El Congreso insta al Gobierno a derogar la reforma de la justicia universal de 2014, defendida sólo por el PP

  • Con la reforma de 2009 se limitó la actuación a supuestos en los que existiera víctima española o en los que los responsables del delito cometido se encontraran en España
  • El PP defiende que derogar dicha reforma supondría retroceder para volver a la inseguridad jurídica anterior

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno, hoy en el Senado // EFE

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a una Proposición No de Ley (PNL) planteada por Unidos Podemos con la que se insta al Ejecutivo a derogar la reforma de la Justicia Universal aprobada en solitario por el PP en 2014 para que recupere la modificación anterior de 2009 con el fin de “luchar contra la impunidad”.

Según ha informado Europa Press, el texto ha contado con una enmienda transaccional planteada conjuntamente por el grupo parlamentario socialista y Ciudadanos donde matizan que se recupere la modificación anterior aprobada en la Cámara Baja bajo el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En su votación, ha sido respaldado por todos los grupos a excepción de los catorce parlamentarios del PP en la Comisión, que han votado en contra.

El diputado de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Jaume Moya, ha denunciado que con las sucesivas reformas, el principio de jurisdicción universal ha quedado restringido y se ha negado la tutela efectiva a las víctimas españolas de delitos como crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidios en el extranjero.

Con la reforma del 2009 se limitó la actuación de la Audiencia Nacional a supuestos en los que existiera víctimas españolas o en los que los responsables del delito cometido, en caso de ser extranjeros, se encontraran en España. La modificación acometida en 2014 reducía aún más el margen de maniobra de la Audiencia y eliminaba la posibilidad de actuar a través de denuncia o de una acusación particular.

El diputado de En Comú, que registró el texto el pasado mes de diciembre en la Mesa de la Cámara Baja, ha expuesto que la normativa actual supone un “auténtico incumplimiento de las obligaciones del Estado español” y ha precisado que su entrada en vigor se produjo para evitar un conflicto diplomático con China debido a la instrucción de la causa del genocidio del Tíbet que se estaba llevando a cabo en la Audiencia Nacional y que derivó incluso en órdenes de detención de exdirigentes del país asiático.

“El Estado debe mantener buenas relaciones con otros países, pero siempre manteniendo su dignidad”, ha expuesto Moya durante la presentación del texto, que ha contado con el respaldo del Grupo Mixto, el PDeCAT, ERC y PNV. Estos dos últimos, pese a votar a favor del nuevo texto, han reconocido que eran partidarios de respaldar la PNL original.

“La Ley de 2009 es el auténtico inicio de este caminar cuesta abajo”, ha manifestado durante el debate el portavoz de Justicia de los nacionalistas vascos en la Comisión de Justicia, Mikel Legarda, mientras que la diputada de ERC Ester Capella i Farré ha adelantado que su grupo seguirá defendiendo volver al principio de justicia universal tal y como se redactó en 1995.

Derechos de las víctimas

El diputado de Ciudadanos Marcial Gómez Balsera ha justificado su enmienda con el objeto de derogar la última redacción, dado que esta “ha supuesto una reducción extrema” de los derechos de las víctimas españolas en el extranjero. También ha precisado que el hecho de que se exija que los responsables del delito residan o se encuentren en España deja en situación de desprotección a los ciudadanos españoles ante la falta de competencia de los tribunales.

Soraya Rodríguez, del PSOE, ha denunciado que “la reforma exprés” de 2014, que ha tildado de “lamentable”, se aprobó con atropello y ha pedido volver a la modificación operada por la Ley Orgánica de 2014 que se hizo “para impedir cualquier abuso” en relación con la tutela judicial efectiva de los ciudadanos españoles.

El PP, que no ha podido evitar la aprobación de la PNL, ha asegurado que la reforma que aprobó en solitario hace tres años delimitó los supuestos en los que España puede investigar delitos cometidos fuera de su territorio.

Según ha defendido el portavoz del PP en la Comisión, Leopoldo Barreda, se pasó de una concepción absoluta de la justicia universal a una concepción más ajustada en la atribución de la jurisdicción a los tribunales españoles y ha añadido que derogar dicha reforma supondría retroceder para volver a la inseguridad jurídica anterior.

Con independencia de que el Gobierno cumpla la sugerencia del Congreso, el PNV ya tiene registrado una proposición de ley para derogar los límites que el PP impuso a la jurisdicción universal en su reforma de 2014.