El cártel del fuego (I): Quemando dinero público en España y Portugal

Los incendios que arrasan cada año la Península Ibérica se alimentan no sólo de oxígeno y madera, sino sobre todo de corrupción

<p>Avión de extinción de incendios. </p>

Avión de extinción de incendios. 

Lisboa | 12 de Septiembre de 2017

Parece complicado relacionar los 64 muertos, 200 heridos y 53.000 hectáreas que sucumbieron a causa del incendio de Pedrógão Grande, en junio 2017, con una serie de reuniones informales convocadas cada año, desde 2001, por un grupo de empresarios españoles en el hotel de carretera El Cruce, en una salida de la Autovía de Andalucía, en Manzanares (Ciudad Real). En realidad parece complicado relacionar las muertes de Pedrógão, y la superficie calcinada por incendios en Portugal y España en lo que va de año —118.000 hectáreas sólo en Portugal—, con otra causa que no sea la ineptitud política, los intereses de empresas locales o pequeños propietarios de tierras, la plantación descontrolada de eucalipto o los pirómanos. Sin embargo, todo apunta a que los fuegos que arrasan cada año la Península Ibérica se alimentan no sólo de oxígeno y madera, sino sobre todo de corrupción.

Esta es la conclusión a que se llega si se estudian las investigaciones por corrupción en la adjudicación de contratos públicos de extinción de incendios realizadas en Valencia, Andalucía, Baleares, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cataluña y Aragón. En Portugal comienza a haber denuncias de casos similares, incluso con los mismos protagonistas que en España, interpuestas por particulares, por trabajadores de empresas públicas y privadas anti incendios. Incluso hay un proceso abierto desde 2015 que mantiene como imputado al exministro de Administración Interna portugués Miguel Macedo. Es un modus operandi que se ha extendido a otros países como Italia, Francia e incluso Chile, pero en todas existe un denominador común: todas llevan la marca España.

En 2001 comenzaron una serie de reuniones periódicas entre los administradores de cuatro grandes empresas españolas de extinción de incendios: Avialsa, Faasa, Trabajos Aéreos Espejo y Trabajos Aéreos Martínez Ridao. Con el tiempo, a estas se les unirían otras dos, Compañía de Extinción General de Incendios, S.A. —CEGISA—, que incluía el conglomerado de Inaer y ambas, hoy, como filiales del gigante Grupo Habock, y Transportes Aéreos Extremeños, S.L. Estas seis empresas forman lo que la Policía Judicial denomina el “Grupo 6”, de cuyas primeras reuniones saldría un sistema delictivo que atraería a un total de 14 empresas, agrupadas en la Asociación Española de Compañías Aéreas —AECA—, según el sumario que llegó, desde el juzgado de Instrucción Nº2 de Sagunto, en Valencia, a la Audiencia Nacional en enero de 2017.

Es un modus operandi que se ha extendido a otros países como Italia, Francia e incluso Chile, pero en todas existe un denominador común: todas llevan la marca España

En el auto de las diligencias previas elaborado por el juzgado de Sagunto, al que CTXT ha tenido acceso gracias a Armando Cáceres, de Ecologistas en Acción — organización personada como acusación en la causa abierta en Andalucía—, queda “suficientemente acreditada la existencia de una organización, englobada en el conjunto de catorce empresas asociadas en AECA, que (…) alteraban el precio de los concursos públicos tanto en relación a aviones de ala fija como de helicópteros, tanto a nivel nacional como autonómico, para o bien dejar desiertos los concursos, a los efectos de incrementar el precio de licitación, o acudiendo en la mayor parte de los concursos tan solo una empresa, por el precio máximo de licitación y por ende, adjudicándoselo por dicho importe, o presentando varias ofertas, de las que previamente eran conocedoras cuál iba a ser la adjudicataria, (…) y causando por ello un importante perjuicio económico para el erario público”.

Las catorce aeronáuticas llevan, presuntamente, casi veinte años vertebrando un sistema de manipulación fulminante de un mercado del que no sólo dependen la supervivencia de bosques, parques naturales o reservas, sino también de casas, fincas, propiedades y vidas humanas. El auto del juez Héctor Ignacio Santamaría habla de un desembolso de más de 250 millones de euros en concursos manipulados en menos de 15 años, pagados por las administraciones públicas. Voces dentro del sector hablan de sobrecostes que a veces han incrementados los costes en un 30%, gracias a la colusión de varias empresas que han logrado poner al Estado contra las cuerdas, obligándole a retirar fondos de un lado para pagar los precios abultados de otro.

El Grupo 6 llegó a redactar y firmar un pacto de asociación en el que se acordaba “respetar las zonas en las que cada compañía tiene su área de influencia, así como los nuevos contratos que cada empresa consiga que salgan a concurso público”. Así reza en el documento redactado por la “Asociación”, firmado en una primera reunión en Palma del Río, localidad cordobesa donde se encuentra la sede de la mercantil Faasa, por Miguel A. Tamarit Campuzano —Faasa—, Vicente Huerta Domínguez —Avialsa—, Fernando Espejo Delgado —Trabajos Aéreos Espejo—, y Ángel Martínez Ridao —Trabajos Aéreos Martínez Ridao—, todos ellos imputados.

