La petición de la Fiscalía de imputar a Javier Monzón pone en apuros a los consejos de administración del grupo de medios y del banco, que podrían requerirle su dimisión
Protesta ante la sede del PP en Génova en 2018 // EFE
La petición de la Fiscalía Anticorrupción de investigar a Indra y a Javier Monzón por la presunta financiación irregular del Partido Popular, conocida el viernes por la tarde, no solo afecta a la compañía de defensa y tecnología, que Monzón presidió durante el periodo que cubren las pesquisas. También salpica al Grupo Prisa, donde es presidente no ejecutivo, y a Banco Santander, entidad en la que ejerce de presidente no ejecutivo de Openbank, la filial online, y de consejero independiente de Banco Santander España.
Las primeras informaciones que vincularon a Indra con este caso surgieron en 2017, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectara, en el marco de la instrucción del caso Púnica, movimientos de fondos de sospechosos que iban desde la multinacional tecnológica hacia la caja B de Génova por un importe total de al menos 600.000 euros. Averiguaciones posteriores permitieron arrojar luz sobre ese presunto desvío de fondos, que habría superado el millón de euros entre 2008 y 2013, coincidiendo con la peor fase de la crisis económica. La fiscalía también ha pedido la declaración en calidad de imputada de Esperanza Aguirre, máxima autoridad del Gobierno madrileño y de la formación durante el periodo investigado, y de Cristina Cifuentes, también expresidenta de la Comunidad de Madrid.
Indra, Santander y Prisa
Monzón acabó en el Santander tras su destitución en 2015 como primer ejecutivo de Indra, a petición precisamente del Gobierno del Partido Popular. Indra tiene al Estado como uno de sus principales accionistas, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Y desde ahí fue ocupando nuevos cargos de responsabilidad. En primer lugar, Ana Botín, presidenta de Santander, nombró a Monzón consejero independiente de Banco Santander España, la matriz española, pero no cotizada, al poco tiempo de salir de Indra. Después le propuso como presidente no ejecutivo de Openbank, la apuesta tecnológica del grupo. Y finalmente Monzón ocupó sillón en el consejo de administración de Prisa, de la que el banco es accionista destacado y el mayor acreedor de varios de los inversores más relevantes, como la familia Polanco.
A finales de 2017, Santander aconsejó su designación como presidente en sustitución de Cebrián. Opción que no cuajó en una primera instancia, pero que en enero de 2018 se subsanó con su nombramiento como vicepresidente en un momento en el que el grupo propietario de ‘El País’ y Cadena Ser necesitó recurrir a una ampliación de capital de 565 millones de euros para salir de la insolvencia. El Santander fue el banco que lideró aquella colocación de acciones y la posterior que se hizo este año por 200 millones adicionales para financiar la compra del 25% de Santillana. En ese momento, Monzón ya era presidente no ejecutivo de Prisa.
Javier Monzón
Por tanto, el Santander es la entidad de cabecera de Prisa, cuyos estatutos, renovados recientemente a propuesta del propio Javier Monzón, incluyen la puesta a disposición del cargo «cuando se viesen negativamente afectadas, de manera significativa, la honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia, disponibilidad o el compromiso con su función necesarios para ser consejero de la Sociedad».
Porque Monzón, según estos estatutos, tiene que informar de inmediato al secretario del consejo de administración de la petición de imputación por parte de la Fiscalía y, «en su caso, dimitir en aquellos supuestos que le afecten y puedan perjudicar al crédito y reputación» de la compañía. Los estatutos dicen que el presidente no ejecutivo de Prisa deberá poner el cargo a disposición si fuese declarado «investigado, si resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral en una causa penal por cualquier delito».
En este caso, el consejo de administración examinará esta circunstancia tan pronto como sea posible y, previo informe de la comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, «adoptará las decisiones que considere más oportunas en función del interés social». En estos supuestos, el órgano de gobierno podrá «requerir al consejero para que dimita de su cargo y, en su caso, propondrá su separación a la Junta General de Accionistas». Por su parte, los estatutos del Santander también contemplan, aunque de forma menos precisa la dimisión, y, al tratarse de una entidad financiera, el supervisor bancario europeo, el BCE, también podría interesarse por el asunto y analizar la idoneidad del ejecutivo para el puesto.
La situación es también embarazosa para Indra, en cuyo consejo hay dos hombres en nombre del PSOE, en representación del 18,7% que tiene el Estado a través de la SEPI. Aunque la empresa, ahora presidida por Fernando Abril-Martorell, ha colaborado con la justicia desde el primer día para esclarecer los hechos de la etapa anterior, ver su nombre en un caso de corrupción golpea su reputación.
La caja B del PP
Los más probable es que el instructor de la causa, el juez Manuel García Castellón, dé su visto bueno a la petición de la Fiscalía, ante los indicios que forman parte del procedimiento. La UCO ha reconstruido el grueso de las operaciones en sus informes. El último, del pasado junio, ha resultado decisivo. Según los expertos en delitos económicos del Instituto Armado, el primer paso radicaba en que el Gobierno de Aguirre concedía contratos millonarios a Indra para la prestación de servicios tecnológicos.
Después, directivos de la empresa participada por el Estado desviaban una parte de las adjudicaciones hacia una red societaria controlada por el empresario del sector de la educación Óscar Sánchez Moyano. El trasvase del dinero se encubría como pagos por supuestos servicios de ‘formación in company’ que, en realidad, Indra nunca disfrutó. Del último paso se encargaba Sánchez Moyano. El empresario usaba el dinero recibido de la tecnológica para pagar directamente las deudas que había contraído el PP con las agencias de comunicación y publicidad que hacían sus campañas electorales.
Como adelantó este diario, el informe de la UCO de junio apuntaba directamente a Aguirre. La exdirigente del PP era la máxima responsable del Gobierno que adjudicó los contratos públicos bajo sospecha y, también, la principal beneficiaria del dopaje electoral que recibía Génova. Además, fue presidenta de Fundescam, la fundación vinculada al PP por la que circularon presuntas donaciones ilegales de empresarios que terminaron igualmente en la caja B de los populares.
El juez también cuenta con un testimonio cualificado que implica a Monzón e Indra: el de la propia compañía. El presidente de la multinacional desde enero de 2015, Abril-Martorell, empezó a colaborar con la Audiencia Nacional en el otoño de 2017. Después de revisar toda la documentación que tenía sobre estas operaciones, la empresa ha admitido los pagos a la red de Sánchez Moyano y ha reconocido que, efectivamente, no hay ni un solo documento que le permita justificar por qué se efectuaron.
Ahora solo falta por ver si el juez acepta la petición de la Fiscalía para escuchar al menos qué tienen que decir Aguirre, Monzón e Indra, pero parece bastante probable que así sea.
