- Unos 110 organismos han destinado más de 35 millones para poner en marcha unos 24,5 MW. El ritmo se ha acelerado tras la derogación del ‘impuesto al sol’
- Buena parte del esfuerzo inversor corresponde a Aena, que ha aprobado un plan dotado con unos 250 millones
- El Gobierno de Baleares, las ITV andaluzas o la empresa de aguas de Murcia, entre las apuestas más significativas, aunque los ayuntamientos copan muchos pequeños proyectos
El autoconsumo despega en el sector público.
Más de un centenar de organismos públicos se han lanzado a invertir sumas que ya alcanzan cuantías millonarias para promover el autoconsumo de electricidad. En paralelo al espectacular descenso de costes de la generación fotovoltaica, esta solución energética empieza a despegar con el impulso de las Administraciones de todo signo político. El ritmo se ha acelerado tras la derogación del famoso ‘impuesto al sol’ hace un año.
Los datos disponibles en diferentes plataformas de contratación y boletines oficiales reflejan que unos 110 organismos públicos han licitado o adjudicado en los últimos años inversiones en autoconsumo por importe de más de 35 millones de euros para poner en marcha más de 200 instalaciones cuya potencia supera los 24,5 megavatios (MW).
Desde que se aprobó el decreto que suprimió el ‘impuesto al sol’, en octubre de 2018, la inversión se ha disparado hasta unos 22,8 millones en proyectos que suman unos 16 MW de potencia. Las cifras, aproximadas, dan idea del creciente interés del sector público por promover sus propias instalaciones de generación de electricidad.
Por número de procesos de licitación, llevan la delantera las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…) con en torno al 70% del total. Destacan especialmente los municipios, que hace un par de años ya lideraron la apuesta por la contratación de electricidad con garantía de origen renovable.
Con apoyo en muchos casos de los fondos europeos FEDER, ayuntamientos de toda España (Catalunya es la región más activa) se han lanzado a poner en marcha pequeñas instalaciones fotovoltaicas en un amplio abanico de edificios públicos: cubiertas de colegios, guarderías e institutos, piscinas municipales, cementerios, polideportivos, bibliotecas, geriátricos, comisarías, centros cívicos, parques de bomberos, estaciones de autobús, aparcamientos, plantas de tratamiento de aguas…
Uno de los más activos es Barcelona, que lleva adjudicados o licitados sobre 1,3 millones. El plan más ambicioso, con un presupuesto de algo más de un millón, salió a concurso en julio. Prevé instalar unos 364 kilovatios (kW) fotovoltaicos en ocho centros educativos de la capital catalana.
Placas fotovoltaicas de Aena en el Aeropuerto de La Palma.
El despliegue del Estado está siendo más discreto si se atiende al número de iniciativas, pero no al volumen de la inversión, gracias al empuje de Aena, controlada por el Estado (51%). Hasta ahora lleva invertidos unos 16 millones en 11,5 MW en sus aeropuertos en Madrid, Canarias y Baleares. Son proyectos que ha venido desarrollando desde 2016, pero es solo en principio, tras la aprobación, en febrero, de un ambicioso plan con unos 250 millones de inversión para situarse como líder mundial aeroportuario por producción de energía renovable en autoconsumo (650 GWh/año).
El plan, «que está previsto se inicie a partir del 2026», prevé una reducción del consumo eléctrico del 70%, equivalente a la demanda de unos 190.000 hogares durante todo un año, «lo que supone evitar la emisión de 167.000 toneladas de CO2 a la atmósfera», según Aena, que recalca que «la eficiencia económica que se obtenga repercutirá positivamente en las compañías aéreas a través de las tasas aeroportuarias, favoreciendo la competitividad del transporte aéreo». Las superficies destinadas en cada aeropuerto para este uso están «siendo objeto de revisión y coordinación con respecto a los usos de desarrollo inmobiliario».
Entre las comunidades autónomas, que suponen en torno al 17% de los proyectos, destaca Baleares. El pliego del contrato de suministro de electricidad que el Govern sacó a concurso en agosto recoge que esta región ya tiene 38 instalaciones de autoconsumo en edificios públicos de titularidad autonómica con una potencia pico de 2.991 kW. De esa cifra, 2.359 kW se han instalado en cumplimiento del anterior acuerdo de suministro eléctrico de 2017, que incluyó el compromiso de los adjudicatarios de poner en marcha una serie de plantas de autoconsumo como parte de su oferta.