Los firmantes especificaron las áreas de influencia de cada empresa que el resto debía respetar: Avialsa en Valencia y Cataluña; Martínez Ridao en Mallorca, Castilla la Mancha, Andalucía y Galicia; Espejo en Canarias y Andalucía; Faasa en Castilla y León, y Cegisa —por medio de Inaer— en Portugal. El acuerdo firmado entre los gerentes de las empresas, cuyo acto fue filmado para asegurar su cumplimiento en un futuro, estipulaban el pago de una cuota para adquirir nuevas naves anti incendios, o para compensar a una empresa que hubiera perdido un contrato en una de sus áreas de influencia, ya fuera a manos de otra empresa fuera del cártel o de una perteneciente a éste. Los representantes de las 14 empresas investigadas en la causa iniciada en Valencia se enfrentan a acusaciones de pertenencia a organización criminal, alteración de precios en concursos públicos y delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Diversos cargos públicos se enfrentan a su vez a penas por cohecho, delito de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público y negociación prohibida a funcionario público. Entre ellos se encuentran: el exalcalde de Quartell (Valencia), Francisco Huguet, del Partido Popular —al que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal le achaca un enriquecimiento ilícito de alrededor de 800.000€ como alcalde de un municipio de 1500 habitantes—; su mujer, María del Carmen Peiró; el exconcejal del Partido Popular Emilio Máñez; el exsecretario del Partido Popular Valenciano, exconsejero y ex delegado del Gobierno, Serafín Castellano; el ex director general de Interior de Valencia, Pedro Hidalgo; un ex alto cargo de la consejería de Interior de la Generalitat Catalana, Ramón Dinarés Bosque; el ex jefe de contratación del Departamento de Interior de Cataluña, Xavier Palmés Cosido, y el ex jefe de la Sala Central de Bomberos de la Generalitat, Manel Bosch Serch.

Andalucía: el funcionario que tiró de la manta

Los casos investigados en casi todas las autonomías españolas se están unificando en una macrocausa en la Audiencia Nacional, pero para entender el fondo del problema hay que conocer las diferentes fuentes de las que se alimentaba, y se alimenta, el cártel del fuego. El primer caso que vio la luz en los medios de comunicación fue el denunciado en Valencia, en 2014, por un exgerente de Avialsa, Francisco Alandí. La trama se remontaba a 2012. Ese año, 9 meses antes de que Alandí dejara la empresa, éste contrató los servicios de un técnico informático para introducirse en el ordenador de otro gerente de Avialsa, el hoy investigado Vicente Huerta Domínguez. Sabía lo que buscaba, y dos años más tarde Alandí acudiría a la policía con los documentos privados que demostraban que Vicente Huerta había conseguido contratos por valor de 33 millones con el gobierno valenciano y la consejería de Sanidad de forma fraudulenta.

Los casos investigados en casi todas las autonomías españolas se están unificando en una macrocausa en la Audiencia Nacional

Y si bien en Valencia la primera denuncia surgió del ámbito privado —probablemente fruto de una venganza o de un intento de extorsión a Huerta por parte de Francisco Alandí—, en Andalucía lo hizo desde el ámbito público. El 9 de noviembre de 2015, Jaime González Díaz, funcionario del servicio de contratación de la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, denunció una serie de irregularidades en los contratos firmados para el Plan Infoca 2015-2018 —plan de la Junta andaluza para la lucha contra los incendios en parajes naturales—, y ponía así la primera piedra para entender que el cártel del fuego no se había atrincherado únicamente, ni mucho menos, en territorio valenciano.

Después de 12 años trabajando para la Administración y de escuchar decenas de historias sobre corruptelas, “lo más grosero y descarado que la gente se pueda imaginar”, el funcionario público se decidió a acusar a algunos compañeros y, sobre todo, jefes de su departamento. Jaime González accedió a hablar con CTXT de su situación, de lo que significa enfrentarse a un gigante como la Junta de Andalucía, y sus palabras, su historia, suenan escalofriantes.

Monte quemando en la inmediaciones del parque nacional de Doñana. V.J

Monte quemando en la inmediaciones del parque nacional de Doñana // V.J

González afirma que en Andalucía la corrupción llega hasta las entrañas mismas del funcionariado, y en relación al llamado cártel del fuego asegura que “es la Administración de la Junta de Andalucía la que hace los trucos para que no se detecte el cártel. No es que no hagan nada en contra del cártel o le favorezcan incluso, sino que realiza una serie de actuaciones y omisiones ilegales para ocultar que la colusión se produce, como valorar criterios de solvencia como criterios de adjudicación para que las empresas se lleven algún punto, o no publicar en el perfil del contratante qué empresas se han presentado. En Andalucía no hace falta que se haga un cártel porque ya la Junta les da un cheque en blanco que va contra la más elemental normativa de contratación”.

