JEFTA // El Consejo de la Unión Europea sellará este acuerdo en Bruselas el 11 de julio, y para ello ha requerido a los 28 que certifiquen por escrito que lo respaldan. Las multinacionales han vuelto a tener un destacadísimo papel en la negociación del JEFTA, y el nuevo Ejecutivo debe lidiar con esta cuestión cuando se cumple un año de su abstención ante el CETA.
El presidente del gobierno Pedro Sánchez, durante la foto de familia previa a la reunión del Consejo de Ministros tras la incorporación de José Guirao // EFE
Hace algo más de un año, Pedro Sánchez propinó un golpe al CETA, el polémico acuerdo comercial UE-Canadá, pero no hará lo propio con su homólogo japonés, JEFTA, pese a que entonces era secretario general del PSOE, y hoy es el presidente del Gobierno.
De hecho, el Ejecutivo va a respaldar un acuerdo redactado cuando gobernaba Mariano Rajoy que vulnera varias de las líneas rojas adoptadas por el PSOE en mayo de este mismo año, reflejadas en el documento «Principios para los Tratados Comerciales»: los Parlamentos de los 28 no participarán en la ratificación del tratado, como exigía el PSOE en este texto, y el JEFTA no incorpora mecanismos o sistemas para sancionar a las empresas que incumplan, por ejemplo, el capítulo sobre Comercio y Desarrollo Sostenible, como también reclamaban en mayo los socialistas.
Japón tampoco ha ratificado dos de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -sobre la Abolición del Trabajo Forzado y la Discriminación en el Trabajo-; el texto apenas menciona el Acuerdo Climático de París y, en contra de lo que exigía el PSOE hace sólo tres meses, en sus páginas no hay siquiera mención a la perspectiva de género.
Fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo confirman a ‘Público’ que el Ejecutivo apoya la firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Japón
Fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo confirman a Público que el Ejecutivo apoya la firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Japón, cuya tramitación encontraron entre sus tareas pendientes a su llegada a La Moncloa, hace poco más de un mes. No obstante, estas fuentes aseguran que el Ejecutivo va a trasladar a Bruselas “una serie de exigencias en materia de política social y ambiental” a futuro, que no pueden alterar o corregir el JEFTA. Después del día 11, cuando se firme, será prácticamente imposible modificar el acuerdo.
En concreto, el Gobierno se compromete a instar a la Comisión Europea para que, “con carácter previo a la celebración de la primera reunión del Comité de Desarrollo Sostenible del acuerdo, exija a Japón que ratifique las convenciones 105 y 111 de la OIT”. También demanda que ambas partes sellen por escrito su compromiso “firme e ineludible” con los Acuerdos de París, y promete que exigirá a Bruselas que las cuestiones “medioambientales y sociales” tengan mayor peso en los próximos tratados.
El Ejecutivo asegura que en las “futuras negociaciones de acuerdos comerciales” sí respetará sus propias líneas rojas
En última instancia, el Ejecutivo asegura que en las “futuras negociaciones de acuerdos comerciales” sí respetará sus propias líneas rojas -en materia de igualdad de género, Pymes o lucha contra la corrupción-, y se compromete a mantener informado al Congreso de los Diputados y al Senado del estado de las negociaciones, solicitando para ello “información puntual de la Comisión Europa”.
Opacidad y protagonismo de las multinacionales
Por otra parte, como denunciaba recientemente un estudio del Observatorio Corporativo Europeo (CEO) adelantado por El Salto, 190 de las reuniones a puerta cerrada de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea sobre el JEFTA tuvieron a lobbies de las grandes empresas como protagonistas.
Esto representa un 89% del total, mientras que sólo 9 de estos encuentros, un 4%, sentaron a la Comisión con organizaciones civiles. Tampoco hubo reuniones con representantes de sindicatos ni Pymes, según la documentación obtenida por el CEO a través de solicitudes de acceso a información.
A esto se une la habitual opacidad de la Comisión Europea, responsable de las negociaciones, a la hora de cocinar este tipo de tratados. Las conversaciones con Japón comenzaron en 2013, pero desde la Campaña No a los tratados de Comercio e Inversión recuerdan que el mandato negociador, redactado en 2012, no se hizo público hasta septiembre de 2017, cinco años después de que arrancaran las conversaciones, y tras varias denuncias de distintas organizaciones civiles.
En cifras, el Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón abarcará un intercambio comercial que supone cerca de una cuarta parte del PIB mundial, según las cifras de la Comisión Europea. Y, como ocurrió con el CETA o el TTIP (tratado comercial UE-EEUU, en vía muerta), tampoco se ha efectuado un estudio de impacto a nivel español.
El JEFTA no ha sido catalogado como tratado mixto, y por ello no requiere del visto bueno de los 28 parlamentos nacionales
Se da la circunstancia de que el JEFTA no ha sido catalogado como tratado mixto, y por ello no requiere del visto bueno de los 28 parlamentos nacionales. El acuerdo supone la cristalización de la nueva estrategia de Bruselas en la materia, que pasa por separar los mecanismos de protección de inversiones de los capítulos comerciales, para agilizar así la aprobación de estos tratados.
Presión para que el Gobierno cancele o posponga la firma
En otro orden de cosas, en los últimos días el Gobierno se ha visto presionado por algunas fuerzas parlamentarias que exigían que rechazase el JEFTA. El Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados registró esta misma semana una proposición no de ley para su debate en pleno y en sendas comisiones, en la que pide no dar luz verde al tratado.
También urge a Sánchez a que solicite una prórroga de seis meses para poder estudiar debidamente el texto, y que éste sea remitido al Parlamento y a las cámaras regionales para su estudio y debate. “No se ha tratado en ningún espacio parlamentario”, denuncia a Público Sònia Farré, diputada de En Comú Podem. Su formación publicó el jueves un comunicado en contra de la firma del acuerdo, y Compromís registró una pregunta parlamentaria sobre la misma cuestión.
Farré insiste en la importancia de efectuar un estudio sobre el impacto del acuerdo, y denuncia la “incongruencia” entre “lo que defiende el PSOE y lo que hace el Gobierno”. “Les han durado dos meses los principios”, zanja.
