícil de defender incluso en el plano internacional.

Sin embargo, la mirada debe sobreponerse al referéndum y contemplar un escenario más amplio, algo en lo que hemos venido insistiendo en todo este texto. Lo esencial, por romper con la dicotomía unionista/secesionista, es calcular qué significa para la derecha española esta situación. A mi juicio a Cataluña se la da por perdida, no como territorio, sino socialmente. Nada que se haga puede despertar las simpatías hacia la derecha española de ninguna forma y esto, que hoy parece obvio, no lo era, como hemos visto, en las elecciones de 2003 o mucho más recientemente en acuerdos de gobernabilidad general. La clave es que Cataluña se está convirtiendo en la piedra de toque para iniciar una profundización involucionista en todo el país a gran escala. Rajoy, que no solo complicó la situación, que no ha dado una sola solución negociada o una vía de escape, es parte ya de una inercia que le supera ampliamente y que le exige mano de hierro no para resolver el conflicto sino para eliminarlo.

No se puede entender el referéndum sin las aspiraciones constituyentes, como no se puede entender la descarnada oposición sin tener en cuenta el clima de vendetta que tras las últimas elecciones se ha impuesto en España. Este termidor está sirviendo para pasar factura a todo aquel que levantó la voz en el periodo anterior, pero sobre todo para dar cuerpo a esa hegemonía reaccionaria que comenzó en el aznarato. Frente a una economía incapaz de satisfacer los intereses generales, frente a un mercado de trabajo más que precario, frente a una imagen merecida de corrupción, la salida es reforzar el concepto reaccionario de España. Por necesidad pero también por ideología, esa que entronca con un nacional-catolicismo que estuvo aletargado pero que hoy está ya activo.

En España no existe extrema derecha partidista y relevante porque las opiniones de la extrema derecha son defendidas sin ningún rubor, y cada vez más, por los autodenominados liberales. A saber: revisionismo histórico, xenofobia, clasismo totalizador, alejamiento de la aconfesionalidad, leyes represivas… y una deslegitimación constante del adversario político, no por sus propuestas concretas, sino por su mera existencia. Y esto no es algo que afecte solo al PP, aunque en él encuentre su máximo exponente, es una tendencia compartida por C’s, el derrotado aparato del PSOE, la gran mayoría de los grandes grupos de comunicación, la judicatura y, lo que es peor, una parte de la sociedad que, espoleada por el clima de aparente excepcionalidad, está asumiendo la peligrosa idea de que solo hay una forma de país, que es la suya, y que cualquier intento de cambio es ilegítimo y por tanto susceptible de detenerse por cualquier medio. Determinadas víboras, una vez libres, son difíciles de controlar.

La izquierda española no puede abstenerse de su papel histórico, no puede caer en una táctica cortoplacista y no protagónica por miedo a un descalabro electoral. No haciendo nada, el escenario en unas elecciones puede ser demoledor: las columnas acusando de traición, se haga lo que se haga, ya están escritas. Es posible que para los intereses de clase fuera más cómodo un país en el que no existieran tensiones territoriales, pero ese país no es el nuestro. Dejar sola a Cataluña supone fortalecer a su derecha nacional, no trazar complicidades con la izquierda independentista implica renunciar a construir un nuevo escenario juntos.

Un referéndum ha de producirse, no se puede volver a la situación previa, entre otras cosas porque la derecha española ya no lo desea. Un referéndum es necesario para los que quieren la independencia, pero también para los que no, porque es igual de injusto olvidar a los catalanes que no quieren marcharse. Un referéndum no pactado tiene una menor legitimidad, el problema es cuando no hay nadie con quien pactarlo. Cataluña, aun suponiendo que consiguiera una hipotética independencia en la situación actual, pagaría cara su nueva república: hacen falta salidas. La izquierda debe definir un nuevo modelo de Estado, explicarlo, discutirlo, debatirlo y luchar por él, sea esta la república federal o sea otro nuevo contexto, lo que no puede es limitarse a heredar un conflicto que no ha provocado, un modelo que está agotado y una estructura que se resquebraja.

Por todo esto defender el derecho de los catalanes a decidir su futuro es defender a España de quienes quieren que sea losa, uniformidad y paisaje tétrico. España no es eso, no siempre lo ha sido, a pesar de esa soga que une el ahorcamiento de Riego, el fusilamiento de Companys o el asesinato de García Caparrós. Hay otro hilo que ha unido a los españoles y a los que viven en este país pero no se sienten parte de él que se activa cada vez que la gente ha buscado su lugar en la historia, más allá de ese papel de espectadores pasivos en lo esencial pero protagonistas en la agotadora maquinaria del enriquecimiento. Y es hora de encontrarlo, es hora de volver a tirar de él.


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