A cambio de 80 millones de euros, el Ayuntamiento de Jerez privatizó en 2013 la empresa pública de agua, cediendo su gestión a FCC-Aqualia por un periodo de 25 años. Ante las críticas de la oposición, la alcaldesa María José García Pelayo (PP) reiteró que la venta de la empresa municipal más rentable se llevaba a cabo bajo el compromiso de no subir la tarifa del suministro, mantener la calidad del servicio y la estabilidad de la plantilla. Pero tras la privatización, el convenio cayó, y se comenzaron a rescindir los contratos con las empresas auxiliares.
En un municipio con un 40% de paro, en el primer año la factura de este bien básico se encareció un 11,5%. Pese a que el negocio era rentable –Aguas de Jerez ganaba nueve millones de euros al año, con lo que en 25 años los beneficios superarían los 200 millones- el gobierno municipal prefirió optar por hacer caja de inmediato y perder el control público sobre este servicio esencial de la ciudad.
Es sólo un ejemplo de la multitud de casos similares sucedidos a lo largo de toda la geografía española, donde hoy en día el 55% de los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua, que son esenciales para la vida humana, han sido privatizados.
Este porcentaje convierte a nuestro país en una excepción: la media europea se sitúa en un 30%, y a nivel mundial se reduce al 10%. Casi la totalidad de estos servicios se encuentran en manos de dos multinacionales: la francesa Suez (a través de Agbar y sus distintas filiales) y la española FCC, que acaparan el 89% del mercado nacional. Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, las empresas constructoras como FCC se han lanzado al negocio del agua. También se han beneficiado empresas no tan grandes. En Aragón, varias pequeñas constructoras se dedican hoy a este servicio. Mientras capitales europeas como París y Berlín han retomado el control público del agua, en los países del sur de Europa estas compañías han encontrado un terreno fértil para hacerse con la gestión de los recursos hídricos en unos municipios ahogados por las deudas y con acuciantes problemas de tesorería.
La vía de privatización más implantada en nuestro país es el denominado modelo francés, que consiste en la concesión de la gestión del agua a una empresa privada durante un largo periodo de tiempo, o, si ello puede suponer un coste político para el equipo de gobierno, la constitución de una empresa mixta. En ambos casos, el control efectivo lo ejerce la empresa. “El inversor privado no tiene ningún problema en ser la parte minoritaria, y le ofrece al alcalde, ‘usted puede salir a decir que ha mantenido el control’; pero hacer un seguimiento de cómo se está gestionando se hace imposible”, afirma Pedro Arrojo, doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza e impulsor de la Fundación Nueva Cultura del Agua. “La participación del sector público es una escenificación, tenga el porcentaje que tenga”, añade Eloi Badia, ingeniero y activista ambiental. Para Moi Subirana, portavoz de Aigua és Vida, no existe diferencia en la práctica entre los modelos mixtos y los totalmente privados: “No existe ningún modelo mixto donde el ayuntamiento esté empoderado y tenga capacidad de regular”, sentencia.
La burbuja hídrica
Y es que en la totalidad de los casos de empresas mixtas de agua, las competencias de gestión recaen en el socio privado. Tres cláusulas se repiten en este tipo de contratos: el know how (saber hacer), en virtud del cual la empresa se hace con la gestión alegando que ésta es muy compleja y requiere de medios técnicos de los que sólo ella dispone; la exclusividad en las compras y subcontrataciones relacionadas con el servicio del agua –que la empresa acaba adjudicando a divisiones de su mismo grupo y que en ocasiones “les puede suponer más beneficios que la misma concesión del agua”, afirma Badia- ; y periodos largos de contrato, que pueden durar entre 20 y 40 años, y que, según sostiene Arrojo, “tienen la misión de garantizar a la empresa la irreversibilidad de la privatización”.
El resultado de todo ello es un negocio garantizado que, además, dispone de cláusulas de “lucro cesante” en virtud de las cuáles la empresa tiene derecho a reclamar el dinero que dejará de ganar si el siguiente equipo de gobierno decide revocar la privatización.
Además, las compañías cuentan con la protección que le otorga el derecho a la privacidad en la empresa para no tener la obligación de facilitar datos sobre determinados aspectos de su gestión. Fernando Morcillo, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), que agrupa tanto a empresas públicas como a privadas, es la única fuente consultada que discrepa: “Las empresas son bastante transparentes, es la Administración la que pone las condiciones del pliego y debe controlar que se cumplan”.
Por otro lado, la necesidad de maximizar beneficios, señalan los expertos, conlleva una desinversión en el mantenimiento de las infraestructuras. Así, mientras el modelo de concesión mixta se ha extendido en los últimos años, las fugas de agua en la red se han incrementado hasta llegar al 20% del abastecimiento.