Cuando acudió al Juzgado de Instrucción Nº8 de Sevilla, González denunció “irregularidades e indicios de posibles actuaciones delictivas”, lo que llevó a la Policía Judicial a confirmar, en el atestado de noviembre de 2015, que: “Se vislumbra cómo efectivamente las empresas que licitan en los distintos concursos del Plan Infoca —a la sazón Inaer, Sociedad Aeronáutica Peninsular, Trabajos Espejo, Saeta y Faasa Aviación— parecen responder a un patrón fijo de adjudicación, observándose por tanto indicios de colusión ilícita de empresas, o el equivalente en Derecho Penal: acuerdos para la alteración de concursos públicos”. La Policía Nacional pidió a la Junta la relación de subvenciones e incentivos recibidos por Faasa entre 2003 y 2015, ya que las sospechas apuntaban a que era esta empresa, con sede en Córdoba y al parecer anfitriona de las reuniones celebradas por el Grupo 6, la que encabezaba la trama en Andalucía.

“Yo he intentado buscar”, declara Jaime González a CTXT, “en qué puede beneficiarse la Administración dando 300 millones de euros a precios corrientes desde 2003 a Faasa y al resto de empresas solo por los medios aéreos del Plan Infoca. Son redes institucionales y formas de actuar, son modus operandi, ellos juegan con el grado de tolerancia de la gente, ven hasta dónde pueden llegar sin que salte el negocio, y luego tiran por ahí”. En efecto, el presupuesto de licitación de los cinco lotes del Infoca era de casi 70 millones de euros, y Faasa acabó por llevarse el premio gordo, el lote número 5, por valor de 43 millones.

González amplía el grado de corrupción a otros ramos de la administración, a todo lo relacionado con los contratos públicos, las subvenciones e incluso los famosos cursos de formación de la Junta. “Desde los sindicatos de bomberos al parecer no ha habido una buena acogida —para presentarse en la causa—, y eso que denuncian habitualmente que la Junta les escatima y les recorta en equipos, en material, en medios materiales y personales. Creo que todo viene motivado porque Juan Espadas, el actual alcalde de Sevilla (PSOE), cuando ejercía como alto cargo de la consejería de Medio Ambiente facilitó a la cúpula de estos sindicatos unas prejubilaciones muy generosas, financiadas por el fondo de reptiles que incumplían la legalidad, y que están siendo investigadas por la Justicia”.

Muchas veces, el cártel llegaba a maniobrar para dejar los concursos desiertos, obligando así a las administraciones a elaborar nuevos concursos con mejores condiciones para las empresas

María de los Reyes Flores Canales, la juez de la Audiencia Nacional que aceptó el caso por la “propia complejidad de la causa”, asegura en el auto que “se ha producido un daño patrimonial contra una multiplicidad de sujetos pasivos de las acciones imputadas, pues no sólo se daña el interés económico de cualesquiera otros competidores del sector, sino el funcionamiento de diversas administraciones e instituciones”. Muchas veces, el cártel llegaba a maniobrar para dejar los concursos desiertos, obligando así a las administraciones a elaborar nuevos concursos con mejores condiciones para las empresas. Esto implicaba dejar a los entes públicos sin medios para combatir los fuegos hasta que se redactaban, aprobaban y sacaban a concursos los nuevos contratos.

En diciembre de 2015, declaraba como imputado el jefe de la Mesa de Contratación del Plan Infoca, Antonio Martínez López. En enero de 2016 se enviaba copia de las diligencias al Juzgado de Instrucción de Sagunto, informando de que se estaban realizando investigaciones en Sevilla por un caso similar al investigado en Valencia, y se iniciaba la cadena de imputaciones, detenciones, registros y declaraciones judiciales en relación a la trama andaluza: Miguel Ángel Martínez Ridao y Miguel Ángel Martínez Bonilla, por Saeta; Antonio Miguel Román Guillén, por Sap Aviación; Manuel González Gabaldón, Héctor Tamarit Almagro, Miguel Ángel Tamarit Campuzano y Javier Ortiz Marín, por Faasa, y Fernando Espejo Delgado por Trabajos Aéreos Espejo. Más adelante las investigaciones se extenderían a las 14 empresas incluidas en la trama por la Audiencia Nacional.

Jaime González se enfrenta cada día al acoso de jefes y compañeros en una batalla judicial que se ha extendido a su vida laboral y personal. “Con el sistema que tenemos, establecido, no por los gobiernos autonómicos como te quieren hacer ver, sino por el Congreso de los Diputados y a pesar de la Constitución de 1978, la situación actual es que es mucho más fácil echarme a mí la calle con cualquier falsa excusa, por vana que sea, que echar a un corrupto, haga lo que haga”.

