El Alto Tribunal concluye que la Mesa del Congreso (con mayoría de PP y Cs) vulneró el derecho de los diputados de Podemos al impedir el debate de una proposición morada sobre la negociación colectiva
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estrecha la mano con la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero. // EFE/Chema Moya
Nuevo revés del Tribunal Constitucional contra los vetos impuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy contra las leyes de la oposición en el Congreso. Los magistrados de la Sala Segunda han dado la razón al grupo confederal de Unidos Podemos sobre el recurso de amparo que presentaron cuando la Mesa de la Cámara Baja (donde PP y Ciudadanos suman mayoría) decidió impedir a finales de 2017 la toma en consideración de una proposición de Ley para fortalecer la negociación colectiva.
La propuesta de los morados pretendía un cambio de la legislación laboral para recuperar la prevalencia de los acuerdos sectoriales y limitar el ‘descuelgue’ de los convenios colectivos. En este sentido, la propuesta vetada fijaba que las empresas sólo pudiesen desvinculase de los convenios sectoriales en lo relativo a salarios, pero no a ningún otro derecho de los trabajadores.
En cambio, el Gobierno de Rajoy ejerció la potestad que le otorga el artículo 134.6 de la Constitución para vetar leyes que puedan incrementar el gasto público o reducir los ingresos del Estado. Y argumentó que, de prosperar dicha norma, la reacción empresarial provocaría un incremento de 100.000 preceptores de la prestación por desempleo que se traduciría en un gasto adicional de 1.500 millones de gasto para las arcas públicas.
«Sin justificación objetiva»
Sin embargo, la sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Pedro González Trevijano rebate la justificación del Ejecutivo y dice que «carece de una fundamentación objetiva» porque los cálculos «van más allá» del ejercicio presupuestario en curso.»No ofrece ningún dato objetivo que permita conocer cómo obtiene la cifra de 100.000 nuevos perceptores de prestaciones por desempleo y el importe de 1.500 millones de euros más de gasto en esas prestaciones», señala la sentencia.
El texto atribuye así a la Mesa del Congreso una «vulneración de los derechos» del grupo parlamentario de Unidos Podemos por aceptar sin mayor contraste el veto del Gobierno y negar después el recurso de reconsideración solicitado por los morados. En este sentido, la sentencia fija que el trámite debe volver a la fase inicial, aunque como la Cámara Baja se disolverá el 5 de marzo por la convocatoria anticipada de elecciones generales, todo quedará ahí.
El texto atribuye a la Mesa del Congreso una «vulneración de los derechos» del grupo de Unidos Podemos
Sin embargo, la sentencia suma doctrina de cara a una futura legislatura en la que el eventual Gobierno trate de usar el veto prespuestario sin justificación suficiente para frenar iniciativas de los grupos de la oposición y su aceptación por parte del órgano de gobierno de la Cámara Baja. «Esta conexión debe ser directa e inmediata, actual y no meramente hipotética», remata la sentencia. En concreto, los magistrados se remiten a la jurisprudencia ya marcada por recientes sentencias: 34/2018, de 12 de abril; 44/2018, de 26 de abril; y 94/2018, de 17 de septiembre.
En esta última, la Sala Primera estimó el recurso de amparo que interpusieron desde el Grupo Socialista por el veto a una norma sobre pensiones.El Alto Tribunal fijó en abril de 2018 que la Mesa del Congreso puede perfectamente interpretar los escritos del Gobierno y no tiene por qué aceptarlos automáticamente como venía haciendo hasta entonces.
+info relacionada: La legislatura acaba con cuatro condenas del Constitucional al bloqueo parlamentario del PP para proteger al Gobierno de Rajoy – eldiario.es, 19-02-2019
