- Durante el mandato del Ministro, el Gobierno ha pagado a la firma una indemnización de 40 millones.
- El Ejército adjudicó 32 contratos de suministros de armas y municiones a Instalaza, la antigua empresa del ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate, por valor de 17,08 millones de euros en el bienio 2012-2014. Doce contratos fueron de menor cuantía (compras directas de granadas y munición por menos de 25.000 euros en cada caso) y el resto se hicieron de forma negociada y sin publicidad.
Durante el mandato de Morenés, el Gobierno ha tenido que hacer frente al pago de los 40 millones de euros que reclamó judicialmente la empresa por los perjuicios ocasionados por la prohibición de las bombas de racimo, de las que Instalaza, con sede social en Madrid y factorías en Zaragoza con 150 trabajadores, era la principal fabricante.
Morenés no ha tenido más remedio que entregar al diputado del Grupo Mixto, Jon Iñarritu, los datos que le reclamó en mayo pasado sobre el importe de los contratos de compra de armamento a Instalaza (ver documento en PDF). Inicialmente, Defensa evitó concretar las cuantías de las compras, pero al solicitarle los expedientes concretos, no ha tenido más remedio que facilitar algunos detalles sobre el negociado militar que decidió la adquisición, el material y el importe. Generalmente, los contratos tienen cláusulas confidenciales y en el caso de Defensa son clasificados como secreto de Estado.
Antes de destinar los 17,08 millones de euros mencionados del presupuesto de Defensa a adquisición de morteros, bombas, granadas, minas contra carro, obuses perforantes y sistemas de tiro, la empresa de armamento a la que Morenés estuvo formalmente vinculado desde 2005 hasta finales de octubre de 2011 –seis semanas antes de haber sido nombrado ministro de Defensa por el presidente Mariano Rajoy–, suministró material al Ejército por un importe global de 41 millones de euros. El procedimiento fue el mismo: contratación directa, negociada sin publicidad.
Ya la designación de Morenés para la cartera de Defensa provocó algunas peticiones de aclaración sobre el posible conflicto de intereses. Téngase en cuenta que Morenés había sido secretario de Estado de Defensa del primer Gobierno del PP (1996-2000) con José María Aznar de presidente y Eduardo Serra de ministro de Defensa –fue la época de los grandes contratos de armamento militar– y que después de perder las elecciones y abandonar, en abril de 2004, su último cargo en el Gobierno, como Secretario de Estado de Política Científica, se vinculó directamente y sin transición alguna al sector privado de la industria de defensa.
Pese a constituir un caso típico de “puerta giratoria”, en su primera comparecencia como ministro de Rajoy, en enero de 2012, Morenés aseguró al diputado de ERC Joan Tardà que había dejado de ser consejero de Instalaza dos años antes de que la empresa exigiera al Gobierno el pago de los 40 millones de euros por los daños que le había ocasionado la prohibición de las bombas de racimo. Esta decisión fue adoptada en julio de 2008 por el último Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, con Carmen Chacón de ministra de Defensa. Instalaza tenía entonces un gran mercado en los países árabes, especialmente en Libia, como denunció Amnistía Internacional durante la represión militar del dictador Muamar el Gadafi contra la población civil, y planteó su reclamación en 2009.
La desvinculación de Morenés de Instalaza no era tan exacta como el ministro afirmó y, de hecho, no figuró en el Registro Mercantil hasta un mes y medio antes de su nombramiento como titular de Defensa. En una carta al presidente y a los portavoces de la Comisión de Defensa del Congreso, el ministro atribuyó a un “lapsus de memoria” su respuesta a Tardà. En realidad había sido consejero de la empresa fabricante de las bombas de racimo de 2005 a 2007. Después siguió vinculado hasta 2009 como representante de la sociedad Boguillas SL, de la que era administrador único. Aunque ese año retiró su representación personal, lo cierto es que el cese no fue inscrito en el Registro Mercantil hasta octubre de 2011.
Si el nuevo ministro era formalmente partícipe de la reclamación de Instalaza al Gobierno de 40 millones de euros por los perjuicios ocasionados por la prohibición de las bombas de racimo, La Moncloa dio por buenas sus explicaciones y la vicepresidenta y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, le defendió públicamente y negó que incurriera en conflicto de intereses. También salió en su defensa cuando se adjudicó directamente a Instalaza la compra de lanzagranadas para las unidades ligeras del Ejército del aire en 4 millones de euros. No obstante, cuando en diciembre de 2013, la propia vicepresidenta inauguró el Portal de la Transparencia, en la biografía del ministro de Defensa se omitió su vinculación con Instalaza. La empresa vendió la deuda y el Gobierno asumió el pago de los 40 millones reclamados.
Pero el asunto sigue candente porque, entre otras cosas, la exdiputada de UPyD y ahora número cuatro de la lista del PSOE al Congreso por Madrid, Irene Lozano, plantea la necesidad de realizar una investigación independiente y exhaustiva sobre los contratos de Defensa. Las deudas derivadas de 19 grandes programas de armamento, que los españoles seguiremos pagando hasta 2025, aunque Defensa negocia una ampliación de cinco años del plazo de amortización, superan los los 30.000 millones de euros, “un coste superior al rescate de Bankia”, afirma Lozano. El PP ha dado signos de rechazar una eventual iniciativa en ese sentido y, por su parte, Morenés dice tener “plena conciencia de haber actuado con transparencia”.
En el último pleno de la legislatura, el diputado socialista José Luis Ábalos mencionó Instalaza y otras empresas con las que ha estado vinculado para reprocharle que sea noticia por los contratos de Defensa, y Morenés le replicó acusándole de “utilizar la insidia, la mentira y la calumnia” y le animó a “proceder” por los cauces que le brinda el Estado de Derecho si considera que ha habido irregularidades. “Yo he venido aquí siempre que se me ha pedido, dejando mi fortuna y muchas cosas detrás”, concluyó el ministro, visiblemente irritado, entre fuertes aplausos de los diputados del PP.