Como afirma Jaime González, a veces su peor enemigo es el pesimismo. “Cuando les acusan a ellos de llevarse, imaginemos, 90 millones de euros que es el importe del contrato de medios aéreos del plan Infoca para 2015-2018, el que está vigente y yo denuncié…, primero, en el juzgado no hay medios para impulsar una clase de acusación de ese tipo en el que hay involucrados tales cantidades y tales volúmenes de documentación; segundo, un abogado de la Junta experto en esos temas les defenderá a tiempo completo y de forma gratuita; tercero, los que se supone que están de tu parte son el juez y el fiscal, Y si el que va a estar de mi parte es el fiscal Moix —Manuel Moix— o De Llera —Emilio De Llera—, mejor que no te ayuden; cuarto, hay un límite temporal a las causas de corrupción que lo puso hace poco el Partido Popular; quinto, muchos están aforados y serán juzgados por jueces que ellos mismos han nombrado; sexto, los delitos del título XIX del código penal, delitos contra la Administración Pública, imponen unos tipos penales altamente inoperantes y poco sistemáticos. La prevaricación es el único delito del código penal que no tiene cárcel, solo inhabilitación, y séptimo, los pueden incluso indultar si todo lo de atrás no ha surtido efecto; de hecho es lo más corriente, me remito al BOE, de donde se extrae que la mayor parte de los indultos se producen por condenas de corrupción”.

Incluso existe otra causa paralela por las presiones y amenazas recibidas por González, admitida por la juez Flores Canales por acoso laboral. “En cuanto a la gente que está de mi lado”, asegura, “en mi causa se han personado tres entes: Ecologistas en Acción, CGT y Podemos. Los que no me van a apoyar son los que hayan pillado algo de los 300 millones de euros desde 2003 —yo tengo pruebas de que el contrato del INFOCA se realizaba desde 1994 al menos— a precios corrientes —sin actualizar— que estas empresas consiguieron solo por los amaños de los medios aéreos del Plan Infoca —sin añadir otro tipo de contratos ni otro tipo de ayudas como fondos de formación—. En Sevilla los contratos siguientes —2018 en adelante— los están planificando para que sigan igual”.

Investigados por la Audiencia Nacional

  1. AVIALSA, T-35, siendo el beneficiario el socio único, VICENTE HUERTA DOMÍNGUEZ, si bien, siendo partícipe en el mismo, FRANCISCO ANTONIO ALANDI ESCRG;
  2. FUMIGACIÓN AÉREA ANDALUZA, S.A., (FAASA), representando a la misma, MANUEL GONZÁLEZ GABALDÓN, HECTOR TAMARIT ALMAGRO, MIGUEL ÁNGEL TAMARIT CAMPUZANO y, JAVIER ORTIZ MARTÍN;
  3. COMPAÑÍA DE EXTINCIÓN GENERAL DE INCENDIOS, S.A., (CEGISA), que del mismo modo incluía a las siguientes; INAER AVIONES ANFIBIOS, S.A., INAER HELICOPTEROS, S.A., HELICSA HELICOPTEROS, S.A. y TRANSPORTES AÉREOS DEL SUR, S.A., representando a la misma, RUBEN MARIANO GARCÍA PASCUAL y JAIME ARQUE GINERNAU;
  4. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RIDAO, no solo como empresario individual, sino del mismo modo respecto de MARTÍNEZ RIDAO AVIACIÓN, S.L., y SERVICIOS AÉREOS EUROPEO Y TRATAMIENTOS AGRÍCOLAS, S.L., en adelante (SAETA), representadas por aquél, y por MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ BONILLA;
  5. TRABAJOS AÉREOS ESPEJO, S.L., representada por FERNANDO ESPEJO DELGADO;
  6. TRABAJOS AÉREOS EXTREMEÑOS, S.L., compareciendo en representación de la misma, SANTIAGO EDUARDO GARCIA CID, en lo que se refiere a la llamada “Asociación” o “Grupo 6”, si bien, también gira en torno de las siguientes empresas, en cuanto a servicios de que le son accesorios;
  7. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPAÑÍAS AÉREAS, (AECA), representada por Dámaso Castejón Amenedo;
  8. HELICÓPTEROS SANITARIOS, S.A. representada por María José Cañete Sánchez;
  9. COYOTAIR, S.A. representada por Francisco Lucas Muelas;
  10. SKY HELICÓPTEROS, representada por Josep Teno Pujol;
  11. HELICÓPTEROS DEL MARE NOSTRUM, S.A., representada por José María  Montalt Saurí;
  12. TAF HELICOPTERS, S.L., representada por Josep Carol Quintán;
  13. HISPÁNICA DE AVIACIÓN, S.A. representada por Francisco Julián Ríos Campuzano;
  14. SOCIEDAD AERONÁUTICA PENINSULAR, (SAP AVIACIÓN SA), representada por Antonio Miguel Román Guillén

El cártel del fuego (y II)