Uno de los costes más directos para los ciudadanos es el aumento de los precios. Según un estudio reciente de Aigua és Vida sobre la gestión del agua en Cataluña, los servicios privatizados encarecen una media del 25% la factura. En algunas zonas, como el Área Metropolitana de Barcelona, la diferencia supera el 90%. Mientras en la capital catalana se abona 1,824 euros por metro cúbico de agua, en municipios vecinos con gestión pública el precio medio es de 0,95 euros.
Otro ejemplo de diferencia de precios entre la gestión pública y privada lo encontramos en dos depuradoras situadas en el término municipal de Zaragoza. La Cartuja, con una capacidad de tratamiento de agua para un millón de habitantes, la explota desde hace dos décadas la Unión Temporal de Empresas (UTE) que encabeza Veolia, la otra gran multinacional francesa del agua junto con Suez. La segunda es La Almozara, que con una capacidad diez veces menor -sirve a unos 100.000 habitantes-, es gestionada de forma pública. Pese a su menor capacidad, el coste por metro cúbico de agua depurada en la instalación pública es de 13 céntimos, mientras que La Cartuja triplica el precio: 41 céntimos/m3.
En Huelva, según los cálculos de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), el precio del agua ha subido un 65% desde que se privatizó su gestión. “El aumento de la tarifa cuando se produce una concesión puede ser debido a un potencial programa de inversión, y al canon de concesión”, justifica Morcillo de AEAS. En ocasiones, las subidas de precio se retrasan para no perjudicar al equipo de gobierno que lleva a cabo la privatización. “Generalmente, durante la primera legislatura tienen preparado que el alcalde o alcaldesa que lleva a cabo la concesión no se vea confrontado a un aumento de tarifa, pero pronto sube entre un 10 y un 20%”, detalla Arrojo.
El canon concesional, la tarifa que abona la empresa y que posteriormente recupera mediante las facturas del agua, es el principal motivo por el que los municipios deciden externalizar la gestión: un importante ingreso monetario que, al contrario de lo que sucede en otros países en los que el canon está también implantado, no es obligatorio destinarlo al ámbito del agua. “Aquí no se privatiza porque el servicio sea bueno o malo, sino por el dinero que paga la empresa por hacerse con el servicio. Ese dinero, el alcalde o alcaldesa lo puede gastar, y lo hace, en partidas que no tienen que ver con el agua”, critica Luis Babiano, gerente de Aeopas. “El canon juega un papel de compra de voluntades, altera la decisión política porque sirve para atender las urgencias de los municipios o hacer campañas de marketing para los consistorios”, coindice Eloi Badia.
Cambio de tendencia en Europa
Cada vez más ciudades en todo el mundo están recuperando la gestión pública del agua.
En 2014, fueron 180 municipios. París, el feudo de Suez y Veolia, que se repartían la gestión de la ciudad, una a cada lado del río Sena, remunicipalizó el servicio en 2010. Los efectos fueron inmediatos. El primer año, la empresa pública Eau de París ganó 35 millones de euros y rebajó la factura del agua un 8%. Actualmente, esa rebaja ha llegado al 15%.
Berlín, Hamburgo, Nápoles y Yakarta, la capital de Indonesia, han seguido el mismo camino. “En Europa central se están revirtiendo los procesos de privatización. Sólo en el sur de Europa, las multinacionales han aprovechado la crisis para entrar, por medio de la troika”, señala Arrojo. Aun así, en algunos casos se han encontrado con una fuerte oposición. En Tesalónica (Grecia), la contestación ciudadana a la privatización exigida por Bruselas forzó un referéndum que la frenó. Igual sucedió en Italia, donde, en 2011, 27 millones de ciudadanos –el 60% del censo-, aprobaron con el 90% de los votos instaurar en la Constitución el derecho humano al agua. Las críticas también frenaron el proceso privatizador en Portugal, pese a que era una de las condiciones de la troika.
En España, poco a poco, se va invirtiendo la tendencia. La sociedad Aguas del Huesna, que da servicio a una treintena de municipios en Sevilla, fue pionera en la remunicipalización cuando en 2007 recuperó la gestión pública tras los incumplimientos de la empresa que la gestionaba. También en Torrelavega (Cantabria) se ha retomado la gestión pública después de que funcionarios del ayuntamiento denunciaran a la empresa concesionaria por manipular los caudalímetros y por la autocompra de muchos servicios.
En Arteixo (A Coruña), gobernada por el PP y sede de Inditex y otras firmas textiles, el Consistorio decidió romper la concesión después de las quejas de los industriales sobre la poca fiabilidad del sistema. Arenys de Munt y El Figaró (Barcelona) son dos de los siete municipios catalanes que últimamente han remunicipalizado el servicio. También en Manacor (Mallorca) y en Ermua (Vizcaya) se recuperó el control público, en esta última tras las manifestaciones que originó una subida repentina del precio del agua.
