Una denuncia lanzada por el grupo de Más Madrid revela que 145 millones de euros destinados a educación, sanidad, dependencia, vivienda y exclusión fueron desviados para cumplir con la “regla de gasto”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid durante su sesión de investidura // David F. Sabadell
El escándalo por el recorte encubierto de las partidas sociales ha estallado en la Asamblea de la Comunidad de Madrid después de que la Consejería de Hacienda, dirigida por Javier Fernández Lasquetty, renunciara a gastar 145 millones de euros en sectores tan sensibles y necesitados de inversión como sanidad, educación o vivienda. “El PP prefiere recortar en educación o residencias de mayores que dejar de hacer regalos fiscales a los ricos”, criticaba Pablo Perpinyà, portavoz de Más Madrid, formación que ha hecho pública la denuncia.
Se trata de 1.030 partidas presupuestarias por valor de 145 millones de euros hasta octubre, 195 millones si se contempla todo el año 2019. Entre estos recortes encubiertos, según el análisis realizado por Más Madrid, hay 22 millones de euros que nunca se gastarán en becas, ayudas o infraestructuras educativas, más de tres millones de euros que no se invertirán en residencias de mayores, siete millones de euros que nunca se utilizarán en la lucha contra la exclusión social —incluido seis millones de euros que no cobrarán las personas que necesitan la Renta Mínima de Inserción—, medio millón que no llegará a las ayudas a la dependencia o 600.000 euros que ya no se utilizarán para la atención de personas discapacitadas y la protección de menores.
La Consejería de Hacienda ha negado las acusaciones y alega que ese dinero se destinó a pagar a proveedores y para otros gastos sociales. Por su parte, Perpinyà ofrece una explicación de lo sucedido apta para todos los públicos: “La Consejería se llevó el dinero destinado a partidas sociales, a partidas de educación, de residencias de mayores, a becas de comedor, a otro lugar donde no se podía ejecutar, lo que comúnmente conocemos como recortes”.
Ese “otro lugar” se llama en la jerga administrativa “imprevistos e insuficiencias”. Según la denuncia de Más Madrid, este traspaso de 145 millones de euros ayudaría a cerrar el año con el objetivo de estabilidad presupuestaria cumplido y con las cuentas de 2019 cuadradas.
Este jueves Más Madrid exigirá explicaciones a “un Gobierno que para proteger a un puñado de ricos, tortura a millones de madrileños con 145 millones en recortes”
El portavoz de Más Madrid describe el “Ayusazo” como de un “crimen que va a pasar a la historia” dado que los recortes caen sobre unos servicios públicos ya degradados: “En los colegios faltan plazas, faltan profesores, algunos con obras que no están terminadas. En las residencias de mayores, donde hemos tenido escándalos recientemente por trato inhumano, faltan infraestructuras, falta personal, faltan plazas”.
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Al mismo tiempo que se producían estos recortes, en octubre de 2019, el Gobierno de Ayuso hablaba de “la rebaja fiscal más grande de todos los tiempos”. Para Perpinyà, esta “paradoja” significa que “la señora Ayuso pretende que esta rebaja fiscal se termine pagando con los servicios y los derechos de la gente más desfavorecida de la Comunidad de Madrid, la gente que tiene más necesidades”.
Este jueves, 20 de febrero, Perpinyà exigirá explicaciones desde la bancada de Más Madrid a “un Gobierno que para proteger a un puñado de ricos, tortura a millones de madrileños con 145 millones en recortes”.
Unos recortes que vienen de lejos
Este tipo de recortes son habituales en la Comunidad de Madrid, dice a El Salto la diputada autonómica por Podemos Isa Serra. Según relata Serra, a la hora de la liquidación de los presupuestos suelen ser las partidas sociales las que siempre se caen. En esta ocasión, indica, la principal diferencia es la dimensión del recorte.
Isa Serra señala directamente al endeudamiento, que no deja de crecer año tras año, de la Comunidad de Madrid: “Muchas de las partidas que se trasladan van a parar al pago de la deuda, ocasionada precisamente por las rebajas fiscales a los millonarios”. En muchas ocasiones, señala Serra, este traspaso de partidas sociales se utiliza para “cumplir la regla del gasto” o incluso, tal como han denunciado desde Podemos en años anteriores, al pago de los intereses de la deuda “que han generado esas rebajas fiscales a los millonarios”.
“Díaz Ayuso es una continuadora del aguirrismo, del neoliberalismo que lleva aplicándose muchos años en la Comunidad de Madrid. Pero es una mala copia, porque no tiene las capacidades de Aguirre“, dice Isa Serra a El Salto
En el centro del debate vuelve a estar Fernández-Lasquetty, que en 2014 se vio forzado a dimitir después de que fracasara su plan de privatización de la sanidad madrileña. También vuelve a estar en el centro Esperanza Aguirre, o al menos su filosofía. “Díaz Ayuso es una continuadora del aguirrismo, del neoliberalismo que lleva aplicándose muchos años en la Comunidad de Madrid. Pero es una mala copia, porque no tiene las capacidades de Aguirre, aunque sí conserva esa apuesta ultraneoliberal conservadora de Aguirre, que defienden tanto Isabel Díaz Ayuso como Lasquetty, convertido en una de las principales piezas de su Gobierno”, dice Serra.
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Degrada que algo queda
La degradación de los servicios públicos, después de décadas de recortes y privatización, no es casualidad, dice esta diputada autonómica de Podemos. En Educación, señala, la Comunidad de Madrid es la que tiene menos gasto por estudiante de toda España y es la segunda región europea con mayor segregación socioeconómica en los colegios de secundaria. “Desde luego, han destrozado la educación pública, y eso siempre lo han hecho para favorecer a la privada y a la concertada, y con la sanidad pasa lo mismo… Están asfixiando a los propios profesionales. La sanidad pública se sostiene gracias a ellos”, dice Serra.
La revelación de este último escándalo del Gobierno regional llega poco después de que se hiciera público un recorte de 350.000 euros en Educación en la Comunidad ya que, según el Gobierno regional, que “los centros tienen buena liquidez”. Este 7 de febrero, el Gobierno de Ayuso anunciaba que recortaba el 5% a los colegios públicos bilingües, así como el presupuesto de los 26 colegios públicos en los que se imparte primaria y secundaria para igualarlos a los centros en los que solo se imparte primaria.