Daniel Toledo | ctxt.es | 27-09-2017

<p>Incendio en Pedrógrao Grande, en Portugal, en junio de 2017.</p>

Incendio en Pedrógrao Grande, en Portugal, en junio de 2017 // Captura de pantalla RTP

Una parte importante de los fondos destinados a prevención de incendios va a parar, de manera fraudulenta, a empresas de extinción con un pasado legal más que dudoso

El 25 de julio pasado, en una entrevista a la revista Visão el presidente de Everjets, Ricardo Dias, admitía que era un secreto a voces en el sector que algunas empresas portuguesas actuaban como un consorcio artificial para presionar a las administraciones a pagar más por el mismo servicio. Parecía que Dias iba a lanzar su arsenal contra las empresas extranjeras, pero su intención era bien distinta, pues para él el enemigo está en casa: “Sí existieron tentativas de aproximación de algunas empresas, por medio de personas, para intentar incluirnos en un consorcio para futuros concursos (…) Puedo decir aquí que no estamos hablando de empresas españolas. Esos intermediarios que nos abordaron hablaban en nombre de empresas portuguesas”.

En Portugal existe una guerra por los contratos de extinción de incendios que no sólo ha hecho correr la tinta. La propia Everjets no está, ni mucho menos, fuera de sospecha, y aquella entrevista a Visão iba cargada de veneno. El 22 de diciembre de 2014, esta empresa, que no sólo posee servicios de extinción aérea de incendios, sino también de transporte de pasajeros y de emergencias médicas, consiguió el contrato estrella del lustro por valor de 46,1 millones de euros con la Autoridade Nacional de Protecção Civil —ANPC—, que incluían servicios aéreos de emergencias, sanitarios y contra incendios durante 4 años, es decir, hasta 2019. Everjets desbancaba con un solo contrato a su mayor competidora, Heliportugal, además de conseguir que esta última dejara de percibir hasta 27 millones que le quedaban por cobrar a la Administración por contratos anteriores.

El resultado del concurso que ganó Everjets no salió hasta el 6 de febrero, por lo que no era de conocimiento público, y aun así, entre el 1 y el 3 de febrero, días antes de la formalización de la firma, la empresa fue comprada por el empresario Domingos Névoa. Hoy, el Ministerio Público portugués acusa a Névoa —que ya había sido condenado en 2012 en otro caso por corrupción— y al por entonces ministro de la Administração Interna, Miguel Macedo, de manipular y amañar el concurso por medio de un tercer hombre, Jaime Gomes, al que presuntamente Macedo hizo llegar el pliego de condiciones del concurso tres meses antes del anuncio de apertura del procedimiento. En la causa está probada la relación comercial entre Macedo, Gomes y Névoa ya desde 2008 por medio de la empresa Bragaparques, propiedad de Névoa.

Este es uno de los puntos donde se unen la causa española y la portuguesa, ya que, según la Procuradoria-Geral da República, el pliego de condiciones llegó a manos de Everjets por medio de dos empresas españolas: Faasa y Fitonovo, esta última también investigada en varias localidades andaluzas, sobre todo en Sevilla, y cuyas imputaciones ya han llevado al banquillo a 108 personas.

Según el informe de la Procuradoria, después de que Everjets ganara el multimillonario contrato, “Faasa Aviación S.A., socio ganancial de Jaime Gomes, por medio de la empresa Fitonovo, vendría a ser subcontratada por la empresa Everjets, adjudicataria de la prestación de servicios de operación y manutención de los helicópteros Kamov del concurso de 2014”. Lo más curioso es que, aun siendo el Ministerio Público el que realiza estas acusaciones, el contrato sigue vigente y parece que nadie en Portugal se escandaliza por el hecho de que los contratos de extinción aérea se encuentren bajo semejante fuego de mortero.

Además, Fitonovo continúa recibiendo encargos y contratos hasta el día de hoy —el último, con Rede Ferroviária Nacional, fechado el 21 de julio de 2017— con universidades, municipios o institutos públicos. Otra empresa fundada por los mismos gerentes de Fitonovo, Perene, S.A., también continúa firmando contratos con diversas administraciones portuguesas.

En 2016 Portugal gastó 20 millones en prevención y 72 millones en extinción, según datos del Ministério de Administração Interna y del Ministério de Agricultura. Esto quiere decir que, por alguna extraña razón, las administraciones no piensan excesivamente en el fuego hasta que ven arder el país hasta las cenizas, o que no piensan en los incendios hasta que son motivo de multimillonarios contratos con empresas privadas. El secretario de Estado de Administração Interna, Jorge Gomes, acusa al anterior Gobierno de haber gastado 50 millones de euros en medios aéreos, y sólo 7 en las inversiones requeridas por Protecção Civil. Pero también fue el gabinete de Jorge Gomes quien renunció a una ayuda de 50 millones de euros de la Unión Europea para comprar dos aviones anfibios anti incendios, renuncia que probablemente habrá entusiasmado a las empresas del cártel, especializadas en el alquiler de medios, no en la venta.

