El organismo encargado del rescate bancario pide esperar a vender Bankia para evaluar el coste definitivo de la reestructuración del sistema financiero
El presidente del FROB, Jaime Ponce, durante su comparecencia en el Congreso // E.P.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha recuperado 5.911 millones de los 59.056 millones empleados en el rescate bancario, según los datos aportados por el presidente de la institución, Jaime Ponce, ante la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso.
Ponce, que ha acudido a la Cámara Baja para explicar su actuación durante la resolución del Banco Popular el pasado mes de junio y su venta al Banco Santander, ha explicado que el origen de estos 5.911 millones es la amortización e intereses de instrumentos híbridos de capital y en la venta de entidades. Las más recientes, el reembolso de 224,4 millones de Ibercaja, de 604 millones de CEISS y el cobro de 57 millones de euros en intereses.
Además, BFA ha percibido dividendos por su participación en Bankia por un total de 535 millones de euros, 211 millones este mismo año. En todo caso, el FROB señala que cuantificar el coste total de las ayudas dependerá de elementos «sobre los que no existe aún certidumbre completa». Por ejemplo, dependerá de cómo evolucionen las pérdidas esperadas de las garantías concedidas, la participación del Estado en Sareb y el precio al que se venda Bankia, con BMN fusionada.
esta cuestión, el presidente del FROB ha reconocido que se están analizando las mejores alternativas para realizar una desinversión, que se producirá «cuando se cumplan las condiciones que faciliten reactivar este proceso».
El FROB ha remitido hasta 57 operaciones a la Fiscalía de prácticas de presuntamente irregulares en las entidades rescatadas
Según ha explicado Ponce, de los 59.056 millones de ayudas públicas a la banca, unos 54.353 millones se han destinado a reforzar el capital de las entidades, y el coste de las garantías concedidas por el FROB asciende a 2.511 millones, después de que el Estado haya tenido que asumir 97 millones por las cláusulas suelo de NCG Banco, hoy Abanca.
Al mismo tiempo, ha destacado que el FROB ha seguido analizando prácticas de gestión presuntamente irregulares en las entidades rescatadas y por eso ha remitido hasta 57 operaciones a la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada.
Estas operaciones, ha calculado, habrían supuesto un perjuicio a las entidades que recibieron apoyo financiero público de 3.704,8 millones de euros.
Informe de Deloitte sobre el Popular
De otro lado, la mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso han pedido al presidente del FROB que haga públicos los informes de la auditora Deloitte que informó de la solvencia del Banco Popular y que posteriormente fue vendido al Banco Santander por un euro. La mayoría de los partidos políticos han acusado a la institución que preside Ponce de no ser transparente con la información.
Desde el grupo socialista, el portavoz económico, Pedro Saura, ha señalado que la compra del Popular por el Santander no ha sido por un euro, sino que ha ganado hasta 10.000 millones de euros por la venta de la cartera de activos inmobiliarios, además de que Deloitte valoró la entidad en 2.000 millones de euros. Ha criticado que los informes de la auditoría no se hayan hecho públicos y le ha preguntado cómo es posible que las autoridades europeas y españolas «se quieran ir de rositas» y evitar responsabilidades en la quiebra del sexto banco del país.
El portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Economía, Alberto Montero, ha criticado que la resolución del Banco Popular se haya producido ocho años después de toda la crisis financiera y tras el proceso de reestructuración bancaria, al tiempo que le ha preguntado si el problema de esta entidad era de liquidez o solvencia.
Francisco de la Torre, de Ciudadanos, ha coincidido en que se debe aclarar si la resolución del Popular fue por falta de liquidez o no y ha pedido saber si se trataba de «un banco zombi» sin actividad crediticia. «Estamos ante un mecanismo de naturaleza expropiatoria», ha dicho y ha incidido en que el coste de los activos fiscales diferidos suponen 400 millones de euros que impactan de forma negativa en las arcas públicas, al tiempo que ha lamentado que la información sea «secreta» y que el Parlamento no tenga acceso, por lo que ha considerado que no hay una «rendición democrática de cuentas».
