Un estudio realizado por organizaciones de diez países ha mostrado las graves consecuencias medioambientales, democráticas y económicas de las Alianzas Público-Privadas (APP) financiadas por los bancos de desarrollo.
Los exministros Soria y García-Margallo y el expresidente de la Generalitat Alberto Fabra visitando el Proyecto Castor // Presidencia de la Generalitat
Las Alianzas Público-Privadas (APP), aquellos proyectos llevados a cabo mediante el acuerdo entre una empresa privada y una administración pública, “agotan los fondos públicos mientras no se ejecutan en el interés público”. Es la principal conclusión del informe History RePPPetead. How Public PrivatePartnerships are failing , escrito por expertos de más de 10 organizaciones de cuatro continentes, entre las que se encuentra el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG).
Este modelo empresarial de obras semipúblicas, que intenta escapar a las definiciones de privatización o externalización, ha representado una de las principales vías para desarrollar grandes proyectos en las dos últimas décadas. Este tipo de proyectos son financiados en gran medida por las administraciones públicas o son avalados por estas, dejando el riesgo en manos públicas pero reportando un enorme beneficio para las empresas privadas que los abordan.
Tras el estudio realizado, las diez organizaciones que han analizado casos de este tipo de inversiones público privadas, han llegado a la conclusión de que todos los proyectos tuvieron un alto coste para las arcas públicas y un nivel de riesgo excesivo para el sector público y, por lo tanto, resultaron en una pesada carga para los ciudadanos. Todos menos uno de ellos fueron totalmente opacos y no consultaron con las comunidades afectadas por dichas obras para comprobar si eran proyectos necesarios, lo que, según los investigadores, ha socavado la responsabilidad democrática.
Las Alianzas Público-Privadas “agotan los fondos públicos mientras no se ejecutan en el interés público”, según el informe
El informe cubre diez casos de estudio de Colombia, Francia, India, Indonesia, Lesoto, Liberia, Perú, España y Suecia. Los sectores investigados incluyen educación, salud, agua y saneamiento, energía e infraestructura. La mitad de estos proyectos tuvieron un impacto negativo considerable en la población más pobre del país donde se realizó la obra y agravaron la desigualdad entre ricos y pobres. El 30% de los proyectos, entre los que se encuentra el almacén de gas que provocó más de 1.000 temblores en la costa de Castellón en septiembre de 2013, el Proyecto Castor, causaron graves impactos sociales y ambientales.
Un polémico proyecto educativo de APP en Liberia, en el que el gobierno subcontrató la mayor parte de sus escuelas públicas primarias y guarderías a una empresa apoyada por el BEI, el Aeropuerto internacional Chinchero de la ciudad de Cuzco, o dos proyectos para el abastecimiento de agua en Indonesia o la India, son otros de los proyectos APP estudiados en el informe.
“El hospital más caro del mundo” es como se ha bautizado en Suecia al hospital Nya Karolinska Solna (NKS). Esta APP financiada por el BEI, con un presupuesto inicial de 1.400 millones de euros, acabó disparando su coste a 2.400 millones de euros. Lo que no evitó que el hospital se haya visto afectado por diversos fallos técnicos.
“Este informe es una llamada de atención seria. Es una colección de historias devastadoras, la mayoría de las cuales se traducen en escándalos nacionales e internacionales, tanto en las economías en desarrollo como en las desarrolladas”, ha declarado María José Romero, una de las autoras del informe y Gerente de Políticas e Incidencia de la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad).
La connivencia del Banco Europeo de Inversiones
El informe también señala al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y a otros bancos multilaterales de desarrollo, como el Grupo del Banco Mundial (GBM). El informe acusa a este tipo de bancos por su papel destacado en el asesoramiento y financiamiento para proyectos de APP en diferentes sectores “a pesar de la creciente evidencia que muestra que las APP son caras, arriesgadas y opacas”.
El estudio recomienda que el GBM, el FMI y otros bancos públicos de desarrollo como el BEI, junto con los gobiernos de los países desarrollados, desempeñen un papel principal en estas instituciones deteniendo la agresiva promoción e incentivación de las APP para la financiación de infraestructura social y económica, ayudando a los países a encontrar el mejor método para financiar para los servicios públicos en infraestructura social y económica. También exige que se asegure una buena gobernabilidad democrática antes de desarrollar infraestructura o servicios a gran escala, y que se apliquen rigurosos estándares de transparencia.
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EL PROYECTO CASTOR: TERREMOTOS Y DINERO PÚBLICO
La representación española en este ruinoso listado de APP nocivas para la ciudadanía, el medio ambiente y las arcas públicas ha sido el polémico Proyecto Castor. “Se ha incluido en el estudio como ejemplo paradigmático; por su fracaso en la puesta en marcha y por la injusta compensación de 1.350 millones de euros a la empresa privada ACS”, explica a El Salto Emma Avilés del ODG, la organización que ha aportado al estudio su investigación sobre dicha APP.
El almacén de gas subterráneo construido por la empresa de Florentino Pérez, ACS, se encuentra a 22 kilómetros mar adentro en la costa del norte de Castellón. En octubre de 2013 la tierra se movió bajo los pies de la gente que se encontraba en los municipios de Benicarló, Vinaròs y Alcanar. Más de 1.000 temblores se sintieron en esos días en una zona que nunca había sido sísmicamente activa. Inmediatamente el proyecto fue paralizado, pero los inversionistas y la empresa de Florentino Pérez, no solo no respondieron por lo daños ocasionados por los terremotos, sino que fueron indemnizados por ello.
Además, según denuncian desde el ODG, a diferencia de muchos otros países, en España no existe una regulación específica sobre APP ni una autoridad a cargo de la revisión de estos proyectos. En octubre de 2015, el Gobierno creó la Oficina Nacional de Evaluación para mejorar la calidad de las inversiones, pero “a día de hoy no está operativa, siendo de urgente necesidad su funcionamiento”, lamenta Avilés. Por ello, explica la integrante del ODG, y con la intención de depurar responsabilidades y evitar que el pago del fracaso del Castor se incluya en los Presupuestos Generales del Estado, “la sociedad civil organizada, mediante el ODG, Xnet e IDHC, está impulsando el Caso Castor , que en breve entrará al Tribunal Constitucional tras ser rechazada la querella por la Audiencia Nacional”.
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