- Un informe de la Fundación Migra Studium arroja que la mayoría de internos son jóvenes de 19 a 25 años y de origen argelino
- El año pasado 640 personas, 90 menos que en 2015, estuvieron internadas en el centro de internamiento de la capital catalana; dos de éstas eran menores
- La entidad destaca que las condiciones de internamiento y ocupación máxima del CIE son el motor de los «problemas y tensiones» del centro
El Centro de Internamiento de Extranjeros en la Zona Franca de Barcelona // EFE
De origen argelino, de 22 años edad y sin antecedentes penales. Ése es el rostro de los encarcelados en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona. Así se expone en un informe elaborado por la fundación Migra Studium con datos de 2016 y presentado este jueves. El mismo estudio constata que dos menores pasaron por el centro de internamiento de la capital catalana el año pasado.
Según arroja el estudio de la entidad, durante el año pasado 640 personas, sólo hombres (las mujeres detenidas en Catalunya son trasladadas a Madrid o Algeciras), pasaron por el CIE de la Zona Franca de Barcelona. Fueron 90 personas menos que en 2015 las retenidas, aunque el CIE tan sólo funcionó en 2016 durante cuatro meses; el resto del tiempo el centro anduvo cerrado por reformas. Tras las obras, la fundación acompañó a 146 personas (22,81% de los internos), con un total de 414 visitas.
Las informaciones de Migra Studium apuntan a Argelia como el país de origen de la mayoría de los internos (fueron el 84% de los reclusos visitados por la fundación), con una diferencia abismal con la segunda nacionalidad del centro, la marroquí (13,7% de las personas). De estos internos, un 24% estarían comprendidos en la franja de edad que va de los 19 a los 25 años.
Migra Studium apunta que 23 de los 144 reclusos acompañados serían posibles menores de edad. Dos de ellos fueron reconocidos efectivamente como tal, algo que la ley prohíbe según el artículo 62.4 LOEx 4/2000. El dato de Migra Studium refuerza la denuncia de otro estudio, el elaborado por el Servicio Jesuita a Migrantes durante el 2015 y que hablaba de hasta 19 menores internados en los CIE de España.
El informe de la entidad explica además que, si bien el Ministerio del Interior continúa «criminalizando» las personas migrantes privadas de libertad en los CIE bajo el argumento de que se interna y expulsa a «personas delincuentes», los datos muestran los contrario: el 74,66% de los internos no presentaba antecedentes penales y tan sólo el 18,49% estaba imputado o procesado en un procedimiento judicial pendiente de sentencia.
De los 27 casos de las personas con antecedentes penales, Migra Studium registró que siete (25,92%) fueron detenidas tras su salida de prisión, después de haber completado íntegramente la condena. El hecho que los llevaría al CIE sería la pérdida de autorización de residencia tras dicha condena.
La devolución (57% de los casos) es el motivo que más ingresos provocó en el CIE de la Zona Franca. El 20,55% de las personas visitadas fueron ingresadas por razón de órdenes de expulsión dictadas antes de su internamiento y por razones de estancia administrativa irregular.
Las condiciones en el CIE
«Los bajos índices de expulsiones hacen sospechar que se está haciendo un uso excesivo e injustificado de la privación de libertad», asevera el estudio. En esta situación se encontrarían aquellos que Migra Studium pasa a denominar los «inexpulsables», ya sea por su situación de indocumentación o la falta de acuerdos bilaterales entre países.
La falta de expulsiones sería el motivo –según el informe– por el cuál los CIE se convierten en un «albergue» para muchas personas; más de la mitad de internos visitados por la fundación habrían pasado más de 40 días en los centros. La sobrepoblación de estos espacios y las condiciones de los mismos serían el motor de los «problemas y tensiones» del CIE, según la entidad. En Barcelona se han producido recientemente motines por las condiciones de los presos, además de la alarma por posibles epidemias.
Según el estudio, las obras iniciadas en 2015 para la mejora de las condiciones deficientes del CIE de Barcelona no fueron suficientes. Según las voces recogidas por Migra Studium, los internos lamentan el poco espacio disponible en el CIE por la sobreocupación, la incomodidad de sus literas o los problemas para acceder a agua caliente. Para la fundación encargada del estudio, el actual modelo de gestión del CIE es «exclusivamente policial» y no prioriza las condiciones de vida de los internos y sus derechos fundamentales.
Además de los problemas de los espacios físicos del centro, Migra Studium también destaca una serie de agravantes estructurales. Según la fundación, la falta de intérpretes o la restricción telefónica, provocó que durante sus visitas el 28% de los internos declararan haber sentido privado su derecho a la comunicación. Un 11% de los reclusos denunció no comprender su situación jurídica, lo que resultaría en una vulneración del derecho a la tutela jurídica y a un proceso con todas las garantías. Los problemas apuntados por Migra Studium llevaron al Ayuntamiento de Barcelona a ordenar el cierre del centro en octubre del 2016 pero Interior forzó su reapertura.