En 2016 Portugal gastó 20 millones en prevención y 72 millones en extinción, según datos del Ministério de Administração Interna y del Ministério de Agricultura

La idea no es que un incendio se produzca como método directo de rentabilidad. Es cierto que en España y Portugal el 80% aproximadamente de los incendios son causados por el hombre –gran parte de ellos por descuidos o negligencia–, por trabajos relacionados con la caza, por venganzas, por vandalismo. La intencionalidad directamente relacionada con el lucro, ya sea por conseguir madera barata o para recalificación de  suelos —en 2015 el Partido Popular aprobó en España la Ley de Montes, por la que se permitía el cambio de uso de superficies afectadas por incendios— es residual. Lo que no es residual es la anomalía generalizada que afecta al negocio de extinción de incendios, que implica que los fondos destinados a prevención vayan a parar, de forma claramente incongruente y fraudulenta, a empresas de extinción con un pasado legal más que dudoso.

CTXT habló con el abogado Nuno Pinto Coelho de Faria, que representa a Pedro Silveira, presidente de la empresa de medios aéreos Heliportugal, en la causa abierta contra el exministro Macedo y Everjets. Pinto Coelho confirma que “Faasa quiso entrar en Portugal a través de Miguel Macedo, por una invitación por ‘ajuste directo’ –un tipo de contrato sin licitación pública–. Mi cliente, Heliportugal, se sorprendió con dos puntos en particular: primero, que esto fuera una historia organizada desde España, y que, al mismo tiempo, se mostrara un claro interés en que participara una de las mayores empresas de helicópteros Kamov en Portugal. Ese interés reveló una conexión directa con el ministro portugués, quien puso término al contrato con Heliportugal, para poder entregar ese mismo contrato a otro”.

“Y segundo”, continúa Pinto Coelho, en la causa abierta por el Ministerio Público “cada línea que leemos pone al descubierto un crimen, y sólo está siendo juzgado el envío del pliego de condiciones del contrato a Jaime Gomes. Pero es que el resto también es constitutivo de delito, y me pregunto por qué no hay más procesos abiertos y acusados. Una de las razones es que forma parte del caso Vistos Gold –la trama corrupta que entregaba fraudulentamente visados a extracomunitarios para circular por Europa a grandes inversores– y sólo el punto 4 se ocupa del caso de los Kamov. Esto no tiene sentido. En Derecho Administrativo un contrato es nulo si, en la base de ese contrato, se encuentran indicios de delito. Y aquí tenemos varios contratos. Todo esto tiene elementos de prueba, esto consta en la acusación”.

“Ese interés reveló una conexión directa con el ministro portugués, quien puso término al contrato con Heliportugal, para poder entregar ese mismo contrato a otro”

En 2014, la filial que trabaja para Avialsa en Portugal, Agro-Montiar, ganó un concurso con la ANPC de cesión de dos aviones anfibios, por un período de 5 meses, por valor de 1,79 millones de euros. Como muchos otros contratos con empresas de lucha contra incendios, la empresa fue escogida mediante un método llamado en Portugal “de ajuste directo”. En condiciones normales, el ajuste directo sólo es ejercido por las administraciones públicas para contratos inferiores a 150.000 euros. Pero un organismo público puede, según el Código de Contratos Públicos portugués, hacer uso del ajuste directo si se dan “casos de urgencia imperiosa, cuando solo existe un único proveedor, o cuando un anterior concurso haya quedado desierto”.

Aquí el cártel del fuego se hace fuerte. El ajuste directo debe estar justificado jurídicamente, y es el cártel quien se encarga de justificarlo por medio de la colusión ilegal entre empresas. Cuando se detecta manipulación del mercado, al evitar la libre competencia, existen entes públicos reguladores encargados de luchar contra estas prácticas —como la CNMV en España—. Otras veces los hechos pasan al ámbito penal —como la que nos ocupa, por sospechas de pertenencia a organización criminal, cohecho, soborno, falsedad de documento público y mercantil, malversación de fondos públicos y prevaricación—. Y otras, demasiadas, pasan desapercibidas o se descubren cuando ya no hay nada que hacer.

La empresa portuguesa Heliportugal impugnó el contrato ganado por Agro-Montiar, y más tarde fue anulado por el Tribunal de Cuentas portugués por claras irregularidades a la hora de escoger el método de ajuste directo, pero la anulación llegó a posteriori de la entrada en vigencia del mismo. Es decir, y para sorpresa del Tribunal y de Heliportugal, cuando la ANPC, por orden y despacho directo del ministro de Administración Interna, Miguel Macedo, envió al Tribunal el contrato para su fiscalización, los aviones ya habían realizado la mayor parte de las horas de vuelo. “Las consecuencias que esto puede tener para un Estado de derecho son muy importantes”, declara Pinto Coelho, “porque parece ser una señal de que la Justicia en Portugal nunca más se va a recuperar de estos dos grandes asuntos —Vistos Gold y caso de los Kamov—“.

