Los grupos conservadores se alían en el Congreso para aprobar la modificación de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que legaliza la liberación de especies exóticas para su utilización con fines de pesca y caza, frente al criterio científico y con duras críticas de los ecologistas.
440 especies animales vertebradas diferentes conviven en Doñana // Alberto Otero
Era el último trámite que faltaba para sacar adelante un ordenamiento jurídico apoyado y promovido por el sector cinegético y piscícola. En la mañana de este jueves, el Congreso ha aprobado una proposición de ley, presentada por el Partido Popular, que modifica la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
El manifiesto de 600 científicos en contra y el rechazo 17 sociedades científicas y un centenar de ONG no ha pesado lo suficiente para parar la reforma.
El apoyo de Ciudadanos, PdCat y PNV ha sido clave para aprobar una ley que permite la suelta en el medio natural de determinadas especies, algunas de ellas entre las más preciadas por cazadores y pescadores. Lo hace a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2016, que ilegalizaba el blindaje al Catálogo de Especies Exóticas Invasoras que había realizado el PP en 2013, declarando ilegales la repoblación de ríos con trucha arcoiris, la introducción de arruís en los cotos de caza, la cría de visones o la venta de cangrejos rojos, entre otras prácticas. El Supremo echaba por tierra el intento del PP de excluir del catálogo animales muy cotizados por cazadores y pescadores, algo que la ley vuelve a hacer ahora, contentando así a los sectores piscícola y cinegético.
Como recordaba el coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos Juan López de Uralde, la modificación de la ley se ha hecho “en contra del criterio de los científicos”, señalando que ni uno solo de los ponentes que ha pasado por la Cámara para tratar la reforma ha apoyado la modificación. El diputado recordaba cómo el Manifiesto contra la modificación de la Ley 42/2007, firmado por más de medio millar de científicos, señalaba que el nuevo ordenamiento suponía “una amenaza grave para las especies autóctonas, sus hábitats y ecosistemas”, erigiéndose en realidad como “una estratagema para eludir la sentencia del Tribunal Supremo”.
Desde Ciudadanos, Miguel Ángel Garaulet, a pesar de señalar que las especies invasoras son la segunda causa de pérdida de biodiversidad global, justificaba la posición de su grupo como un apoyo al mundo rural: “Estamos haciendo un daño a un sector que genera riqueza, por eso vemos necesaria esta reforma”.
En la misma línea, María Teresa de Lara Carbo, del PP, defendía que la modificación “aporta soluciones para compatibilizar la protección del medio ambiente con la protección del empleo en los sectores cinegético y piscícola en el medio rural”.
Contrarreforma medioambiental
Para los grupos ecologistas, la reforma es un retroceso histórico y una exposición a la biodiversidad ibérica a un impacto irreversible. Ecologistas en Acción, WWF y SEO/BirdLife ya venían señalando que la reforma era “una cesión evidente ante las presiones de ciertos colectivos de cazadores y pescadores” y la tildan de “peligrosa e inaceptable, ya que va en contra del dictamen del Tribunal Supremo, del criterio científico y del sentido común”.
López de Uralde señalaba que este jueves cómo hoy terminaba “el proceso de contrarreforma medioambiental del PP, en esta última fase apoyados por Ciudadanos”. Se refería el diputado de Unidos Podemos a la modificación de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad como último eslabón de una cadena de leyes y modificaciones que han cambiado el panorama legal español con respecto al medio ambiente. La reforma de la ley de Costas, que amnistió a miles de edificaciones en el litoral; la ley de Montes, que se modificó para eliminar la prohibición de urbanizar en zonas quemadas; la Ley de Parques Nacionales, que permitía la la explotación comercial de estos espacios y la privatización de servicios, o la Ley de Evaluación Ambiental, que permite el fracking, son algunas de las normativas modificadas y aprobadas en los últimos años de gobierno popular a pesar de las rotundas críticas de los sectores defensores de la naturaleza.
“Es la defensa de los intereses a corto plazo o frente a la protección del medio natural. La naturaleza tiene un valor en el medio y el largo plazo, incluido el derecho de las futuras generaciones a disfrutar de ella”, indicaba Uralde.
El ecologista ha criticado duramente además la introducción en la ley del concepto de suelta no autorizada, lo que permitirá, por ejemplo, introducir especies invasoras como la trucha arcoiris: “Se han cargado el criterio científico para introducir como criterio para que una especie sea invasora o no el socieconómico, tenga o no tenga impactos medioambientales brutales”.
Por su parte, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España han anunciado que plantearán una cuestión de inconstitucionalidad en el incidente de ejecución de la Sentencia 637/2016 del Tribunal Supremo, y que reclamarán al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como a los partidos políticos que se han posicionado contra esta Proposición de Ley, que presenten recursos de inconstitucionalidad ante dicha ley.
