El Gobierno deja fuera de la subida salarial de empleados públicos a 7.000 trabajadores en el exterior

  • Unos 7.000 trabajadores del sector público en el exterior no están incluidos en el incremento salarial que aprobó el Gobierno el pasado viernes en Barcelona
  • Se trata del personal laboral en el organismos e instituciones públicas en el extranjero, con sueldos congelados desde 2009: “Su situación es límite”, advierten los sindicatos
  • Los representantes de los trabajadores exigen al Gobierno de Pedro Sánchez, que está “estudiando la situación de cada país”, celeridad para aprobar un incremento en sus remuneraciones

Los trabajadores de la Embajada de España en Venezuela se sumarán a la huelga del personal laboral en el exterior

Imagen de archivo de los trabajadores de la Embajada de España en Venezuela.

Subida salarial de entre un 2,25 y un 2,75% para los empleados públicos en 2019. Un alivio y buena noticia para muchos, pero no para ellos. Unos 7.000 trabajadores del sector público no se ven beneficiados por el incremento aprobado por el Gobierno el pasado viernes en Barcelona. Se trata del personal laboral que está empleado en organismos e instituciones públicas en el exterior del país, como embajadas, consulados, la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (Aecid) y el Instituto Cervantes, entre otras. Su situación es “límite”, denuncian los sindicatos: llevan diez años sin ver subir sus sueldos.

“El 1 de enero de 2019 cumplimos una década de no ver incrementado el salario del personal laboral en el exterior, sin que la Administración nos haya dicho a día de hoy aún por qué”, critica Osmany Llanes, representante del Servicio Exterior de Comisiones Obreras.

Los sindicatos denuncian la discriminación de estos trabajadores públicos a miles de kilómetros, que “sacan adelante la representación de este país fuera y se les está maltratando”, sostiene Gonzalo Sáenz, secretario de organización de la Federación Exterior de UGT.

Carlos (nombre ficticio) es parte del personal laboral de la administración española en Uruguay desde hace muchos años, pero reconoce que está buscando trabajo por necesidad. La década de congelación salarial le ha supuesto “recurrir el multiempleo, bajar la calidad de vida de manera notoria, sacrificar colegios, vacaciones, coches, calidad en los productos alimenticios…”, enumera el trabajador. Aunque pasados los 40 y pico años, apunta, tampoco es fácil encontrar una buena alternativa en el mercado laboral.

Los sindicatos cifran en unas 7.000 personas las que forman este personal laboral en el exterior, que ocupan puestos de “mucha variedad”, explicaba Sáenz a este medio: “Salvo personal directivo, encontramos trabajadores laborales en puestos administrativos, auxiliares, chóferes, personal de servicio de las embajadas, jardineros, vigilantes…”. Javier Sastre, coordinador de Exteriores de CSIF, asegura que hay empleados “que se está marchando” o que quieren hacerlo, como “los responsables de programas de la Aecid y los gestores culturales, profesores y bibliotecarios del Instituto Cervantes”.

La moción de censura que aupó a Pedro Sánchez en la Moncloa insufló esperanza en muchos trabajadores, explican los representantes sindicales. El Ejecutivo de Mariano Rajoy se negó a recuperar los salarios de este personal laboral durante su mandato mientras el resto de los empleados públicos volvía a percibir subidas salariales tras los años de crisis. En el exterior, las nóminas del personal laboral –que no el funcionario– siguen en el congelador también con el Gobierno socialista. “No hay nada mejorable respecto al PP hasta ahora”, lamenta Javier Sastre.

Carlos considera que la lejanía ha favorecido que sus salarios se hayan mantenido inalterables todo este tiempo: “Diez años son muchos años. Somos 7.000 personas, pero nuestra situación geográfica hace que seamos una minucia, al estar dispersos nos cuesta mucho poder comunicarnos u organizar acciones”, explica.

El Gobierno afirma que “se está estudiando”

Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública responden que “se está estudiando la situación del personal laboral de cada país”, en colaboración con el Ministerio de Hacienda, donde los sindicatos sitúan las principales reticencias para autorizar esta subida salarial. Los trabajadores laborales en el exterior se rigen por un marco propio, un acuerdo interministerial de 2008 que aborda específicamente sus condiciones. Hasta la congelación salarial, sus subidas de sueldo se negociaban con los sindicatos según el país de destino. Las organizaciones de trabajadores esperaban que este 1 de enero ya tendrían acordados los incrementos para este personal, para que pudieran beneficiarse de la subida que les correspondiese al mismo tiempo que el resto de empleados públicos.

Las situaciones de los trabajadores distan mucho unas de otras, con países con precios muy altos, grandes subidas del coste de la vivienda en los últimos años o que enfrentan una alta inflación, como es el caso de Uruguay, con un aumento interanual de los precios del 8,5% el pasado noviembre, Argentina (con un 48,5% de subida) o Brasil (+3,6%). “El combustible en 2009 tenía un coste de 25 pesos, hoy de 55 pesos”, explica a modo de ejemplo Carlos.

En algunos casos concretos, los empleados han acudido a los tribunales para conseguir ciertas subidas, como el personal laboral en Australia, cuyas remuneraciones caían por debajo del salario mínimo del país.

Los representantes de los trabajadores fueron citados por la Administración la semana pasada en la Comisión Técnica de este personal, que llevaba sin reunirse desde junio de 2017. “Nos dijeron que nos volvíamos a ver después del verano y no ha sido ni después del verano de 2018”, ironiza Gonzalo Sáenz. Aunque los sindicatos valoran que se haya vuelto a convocar una reunión con el Gobierno, critican que en el orden del día de esa reunión no figurara la ansiada subida salarial. “Si esperamos año y medio para que nos reúnan, es para hablar de cuestiones medulares”, apunta Osmany Llanes.

El Gobierno les ha vuelto a emplazar en la Comisión Técnica en enero, explican los sindicalistas, ya sí para hablar de las remuneraciones y otros problemas, como la imposibilidad del personal laboral de elegir a sus representantes. Aunque después de tantos años de promesas incumplidas, los trabajadores desconfían.

“Creemos que ya habría dado tiempo en siete meses a aprobar la subida salarial, aunque entendemos que el Gobierno fue sobrevenido. Le pedimos que nos siente ya a negociar la subida, algo que a día de hoy no ha pasado”, sostiene Sáenz.

Los sindicatos advierten que, de no observar un cambio de actitud en las autoridades y celeridad para solventar la congelación de salarios, estudiarán movilizaciones. “Es que no hay ninguna justificación, supone un auténtico abandono de unos trabajadores públicos respecto a otros”, subraya Llanes.

Carlos espera un cambio de actitud del Gobierno, aunque lleva esperando una década y hay veces en las que el desánimo puede a la esperanza. “Es tremendo lo que estamos pasando. Tengo una familia numerosa y soy la cabeza de la familia, esto nos lleva a replantearnos irnos y abandonar un trabajo con más de 20 años de relación laboral”, lamenta.

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