El fondo buitre Blackstone controlará el ladrillo tóxico del Banco Popular desde Islas Caimán

• La sociedad española con la que controlará junto a Banco Santander los activos del Popular está domiciliada en Madrid pero su propietaria está en ese paraíso fiscal
• «El banco no va a tener ninguna sociedad en paraíso fiscal», apostillan desde Banco Santander

[label type=»success»]+reciente, 30-01-2018: [/label] Blackstone quiere comprar el servicio de noticias financieras de Reuters – elsaltodiario.com

Una sucursal de Banco Popular // EFE

El fondo buitre estadounidense Blackstone va a controlar el ladrillo tóxico del Banco Popular que va a venderle Banco Santander a través de una sociedad controlada desde Islas Caimán, considerado un paraíso fiscal por la Agencia Tributaria española.

La decisión de elegir ese territorio, habitual entre los grandes fondos, era previsible, dado que el fondo de Blackrock que en agosto pasado acordó comprar a Santander el 51% de esa cartera de activos problemáticos del Popular (inmuebles y créditos dudosos) está también radicado en ese territorio offshore, tal y como informó entonces eldiario.es.

En agosto pasado, Blackstone y Santander pactaron la denominada Operación Quasar, el traspaso al fondo estadounidense del 51% del ladrillo envenenado de Popular que ambas entidades prevén tener cerrado este trimestre, una vez obtenidas todas las autorizaciones pertinentes. La operación, tal y como se recoge en el folleto de la próxima salida a bolsa de Metrovacesa (cuyo mayor accionista es Santander) se va a sustanciar a través de la sociedad conjunta Project Quasar Investments 2017, SL.

Esta firma inició su actividad el pasado 23 de mayo y fue constituida el pasado 9 de junio en Madrid bajo la denominación de Bapet Investments 2017, que cambió a su nombre actual en noviembre. Desde diciembre, Project Quasar Investments 2017 tiene como socio único a la luxemburguesa Quasar Investment S.à r.l., a su vez propiedad de otra firma luxemburguesa, BRE/Europe 9NQ S.à r.l., cuyo único socio es BREP Investment 9NQ LP, domiciliada en George Town, capital de Islas Caimán y vinculada a Blackstone.

Aunque sí figura en la lista de paraísos de España, esta jurisdicción caribeña dependiente de la Corona británica ha quedado encuadrada en la denominada «lista gris» de la descafeinada lista de paraísos fiscales que acaba de publicar la Unión Europea.

A preguntas sobre este asunto, fuentes del banco español subrayan que su participación en joint venture con Blackstone no va a canalizarse en ninguna sociedad en paraíso fiscal y atribuyen la existencia de esa cadena de sociedades en Luxemburgo e Islas Caimán a su socio. «El banco no va a tener ninguna sociedad en paraíso fiscal», apostillan.

En sus últimas cuentas anuales presentadas, las de 2016, Santander explicaba que tenía cuatro filiales residentes en territorios considerados paraísos fiscales por España y preveía mantener en el futuro dos filiales off-shore «prácticamente sin actividad, en Jersey e Isla de Man», territorios con los que el Gobierno español ya firmó en 2015 acuerdos de intercambio de información que todavía no han entrado en vigor.

«Adicionalmente, se prevé que firme también en el futuro con las Islas Caimán», por lo que, subrayaba el banco, «todos estos territorios dejarán de tener la condición de paraíso fiscal a efectos de la legislación española en el momento en que dichos acuerdos entren en vigor y, por tanto, el Grupo no mantendría ninguna entidad residente en territorios off-shore».

En Islas Caimán, a cierre de 2016 Santander contaba con tres sucursales que «dependen de, e integran su balance y cuenta de resultados en, sus correspondientes matrices extranjeras». Una de ellas, «cuyos beneficios tributan íntegramente en Brasil», proporcionaron al beneficio antes de impuestos de ese año 347 millones de euros.

La venta a Blackstone se va a financiar mediante un crédito de 6.500 millones que supone la mayor operación financiera actualmente en España. La compra del 51% del negocio inmobiliario del Popular incluye viviendas, locales, suelos y créditos por un valor contable bruto de unos 30.000 millones de euros que, tras diversos ajustes realizados primero por Popular y luego por el Santander, cayó a 10.000 millones, lo que supone un descuento del 66%. También incluye Aliseda (la firma del Popular que gestionaba esos activos) y un ahorro fiscal (activos fiscales diferidos) de unos 300 millones.

La operación se concretó 40 días después de que esos activos salieran a la venta y se hizo pública unas horas después de que la Comisión Europea aprobase la compra de Popular por parte de Santander por un euro tras la intervención de la entidad en junio. Con la venta, Santander logrará ahorrarse pérdidas adicionales y sacar esos activos de su balance con el consiguiente efecto positivo sobre sus ratios de capital y su morosidad, y sin renunciar del todo a ellos, ya que conservará un 49%, aunque la gestión queda en manos de Blackstone, experto en este tipo de operaciones.

Blackstone, el mayor propietario de ladrillo del mundo, podrá consolidarse como uno de los grandes protagonistas del sector inmobiliario en España, un mercado en el que ya contaba con cerca de 100.000 activos y en el que irrumpió hace cuatro años, cuando compró 1.860 viviendas sociales, garajes y trasteros al Ayuntamiento de Madrid, entonces dirigido por Ana Botella.

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