“Todos los casos de remunicipalización han dado beneficios”, asegura Babiano, que expone, sin embargo, que el proceso para llevarla a cabo no es sencillo. En los casos en que se fuerza una rescisión del contrato, subraya, “el obstáculo principal es el canon”, puesto que la empresa reclama que se le abone el dinero que dejará de ganar. En Arenys de Munt, la primera demanda que presentó el grupo Agbar por indemnizaciones y amortizaciones pendientes subía a 600.000 euros. “La última auditoría determinó que no se debía indemnizar”, explica Badia, que añade que, a pesar de que finalmente el municipio pueda acabar ganando el proceso judicial, ello supone un freno: “Muchos alcaldes no quieren pasar por el trago de poner al municipio en un contencioso administrativo contra una multinacional”, concluye.
Babiano, con Aeopas, media en el proceso de remunicipalización en Córdoba de Aguas del Priego. Destaca que en muchas ocasiones existen irregularidades en la gestión del agua por parte de la empresa concesionaria, así que es imprescindible una voluntad política firme para hacerle frente. “Aguas de Priego se privatizó por 4,5 millones de euros. En la negociación, FCC nos lo ha puesto a seis millones, porque tiene miedo de que el fenómeno se airee. Existe un margen, amenazar a la empresa con levantar todas las tuberías para ver lo que ha hecho”, sentencia. “Además, teniendo en cuenta que la gestión pública es más barata y, haciendo una proyección a 25 años, acaba saliendo a cuenta. Otra cosa es la capacidad financiera que tenga el ayuntamiento en ese momento”, añade.
Morcillo se muestra más escéptico sobre los beneficios de la remunicipalización. “La palabra remunicipalización, si quiere decir que se devuelve a los municipios la gestión, no me gusta nada. La experiencia nos dice que la administración directa de la gestión del agua por parte de los municipios ha sido un fracaso. Otra cosa es que se lleve por parte de una empresa pública. Empresas públicas eficientes en España hay muchas, y son líderes en sus actividades, como el Canal Isabel II en Madrid o Emasesa en Sevilla”, mantiene Morcillo. En todo caso, el presidente de AEAS está de acuerdo en que “si un modelo no funciona, por ejemplo si en una concesión no se cumplen las condiciones, se busquen alternativas, tanto en un sentido como en otro”, porque, defiende, “nuestros estudios nos dicen que no podemos considerar que hay un modelo mejor que otro desde el punto de vista económico”.
Para Pedro Arrojo, “las grandes empresas están perdiendo la batalla; están en una fase de pánico”. En el marco de la Iniciativa Agua 2015, muchas regiones están logrando el compromiso de los partidos políticos por una gestión pública, transparente y participativa del agua. En Cataluña, siete fuerzas políticas (Barcelona en Comú, ERC, CUP, ICV, EUiA, Podem y Procés Constituent) unieron su firma a la campaña en abril. En el resto del Estado, el PSOE también se está adhiriendo al manifiesto. Tan sólo PP y Ciudadanos se resisten a unir sus firmas a este pacto por la gestión pública del agua.
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Directivos de Aquagest (Agbar) en Santiago de Compostela, entre ellos el delegado de la empresa, han sido acusados de sobornar a cargos públicos para conseguir contratos y de cobrar gastos falsos.
Según la investigación, la empresa concesionaria trató de cargar al Consistorio una factura de 400.000 euros por el servicio de cuatro depuradoras que no funcionaban. En Asturias, la Policía investiga a más de 30 políticos, entre ellos a varios alcaldes, a quienes Aquagest pagó viajes por valor de más de un millón de euros entre 2009 y 2013. También a cargo de Aquagest, en 2010 el actual presidente cántabro, Juan Ignacio Diego Palacios, y su consejero de Obras Públicas disfrutaron junto a dos acompañantes de una estancia en un balneario de cinco estrellas. Aqualia, del grupo FCC, ha empleado a algunos cargos públicos que participaron en las privatizaciones de algunos municipios; y en Barcelona Anticorrupción investiga el servicio de aguas de Agbar, para el cual no hubo concurso público.
Son algunos de los casos de presunta corrupción vinculados al negocio del agua, que se desarrollaron al calor de la opacidad que brinda el modelo. Pero para Luis Babiano, también existe “corrupción legal”. En el municipio de Punxín (Ourense), la entrega del servicio de aguas a Aquagest en 2010 incrementó en un 300% la factura. “No puedo hacer nada. En el contrato tienen 107.000 euros al año y hay que dárselos”, justificaba el alcalde. Una comisión vecinal descubrió que no sólo eran víctimas de un aumento desorbitado de precios: el agua llevaba arsénico.
Pedro Arrojo denuncia que algunas infraestructuras ligadas al agua en Aragón se construyeron a un tamaño de entre 7 y 10 veces superior al necesario. “No se ha rescindido ni un solo contrato. Al contrario, se han preparado 2,4 millones de euros para indemnizar a empresas. Aquí hay indicios de corrupción”, zanja.[/box]
–publicado en la revista Cercanías, a la venta en quioscos y en la tienda virtual de La Marea
