El trabajador denunció a los agentes por abuso de poder, detención indebida, agresiones verbales y denuncia falsa, pero no se presentaron al juicio. La Plataforma per la Llengua del País Valencià considera que le aplicaron la ley mordaza.
Imagen de archivo de un Policía Nacional. / AGENCIAS
Un repartidor de comida a domicilio en Elche fue denunciado por dos policías nacionales tras negarse a identificarse y porque estaba «hablando en valenciano, aunque los agentes le piden que hable en castellano», informa el diario Levante.
El trabajador, Jafet Pinedo, considera que no se sostiene la querella, presentada en junio, e hizo lo propio en los juzgados: denunciar por abuso de poder, detención indebida, agresiones verbales y denuncia falsa a los agentes. Hoy deberían presentarse en el juicio, pero no se pudo celebrar porque no comparecieron en el tribunal.
La Plataforma per la Llengua del País Valencià detalla que Pinedo circulaba en bicicleta el pasado 20 de junio cuando tuvo que adelantar a dos vehículos que ocupaban el carril bici. “En bon lloc esteu», les recriminó en valenciano. O sea, “en buen lugar estáis”.
Cuando había avanzado unos metros, recibió el alto de uno de los coches, del que se bajaron dos varones que se identificaron como policías nacionales. Como no tenía el carné de identidad encima, el repartidor asegura que «fue detenido y trasladado, con insultos, hasta la comisaría de la Policía Nacional».
Una vez en dependencias policiales, los agentes lo denunciaron por negar a identificarse. Según él, como no llevaba la documentación encima, les dijo el número del DNI, pero fue igualmente objeto de una denuncia, en la que se refleja que estaba «riéndose de los agentes» y «hablando en valenciano”, pese a que “le piden que hable en castellano».
La Plataforma per la Llengua del País Valencià, que defiende al repartidor, considera que «la denuncia de los policías contra Pinedo representa un incumplimiento flagrante del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que los funcionarios “deben garantizar la atención al ciudadano en la lengua oficial” que emplee, añade el diario Levante.
Los defensores del valenciano, quienes le han mostrado su apoyo ante los juzgados, también creen que es una forma, según ellos, de aplicarle la ley mordaza por hablar su propio idioma.
