El Ayuntamiento comienza este viernes el proceso para proceder a la mayor exhumación en España tras la de San Rafael, en Málaga, que se hizo entre 2006 a 2009
Pepita Amado, cuyo padre fue concejal republicano del Ayuntamiento de Sevilla, se hace la prueba del ADN.
El Ayuntamiento de Sevilla ha asegurado en solitario la financiación necesaria -1,2 millones de euros- para exhumar la fosa de Pico Reja, en la que los historiadores creen que hay al menos 1.103 cuerpos de represaliados y represaliadas tras la represión, dirigida por el general Queipo de Llano, posterior al golpe militar del 18 de julio de 1936. Esta exhumación será la mayor que se acometerá en España después de la que se hizo en Málaga, en la fosa de San Rafael, entre 2006 y 2009, y puede señalar un camino para el resto de capitales.
El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), garantizó que la fosa se exhumará a lo largo de este mandato. “Es un paso verdaderamente histórico en Sevilla y de trascendencia nacional ya que se trata quizás de la mayor fosa común que [en estos momentos] cuenta con un proyecto concreto para su exhumación”, dijo el regidor en una rueda de prensa.
“Y, por tanto, es también uno de los más importantes proyectos que se acometen en nuestra tierra en materia de Memoria Histórica por la importancia y el volumen de la fosa común de Pico Reja. Fue un compromiso que este gobierno adquirió en el pasado mandato con las familias y las entidades memorialistas y hoy es una realidad con esta licitación”, agregó Espadas.
“El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Junta de Gobierno del próximo viernes aprobará los pliegos y, por tanto, la licitación pública de un servicio técnico para la exhumación e identificación genética de los cuerpos de la fosa común de Pico Reja, en el Cementerio de San Fernando”, se lee en un comunicado enviado por el Ayuntamiento. “El fin último [de la exhumación] es dignificar la memoria de las personas que fueron arrojadas allí, darles un entierro digno y atender a las peticiones de sus familias”, añade el consistorio.
Inicio y final de los trabajos
De este modo, Espadas no va a esperar a la Junta de Andalucía ni a la Diputación para que firmen el convenio, al que se habían comprometido. Licitando ahora, en el arranque del mandato, las obras, el alcalde se asegura que la exhumación se haga a lo largo de esta legislatura y no se dilate más. Fuentes municipales aseguraron a Público que creen que tanto la Diputación como el Gobierno andaluz colaborarán con la exhumación, la Junta no antes de septiembre.
Si llegaran a aportar dinero, la cantidad se descontaría de los 1,2 millones que el consistorio calcula como necesarios para llevar a buen puerto los trabajos. Espadas recordó que está aún pendiente la firma de un convenio al respecto con la Junta y la Diputación para la financiación de estos trabajos. “Y esperemos que se rubrique a la mayor brevedad posible”.
“Ese contrato garantiza el inicio de los trabajos y su final, sin esperar a que las restantes administraciones públicas –provincial, andaluza y nacional– concreten sus aportaciones”, se lee en la nota del consistorio.
Espadas y la delegada del Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, Adela Castaño, detallaron los pormenores de este contrato a familiares de las víctimas y a las distintas entidades comprometidas con la Memoria Histórica en Sevilla. “No temáis, la exhumación y la identificación de cuerpos se harán”, les aseguró el alcalde.
Los pormenores
La empresa que resulte adjudicataria habrá de incluir como mínimo en su equipo un historiador, 5 profesionales de Antropología Forense y Física, 5 de Arqueología y 10 trabajadores y trabajadoras auxiliares de apoyo. “Con las máximas garantías de rigor científico, ejecutará prospecciones, recogidas en superficie, excavaciones en la fosa, exhumaciones y recuperaciones de cuerpos y restos”, asegura el Ayuntamiento en la nota. «Asimismo, deberá preservar y custodiar, también con todas las garantías científicas, las muestras de restos óseos y muestras biológicas tomadas a los familiares hasta su entrega a la Universidad de Granada para su identificación genética”, exige el ayuntamiento.
El proyecto se desplegará en tres fases, según explicó el consistorio. La primera atañe a la exhumación en sí y la identificación de los cuerpos, con trabajos que incluyen: la excavación arqueológica; intervención sobre los restos encontrados (la excavación y la identificación directa e individualizada de estos cuerpos determinarán si son o no represaliados o represaliadas); exhumación (identificación, registro de huellas sobre violencia y extracción individual de cada cuerpo o resto); antropología forense (es decir, fijar sexo, edad, patologías o anomalías); análisis antropológico de manera en laboratorio; y conservación y protección para preservar estos restos óseos y análisis de ADN.
La segunda fase consistirá en la realización de un informe final como lógica contribución a la historia de la represión franquista. Y la última fase será el destino final de los restos.
El Ayuntamiento respetará en todo momento el deseo de las familias sobre los restos identificados. Los restos no identificados y aquellos sobre los que los familiares expresen el deseo de permanecer en el mismo lugar, “se inhumarán en un espacio autorizado con indicaciones técnicas adecuadas para identificaciones en un futuro”.
Tras finalizar los trabajos, “se repondrá el espacio como lugar expositivo y explicativo del significado histórico de la fosa de Pico Reja”. La adjudicataria deberá presentar una propuesta de reconstrucción del enclave actual que incluya un columbario de homenaje a las víctimas.