El director de recursos de la ANPC entonces era el coronel José Teixeira, también dimitido y en proceso disciplinario y criminal por este asunto, aunque continúa como director de la Guardia Nacional Republicana —el equivalente a la Guardia Civil en Portugal—. Parece que nadie consigue apoltronarse en las butacas más altas de la ANPC.

A pesar de la sentencia del Tribunal de Cuentas y de la investigación en marcha, un año más tarde, en mayo de 2015, Agro-Montiar volvió a ganar un concurso de cesión de dos “aeronaves complementarias —aviones anfibios medios—”, para los cursos del 2015 al 2017 por valor de 4,9 millones de euros. El representante de Agro-Montiar y expiloto de Avialsa, Carlos Craveiro, y el presidente de la ANPC, Mayor General Francisco Grave Pereira, firmaron un contrato entre la Administración Interna y Agro-Montiar en el que a ésta se le permitía “subcontratar (…) a la empresa Avialsa T-35” lo que precisamente se le contrataba a Agro-Montiar. Es decir, una subcontrata dentro de una subcontrata sin razón aparente. Grave Pereira también está siendo investigado por su participación en el contrato con Everjets.

Según se deduce cruzando las causas abiertas en Portugal y España, queda claro que el cártel del fuego español, encabezado por Vicente Huerta, de Avialsa, consiguió introducir sus tentáculos de forma descarada en el mercado portugués. La manipulación ha sido tan espectacular que ya han caído dos exministros, varios dirigentes de la Autoridade Nacional de Protecção Civil, se ha sacrificado a la estatal Empresa de Meios Aéreos, dejado de pagar contratos pasados a empresas fuera del cártel, como Heliportugal, y se han visto implicados tanto gobiernos locales como el Gobierno central.

Cruzando las causas abiertas en Portugal y España, queda claro que el cártel del fuego español, encabezado por Vicente Huerta, de Avialsa, consiguió introducir sus tentáculos de forma descarada en el mercado portugués

Los correos, contactos, invitaciones a cacerías, regalos y prebendas se cruzaron entre ambos países con el objetivo de crear una red amplia e infalible. El juzgado de Sagunto tiene constancia del correo enviado por Vicente Huerta a Carlos Craveiro, ya en febrero de 2010, en el que se refería a Portugal: “Ganar como sea el concurso de este año. Tenemos el apoyo del club español de compañías para hacer y deshacer lo que queramos en Portugal, además de contar con AT —el avión AT-802— de Martínez y otro de Faasa para el concurso. El plato fuerte lo tenemos este año en Portugal, amigo Carlos, y vamos a atacar con todo el arsenal posible”.

Y así lo hicieron. Según el auto del juzgado de Sevilla, el 2 de marzo de 2010 Vicente Huerta “envió un correo a los integrantes de la ‘Asociación’, relativo al concurso en Portugal, en el que expuso que deberían presentar dos ofertas, una por parte de Avialsa T-35, y otra por parte de Aviación Agrícola de Levante, S.A., dirigida esta última a ganar el concurso, siendo la otra de cebo, al fijar como precio total 2.050.000 euros, y la segunda por importe de 1.999.999 euros, si bien, presentándose esta última el mismo día de cierre de presentación de ofertas”. Aviación Agrícola de Levante fue en realidad fundada en 2007 por el mismo Vicente Huerta y Francisco Alandí que dirigían Avialsa. De hecho, el Holding Empresarial Avialsa ejerció de socio y administrador único de Aviación Agrícola de Levante.

Ángel Martínez Ridao contestó dos días después dando su visto bueno a la oferta cebo y a la ganadora, así como Manuel González Gabaldon, de Faasa. Dicho y hecho, en la lista de contratos públicos del Gobierno portugués aparece registrado, el 4 de mayo de 2010, el contrato entre la estatal Empresa de Meios Aéreos, S.A., y Aviación Agrícola de Levante, por 2 millones de euros.

En total, los contratos conseguidos por las empresas españolas del cártel en Portugal suman alrededor de 53 millones de euros, sin contar con el contrato de 46 millones de Everjets, ni con los de la brasileña Helisul, que suman 47 millones y que en 2014 formó una Unión Temporal de Empresas con Inaer para conseguir su único contrato con Protección Civil. En julio de 2011, Cristóbal Castellanos —del departamento de I+D de Avialsa–, recibía otro correo de Miguel Angel Martínez —Ridao—: “Por último, siguiendo palabras textuales de Ángel, el acuerdo del contrato de Portugal es 50% para Avialsa y el 50% para Angel Martínez, no quisiera tener ningún problema al final de año en lo referente a Portugal. Ángel ha hecho punto por punto lo que Paco —Francisco Alandí— ha indicado”.

El hombre desde dentro

A estas alturas surge una pregunta de forma natural: ¿puede un cártel de empresas españolas influir en un mercado extranjero sin contar con apoyo sobre el terreno, esto es, con apoyo de otras empresas nacionales? ¿Quiénes fueron los contactos que ayudaron al cártel a infiltrarse en el mercado portugués?