La fórmula se ha repetido en el nuevo contrato. Valorado en un máximo de 144,6 millones, obliga a los adjudicatarios a instalar en 2020 otras ocho plantas con una potencia pico de 601 kW. En este caso, no hay disponible un desglose de la inversión prevista.
Entre las autonomías, también destacan los 3,25 millones cuyo gasto autorizó en mayo la Región de Murcia a cargo de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuracion de Aguas Residuales (Esamur) para instalar plantas fotovoltaicas en 12 estaciones depuradoras de aguas residuales de la región entre este año y 2020 con una potencia de 1.064 kW.
Las instalaciones de tratamiento de aguas concentran varios proyectos, como el de la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Granada, que tiene pendiente adjudicar un contrato presupuestado en 588.000 euros para instalar tres plantas de 695 kW, y otros de menor dimensión de las empresas de aguas de Tenerife y Gran Canaria, la Diputación de Álava y ayuntamientos como los de Murcia, Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca), Almazán (Soria), Asparrena (Álava), Daroca (Zaragoza), Xove (Lugo) o Bueña (Teruel).
Entre las diputaciones, destaca el proyecto que sacó a concurso en septiembre la de Málaga para instalar 161 kW fotovoltaicos en una piscina municipal, un hotel de gestión pública, instalaciones de bombeo de agua, un consultorio médico y varios colegios. El presupuesto es de 276.743 euros.
Estaciones de ITV y centros sanitarios
La empresa pública que gestiona las estaciones de ITV de Andalucía, Veiasa, acaba de iniciar los trámites para instalar 69 puntos de recarga de vehículos eléctricos en 27 de sus estaciones que estarán alimentados por plantas de autoconsumo fotovoltaico con una potencia pico de 854 kW. El proyecto se ejecutará en un máximo de 15 meses y supone una inversión de 1,42 millones. Es «pionero en España», destaca Veiasa, pero no el único: en Murcia, el Gobierno regional adjudicó el mes pasado una planta de 44,88 kW en una ITV en Alcantarilla por unos 58.000 euros.
También hay varios proyectos en hospitales y centros sanitarios: dos plantas de 99,84 kWp en los hospitales Reina Sofía y Virgen de la Arrixaca (Murcia) que el Servicio Murciano de Salud adjudicó el año pasado por 324.704 euros; o uno de los pocos proyectos en Madrid: los 188 kW que el Servicio Madrileño de Salud adjudicó a finales de 2018 por unos 207.000 euros en 19 centros de salud en Madrid, Leganés, Alcorcón, Móstoles y Parla. Más recientemente, en agosto, el Servicio Riojano de Salud sacó a concurso dos instalaciones con 153 kW por 132.840 euros.
Entre las universidades, destaca la de Jaén, que en marzo adjudicó a Endesa un contrato con un valor estimado de 2,2 millones para poner en marcha una planta «con una potencia mínima a instalar de 900 kWp» en el Campus de las Lagunillas y otra de 180 kWp en el Campus Científico-Tecnológico de Linares, según recogía el pliego de condiciones; por su parte, la Universidad de Vigo acaba de adjudicar por 432.465 euros la instalación de 518 kW en sus campus de Vigo, Ourense y Pontevedra.
En las islas, donde el autoconsumo es más interesante si cabe (sobre todo en Canarias, un sistema eléctrico totalmente aislado con importantes sobrecostes respecto a la Península) destacan los cuatro proyectos que sacó a concurso en agosto la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife para instalar 243 kW, con un presupuesto global de más de medio millón, y las iniciativas llevadas a cabo por los cabildos de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.
En Baleares, la empresa de ferrocarriles SFM destinó en marzo 102.143 euros a instalar casi 100 kW en las cubiertas de sus talleres en la estación de Son Rullán, y el Consell Insular de Menorca se ha lanzado a poner placas en varias residencias geriátricas, entre otros edificios públicos.
Todavía está pendiente la puesta en marcha de un registro estatal de instalaciones de autoconsumo que, junto a varios problemas de descoordinación entre administraciones, está dificultando el cobro de los excedentes de las plantas para los productores. Cuando esté disponible, la foto será más completa.
