Desmontando otra cantinela

De un tiempo a esta parte se ha instalado en el discurso oficial un nuevo mantra que viene para quedarse. No pasa día en que no se repita tan pronto como sale a colación el referéndum en Cataluña. La dichosa cantinela es una inexactitud, por no decir una falsedad, pero constituye otro de estos ejemplos de cómo una falacia, cacareada mil veces, puede acabar convertida en verdad. Veamos: “La democracia es el respeto de la ley”, nos porfían a diestro y siniestro últimamente desde el partido del Gobierno.

Pues bien, dejémoslo claro: la democracia NO es el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley es sólo una de las condiciones necesarias para la democracia. Como lo es la separación de poderes, las libertades civiles, la transparencia, etc.

Independientemente de cómo la interpretemos u organicemos, la democracia tiene una definición muy precisa: la soberanía del pueblo. Pero, claro, es improbable que el gobierno, ante el reto catalán y la petición de celebración de un referéndum, sostenga: “la democracia es la soberanía del pueblo”.

El respeto a la ley no es un principio que la democracia exhiba en exclusividad. Es más, las dictaduras lo hacen con mucha más frecuencia y contundencia. No se me malinterprete: no pretendo llevar el argumento hasta sus últimas consecuencias. No vivimos en una dictadura. Simplemente quiero dejar constancia de un hecho.

La frase, obviamente, alude a algo más, que es el Estado de Derecho. La mejor manera de entender el Estado de Derecho es oponerlo al reino de la arbitrariedad. El cumplimiento de la ley debe garantizarse mediante una Constitución, unas leyes escritas y el ejercicio de las instituciones del Estado contra el libre desempeño de un poder arbitrario, capaz de actuar libremente desligado de control legal o institucional.

Pero el Estado de derecho, al menos sobre el papel, tampoco es exclusivo de las democracias. Las autocracias también exhiben elaborados cuerpos de leyes y suelen tener Constituciones que los ordenan y, por supuesto, instituciones —policía, tribunales, sin ir más lejos— que las salvaguardan, al menos en teoría.

Otra cosa es que las democracias se acerquen más y mejor al ideal del Estado de derecho. Y esto por muchas razones: una mejor arquitectura institucional que establece la independencia de varios poderes que se controlan mutuamente, la existencia de una serie de libertades que contribuyen indirectamente al cumplimento de las leyes —libertad de expresión, de prensa, de asociación, de sindicación, de manifestación, etc— o por medio de la transparencia. Por eso los expertos hablan de Estado de derecho “formal” y Estado de derecho “substantivo” o real.

Sin embargo, la arbitrariedad o el incumplimiento de la ley también pueden darse en la democracia. ¿Cómo? Por ejemplo, colocando a fiscales inoperantes en la persecución del delito, promocionando a jueces afines en departamentos dedicados a la lucha contra la corrupción, apartando a fiscales por perseguir a presidentes del partido del poder, manteniendo la dotación de jueces per cápita al nivel de Ucrania, impidiendo el acceso transparente a los datos de concursos o licitaciones o prohibiendo que la ciudadanía grabe con el móvil actuaciones de policías extralimitándose de sus funciones. Todas estas actuaciones (¿les suenan?) nos apartan del cumplimiento de la ley y, por tanto, del Estado de derecho. El Estado de derecho no es un estadio acabado, sino un proyecto ideal y, en la mayor parte de los países, un proceso.

Además, en democracia no existe duda: no hay paradoja posible entre el huevo y la gallina. Lo primero es la voluntad popular, generalmente a través del voto. Y después la ley que emana de ella. La ley viene indefectiblemente después, como resultado de la expresión de la ciudadanía. La ley es la que se adapta a la segunda, y no al revés.

La primacía de la ley sobre la voluntad popular es una característica idiosincrática de la derecha. Lo es al menos desde el siglo XIX, cuando los conservadores se oponían a la soberanía popular e invocaban una supuesta “constitución” transmitida por la tradición (Burke). Sin embargo, en aquella época rechazaban abiertamente la palabra democracia. Hoy la esgrimen como bandera.

Pero encasillarse en la defensa de la ley como expresión o resumen de la democracia es un argumento fraudulento. La defensa a ultranza de la ley, sin aludir o ampararse en la voluntad popular, pertenece en mayor medida a sistemas no democráticos. La democracia se caracteriza porque permite una constante revisión popular de la ley a través del medio que sea, generalmente a través de la labor de los diputados, esto es, los representantes del pueblo, que permanentemente refrendan y mantienen la ley o la reforman o derogan.

Quiere esto decir que la ley se está renovando continuamente, aunque no se toque, pues nuestros representantes la renuevan al no cambiarla y también la renuevan al reformarla o derogarla.

El caso grave en el que nos encontramos es que los representantes del pueblo catalán han rechazado la ley en lo que afecta a su territorio, pero carecen del instrumento último para cambiarla. No es poca cosa. Nos hallamos ante una grave crisis de legitimidad constitucional.

Resolverla por la vía represiva y meramente judicial es la opción que se ha tomado. Puede salir bien. O no. Pero los instrumentos que definen la democracia, como expresión de la voluntad popular, son la participación, la negociación, el consenso y en última instancia, si no funciona lo anterior o se quiere llegar por la vía rápida, el voto.

Enrocarse en la ley, cuando es cuestionada por una mayoría cualificada como la representada por el parlamento catalán, es desde luego legítimo, pero no muy democrático.

Esta afirmación es independiente de nuestra opinión sobre el resultado del referéndum. Personalmente abogaría firmemente porque Cataluña permaneciera ligada a España. Incluso desde una perspectiva puramente política, y teniendo en cuenta que una secesión de este tipo no podría legitimarse más que con una mayoría cualificada (a decidir), es harto complicado que la independencia fuera refrendada. Mañana quién sabe. Con perspectiva histórica se observa hoy mejor que nunca que el intento de Zapatero de buscar un Estatuto consensuado entre las dos partes en litigio fue la mejor opción desde una perspectiva no sólo democrática (teórica) sino también política (práctica), porque, entre otras cosas, no se fundamentó en un referéndum que separa abruptamente a la población. Ahora ya es probablemente tarde para volver a aquel intento. De su rechazo estos lodos.

Publicado en Pensando