- La declaración de zona protegida de la zona del ATC por parte de Castilla-La Mancha prácticamente bloquea la Declaración de Impacto Ambiental
- Recurrir al Tribunal Constitucional o declarar la obra de interés público, entre las escasas alternativas que tiene el Ejecutivo
La decisión de ampliar una zona de especial protección medio ambiental para bloquear la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca) por parte del nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page, ha puesto muy cuesta arriba la intención del Gobierno central de iniciar la construcción del polémico silo antes de que acabe esta legislatura para que entre en funcionamiento a finales de 2017.
La primera consecuencia de la decisión de Page, investido presidente en julio con los votos de Podemos tras anunciar su rechazo explícito a la instalación del basurero nuclear, es, según fuentes jurídicas, el bloqueo de la continuación del trámite para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del ATC que debe expedir el Ministerio de Medio Ambiente.
Las fuentes consultadas creen que, a dos meses de las elecciones, el Gobierno central apenas tiene margen para dejar atada la que iba a ser la mayor infraestructura pública de esta legislatura, que en teoría debería estar en funcionamiento a finales de 2017.
El primer gran escollo, el informe favorable sobre el impacto radiológico de la instalación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), quedó salvado el pasado julio entre acusaciones de politización del organismo que preside el exsecretario de Estado. Pero, tras la derrota de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, la DIA es otra cosa. En su última comparecencia en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso, el pasado 29 de septiembre, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, reconoció el «impacto» de la iniciativa del Gobierno de García-Page sobre este permiso: «Introduce un elemento de incertidumbre» que todavía no se ha «despejado», dijo Nadal, que no dudó en acusar a Page del «freno» en la presentación del VII Plan general de residuos radiactivos, un trámite que Industria tiene pendiente desde 2013.
El secretario de Estado prometió hacer uso «de los medios legales que tengamos» para desbloquear el proyecto. Pero, según fuentes jurídicas, sus posibilidades de éxito son escasas. Estas son las opciones que baraja el equipo legal del Ministerio de Industria.
1) Declarar el proyecto de interés público
En la comparecencia de Nadal, el portavoz del PSOE, José Segura, le preguntó por qué el Gobierno no ha declarado obra de interés general el ATC. No obtuvo respuesta. El Ejecutivo podría acogerse al artículo 45.5 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que permite realizar, «a falta de soluciones alternativas» una determinada actuación en una zona protegida «por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica».
Pero esta medida sólo puede adoptarse mediante una ley, por acuerdo (motivado y público) del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes, programas o proyectos que deban ser aprobados o autorizados por la Administración General del Estado, o del órgano de Gobierno de la Comunidad autónoma. Y plantea dudas jurídicas. Además de requerir medidas compensatorias, el Gobierno tendría que justificar que carece de alternativas a Villar de Cañas. Y las tiene: el municipio conquense, el peor colocado en la última criba de candidatos desde el punto de vista geológico, fue seleccionado nada más llegar al poder Mariano Rajoy, en una decisión política atribuida a la entonces presidenta castellano-manchega, Cospedal.
Había otros siete posibles emplazamientos propuestos en 2010 por una Comisión Interministerial creada al efecto: Albalá (Cáceres), Ascó (Tarragona), Melgas de Arriba y Santervás de Campos (ambos de Valladolid), Torrubia de Soria (Soria), Yebra (Guadalajara), Zarra (Valencia) y Congosto de Valdivia (Palencia).
2) Impugnar en el Tribunal Constitucional
Impugnar directamente el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta ante esa instancia suspendería automáticamente su eficacia, pero el Constitucional tendría que ratificar esa suspensión en un plazo de cinco meses. Y podría revocarla, con el argumento de García-Page ha ejercido sus competencias para bloquear la decisión del Ejecutivo central.
3) Presentar un recurso contencioso-administrativo
El Gobierno central podría recurrir el acuerdo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha alegando, por ejemplo, que adolece de lo que en jerga jurídica se conoce como «desviación de poder» (cuando una Administración persigue una finalidad privada o un propósito inconfesable, extraño a cualquier defensa de los intereses generales). Sin embargo, no tendría efecto inmediato: su resultado sería incierto y tardaría años en resolverse.
4) Alegaciones de Enresa contra el acuerdo
La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), encargada de la construcción del silo nuclear y tutelada por el Ministerio de Industria, también podría presentar alegaciones en contra del acuerdo del Gobierno manchego. Pero es muy improbable que prosperasen.
5) Cambiar ex profeso la normativa medioambiental
Otra opción sería modificar la normativa sobre biodiversidad a golpe de Real Decreto-Ley, una fórmula de la que el Gobierno Rajoy ha abusado por doquier durante esta legislatura. Pero requeriría un análisis jurídico muy exhaustivo para que tuviera encaje con la normativa comunitaria. Y el tiempo se agota. En su reciente comparecencia, el secretario de Estado de Energía pidió que se «se despeje cuanto antes» la incertidumbre sobre la puesta en funcionamiento del ATC y «que no se produzcan retrasos» en su puesta en marcha. Esta, dijo, se producirá «sin ninguna duda». Está por ver dónde y cuándo.
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