El país vive inmerso en una vorágine de imágenes de incendios incontrolables, antiguos pueblos consumidos por las llamas, ancianos indefensos que pierden todo lo que tenían. Portugal parece hechizada por el shock de los fuegos. Mientras, el hiperactivo presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, se mueve más que un bombero entre incendio e incendio para proclamar que está, estamos, ante una “causa nacional”.

Quizá lo que Rebelo de Sousa y el país entero tiene enfrente es un caso de corrupción generalizada que consume decenas de miles de hectáreas de espacios naturales al año. Igual que ocurre en Andalucía, parte de las administraciones portuguesas han de estar contaminadas de una forma u otra. Desde el exministro Miguel Macedo, el ex secretario de Estado y exministro Luís Marques Mendes —socio de Macedo en la empresa JMF, utilizada como sociedad instrumental para pagos de sobornos, según el Ministerio Público—, el también imputado António Figueiredo, expresidente del Instituto dos Registos e Notariado, hasta probablemente funcionarios de las mesas de contratación, es obvia la colaboración estatal de una u otra forma.

Y para esto han necesitado de un hombre, u hombres, desde dentro. Ya en una de las actas de acuerdos de las reuniones celebradas por el cártel en el hotel El Cruce de  Manzanares, puede leerse: “Se encarga a Jaime Arqué que inicie gestiones en Portugal en relación con los concursos de aeronaves de la que fija que licite ese país para 2009”. Si el Grupo 6 quería un agente fuerte en Portugal, no podían elegir mejor persona que Jaime Arqué. Director general desde 1993 de Helicsa, cuya fusión con Helicópteros del Sureste fundó Inaer en 2008, también director general de Cegisa y, cuando ésta fue absorbida a su vez por Inaer, posteriormente nombrado Director Bussiness Development para el sureste de Europa dentro del Grupo Inaer, Arqué tenía una larga y valiosa experiencia en trabajar a varias bandas. Además, es presidente de la propia AECA —la Asociación Española de Compañías Aéreas donde están agrupadas las 14 empresas investigadas en la Audiencia Nacional— y presidente también de la Asociación Europea de Helicópteros, desde la que acostumbra a hacer hincapié, en declaraciones y conferencias, en el mercado portugués —debido a su evidente falta de medios propios aéreos—.

Por supuesto las intenciones de manipular el mercado en Portugal se mantuvieron durante años hasta el día de hoy. En un correo de 2012 enviado por Arqué a Huerta y a Francisco Alandí, se explica: “Os quiero informar que la Alta Dirección del Grupo está de acuerdo en llevar adelante el proyecto de colaboración multinacional para ampliar las operaciones en Portugal, Francia e Italia. Todo ello con la adquisición de los aviones que sean necesarios”, y que “ambas partes —Avialsa e Inaer— declaremos nuestra intención de negociar los correspondientes contratos, que supongan, por un lado la adquisición de los aviones, y por otro la entrada de Inaer en los contratos de Operación Portugal y Francia en la medida que se acuerde para el año 2013”. La adquisición de aviones ad hoc no podía corresponder sino a una estrategia a largo plazo. En el mismo correo se indica su intención de influir en las instituciones estatales Vigili del Fuoco, italiana, y Sécurité Civile, francesa.

Otro de los nombres que suena con frecuencia es el de Carlos Craveiro, ex piloto de Avialsa, gerente de Agro-Montiar, y también investigado y cuya implicación queda bien clara en los correos mencionados más arriba. A pesar de que Craveiro aparece repetidas veces tanto en la causa abierta en la Audiencia Nacional como en la abierta por la Procuradoria portuguesa, continúa desempeñando funciones para empresas públicas y privadas. Sin ir más lejos, fue el designado como  comandante y director de operaciones de las pruebas de un avión Air Tractor en Madeira, adonde se desplazó el 2 de mayo de 2017 para demostrar su idoneidad como instrumento de combate al fuego en el archipiélago. El Airt Tractor por supuesto pertenece  a Avialsa, y un mes más tarde el Ministerio de Administração Interna confirmaba las buenas aptitudes del avión. Otro contrato para Avialsa, esta vez con el Gobierno Regional de Madeira.

El abogado defensor de Heliportugal, Pinto Coelho, aunque sin hacer acusaciones, también puso el punto de mira sobre otra persona: Filipe Lobo D’avila, director del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Luso-Española. Además de tener un perfil político de alto nivel —exdiputado, ex secretario de Estado de la Administração Interna, ex alto funcionario del Ministério da Justiça—, D’avila también es abogado, y fue el que defendió a Everjets cuando ésta interpuso una demanda precisamente al Ministerio de Administração Interna —MAI—. Lo particular del caso es que Everjets tramitó su demanda cuando D’avila era secretario de Estado en la MAI, y cuando D’avila salió del MAI, fue el abogado defensor contra el propio ente.

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