El actor riojano César Vea lleva el drama de la estafa de las renovables a Bruselas

Si una cosa dejó clara el estreno de Sol(d)Out el pasado día 26 de junio en Bruselas es que el gobierno de España no ha sabido garantizar el principio de seguridad jurídica a los inversores en energía fotovoltaica.

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Momento de la presentación de la película «Sol(d)Out» de César Vea en el Parlamento Europeo en Bruselas. En la foto, además del director y sus familiares se encuentra el europarlamentario Xabier Benito Ziluaga.

Sol(d)Out es el nuevo documental de César Vea, rostro reconocible del cine y la televisión en España y, también, miembro de una de las 62.000 familias estafadas por el gobierno del Estado cuando éste decidió, de manera unilateral, incumplir el contrato que dichas familias firmaron con él.

Lo hizo además aplicando recortes de manera retroactiva a los que se atrevieron a apostar por esta energía renovable en el país de los 300 días de sol, recortes de hasta el 30% en el caso del PSOE, que llegaron al 50% durante el gobierno del PP.

Con aquella lejana voluntad del presidente José Luis Rodríguez Zapatero de incentivar las energías renovables en 2007 y amparados entonces por el Real Decreto 661/2007, 62.000 familias españolas —endeudándose de manera importante con los bancos que dejaban fluir el crédito ya que era el propio país el que hacia la llamada y con quien se firmaba el contrato— y, en menor medida, algunos fondos extranjeros, todos, invirtieron 25.000 millones de euros y situaron a España a la vanguardia mundial en cuanto a apuesta por las energías alternativas.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Sol(d)Out abre nuevos interrogantes sobre la eficacia de nuestros gestores pero también da muchas respuestas y ofrece luz a una realidad que no se ve, que apenas se cuenta.

Cabría preguntarse a quién interesa que el país no se ahorre los casi 40000 millones de euros al año de la importación de combustibles fósiles, que pudo y aún puede ser sustituida por energías limpias y de producción estatal.

También cabría poner el cuarentena la afirmación de los tribunales en España de que no se ha vulnerado el principio de seguridad jurídica. Sí ha sucedido según el juez Baltasar Garzón en declaraciones en la propia película, se han vulnerado las directrices del Tribunal de las Comunidades Europeas junto al principio de confianza legítima, porque es precisamente el Estado quien debe garantizar el cumplimiento, la estabilidad y la protección de aquellos inversores que confiaron en su palabra.

Sin embargo el gobierno se ha mostrado más preocupado por garantizársela a las grandes multinacionales pero ha abandonado a los pequeños inversores. Es decir, ha atacado a la credibilidad del aval que significaba la propia participación del Estado en el proceso que convirtió la propia administración en una trampa perfecta.

El Estado de paso, participó en crear una imagen ficticia de que aquellas familias que invertían en energía solar eran unos aprovechados, unos defraudadores o peor, unos ladrones.

Es decir, participó en la destrucción interesada de la reputación de inocentes en una estrategia de distorsión y ruido ambiental para no asumir la responsabilidad institucional. Porque hablamos de inversiones que podían ser rentables en 10 o 15 años, lo cual deshace la teoría de que esas inversiones tenían carácter especulativo.

En contraste a esta postura España es el país que más demandas internacionales tiene ante tribunales de arbitraje por haber incumplido la normativa reguladora.

Y así, la situación del propio César Vea pasó un mes a las puertas del Congreso de los Diputados en el corazón de Madrid para visibilizar el abandono a su suerte de estas 62.000 familias y su propio caso, uno de los más graves.

Vea se encontró con el apoyo de cientos de ciudadanos y, de manera más sorprendente, de los diputados riojanos, tal vez conscientes de la responsabilidad directa del Gobierno de La Rioja en la situación generada a la familia del actor y director villarejo.

En Europa sí se puede

Resulta llamativa la atención que sobre esta situación se ha generado en el Parlamento Europeo, lamenta Enrique, inversor fotovoltaico, destacada por el contraste con la marginalidad con la que los medios en España tratan el asunto.

Durante el estreno, el eurodiputado Xabier Benito Ziluaga que ejerció de anfitrión y presentador, como ya hiciese en 2017 con el pase del cortometraje El camino del Sol del mismo director, exigió que la situación fuese resuelta de inmediato por el gobierno español ya que evidenciaba una auténtica injusticia y un comportamiento difícil de justificar por parte del Estado español.

Además de una veintena de activistas fotovoltaicos desplazados a Bruselas para la ocasión, durante el pase de la película se pudo ver en la sala también a los eurodiputados españoles Miguel Urbán, José Blanco López o Esther Herranz (que se limitó a entrar, saludar a Blanco e irse).

En el debate posterior al pase se agradeció reiteradamente la valentía y el trabajo de César Vea que, a pesar del costoso y doloroso proceso vital vivido hasta la fecha, está sacando a la luz con sus películas la situación de estas miles de familias cuyos derechos están siendo vulnerados.

Aquel PSOE, este PSOE

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmó hace unos días en una entrevista para eldiario.es que antes del verano tendremos una respuesta para los pequeños inversores atrapados en las renovables.

Esta declaración está en sintonía con las declaraciones en el documental de Hugo Morán —Secretario de Estado de Medio Ambiente— o Cristina Narbona —Exministra de Medio Ambiente y hoy Presidenta del PSOE—, no tanto con las de José Blanco López —Ministro de Fomento en el momento en el que se tomaron aquellas decisiones—, que aboga por resolver el futuro sin especificar cómo se debe resolver la situación generada por el propio gobierno del que fue parte.

Con todo, aunque la confianza de los afectados está mermada, las palabras de Ribera han dado un poco de aire a aquellas familias que se enfrentan a situaciones dramáticas: destrucción de puestos de trabajo, desahucios, embargos, impagos, ruina, suicidios de familiares o precariedad, es decir, que han sido y están siendo expulsados del sistema.

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