El Congreso tomará en consideración la Ley estatal de bebés robados impulsada por Ceaqua

Todos los partidos, menos el Partido Popular, han asegurado su apoyo a la ley o su voto a favor para la toma en consideración en el Congreso.

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Manifestación en Madrid en mayo de 2013 frente al Ministerio de Justicia // Álvaro Minguito

Facilitar el acceso a la información para encontrar a sus familiares y establecer medidas de reparación y para garantizar la no repetición. Estos son los objetivos de la Proposición de ley sobre bebés robados en el Estado español, que será registrada hoy, 25 de septiembre, a las 13h, en el Congreso por parte del Intergrupo de Memoria y Derechos Humanos del Parlamento.

“Esta proposición de ley establece medidas relacionadas con el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, aplicadas a delitos como es el robo de bebés en contextos de crímenes contra la humanidad”, señalan en una nota de prensa desde la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua), impulsora, junto a la asociación Todos los niños robados son también mis niños, de esta legislación.

En la actualidad, según explica Soledad Luque —una de las fundadoras de la Todos los niños robados son también mis niños—, esta proposición de ley cuenta con el apoyo explícito de los grupos parlamentarios Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y de Esquerra Republicana. También con el apoyo de PDeCAT y Bildu.

“De los partidos que forman parte del Intergrupo, hay dos que no van a firmar ahora: el PNV por falta de cupo [límite de los grupos parlamentarios para presentar iniciativas al Pleno del Congreso] y el PSOE porque al equipo jurídico no le ha dado tiempo a leer todo el texto por la acumulación de trabajo que tienen desde que son Gobierno”, explica Luque. [Ampliación a las 15.55h: Finalmente, el PSOE firmó también la proposición de ley].

Respecto a los dos únicos partidos políticos sin participación en el Intergrupo de Memoria y Derechos Humanos —Ciudadanos y Partido Popular—, Luque apunta que el Partido Popular no ha dado aún respuesta sobre su apoyo o no a la propuesta de ley y Ciudadanos no la va a firmar, al igual que PNV, por falta de cupo.

Sin embargo, Luque subraya que, aun los partidos que no van a firmar ahora la ley —PNV y Ciudadanos—, “sí que nos han asegurado a Ceaqua que van a votar a favor de su toma en consideración, por lo que está asegurado que esta proposición de ley va a pasar este filtro e irá a debate en el Congreso de los Diputados; del único partido que no tenemos noticia es del Partido Popular”.

Medidas efectivas para los casos de bebés robados

Según el auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional del 18 de noviembre de 2008 —aquel que precedió a la querella argentina contra los crímenes del franquismo que investiga la juez María Servini—, al menos de 30.000 niños fueron apartados de sus madres, presas políticas republicanas, entre 1944 y 1954. A ellos se sumarían miles de casos más de bebés robados en clínicas y hospitales.

“En su origen, la sustracción era abiertamente política, auspiciada por el régimen franquista y sus instituciones, siguiendo la ideología de pureza racial impuesta por el doctor Vallejo Nájera: los hijos de las presas políticas eran entregados a familias que cumplían los requisitos patrióticos indicados por las autoridades”, explica el texto de la proposición de ley, que continúa señalando cómo en la siguiente etapa, eran las madres de familia numerosa, las familias pobres y las madres solteras o jóvenes las principales víctimas de los robos de bebés.

Hasta mediados de 2017, se interpusieron más de 2.000 denuncias por robo de bebés recién nacidos, de las que, a enero de este año, 1.552 fueron archivadas. En esa fecha, solo cinco de las denuncias se continuaban investigando de forma efectiva, el resto estaban paradas o a punto de ser archivadas. “Nos dicen que no tenemos pruebas, pero los tribunales no investigan, tampoco el Estado y nosotros no tenemos dinero para contratar detectives privados”, explicaba a El Salto, en enero de 2018, Carmen Díaz, una de las afectadas. El caso de Inés Madrigal es el único que ha llegado a juicio. La vista, que llegó a su fin este mes, acabó con una petición por parte de Fiscalía de once años de cárcel para el entonces médico Eduardo Vela.

Las medidas contempladas en la proposición de ley se dividen entre las relacionadas con el acceso a la verdad, a la reparación y a la garantía de no repetición. Entre las primeras se cuenta la creación de un banco único de ADN de carácter estatal y gratuito, y con las suficientes garantías de privacidad, que reúna las muestras de ADN de las personas denunciantes de casos de robos de bebés. Es una medida que ya le reclamó al Estado español en 2014 el entonces relator de la ONU Pablo Greiff en base al derecho internacional.

El texto también obligaría a hospitales clínicas, instituciones oficiales y a la Iglesia a mantener y dar acceso —en un plazo de tres meses— a la documentación que pueda ser de interés a las víctimas de casos de bebés robados. También a los libros y registros sobre ingresos, partos o adopciones de residencias públicas e internados de madres solteras dependientes del desaparecido Patronato de Protección a la Mujer, institución existente entre 1904 y hasta 1984 relacionada con varias denuncias de bebés robados.

Otras de las medidas incluidas en el texto son la creación de una Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad, una Fiscalía Especial sobre Bebés Robados —dependiente de la Fiscalía General del Estado— o una unidad judicial especializada en la búsqueda de bebés robados.

Documento: Proposición de Ley estatal sobre Bebés Robados by El Salto periódico on Scribd

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