- En una respuesta parlamentaria se limita a repasar las normas que contribuyen a «aminorar el riesgo» de estos comportamientos
- El informe elaborado a petición del Gobierno vasco certifica que entre 1960 y 2014 se han denunciado un total de 4.113 casos de torturas
- El Gobierno asegura que las posibles «extralimitaciones» son «excepcionales» y siempre «perfectamente fiscalizables»
La presentación del informe sobre la tortura en Euskadi. // EFE
El Gobierno español no ha querido entrar a valorar el informe que certifica que entre entre 1960 y 2014 se han denunciado un total de 4.113 casos de torturas por parte de policías en el País Vasco. En una respuesta parlamentaria a EH Bildu, el Ejecutivo se limita a repasar las normas y directivas que contribuyen a «aminorar el riesgo» de estos comportamientos que son, dice, «excepcionales».
Según consta en esa respuesta, el Gobierno destaca que un cambio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015 amplió las garantías y derechos para los detenidos. «Los protocolos policiales están plenamente adaptados a la nueva normativa y que han sido orientados a posibilitar el ejercicio de los citados derechos», añade.
Así, el escrito repasa las normativas que regulan el comportamientos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con personas bajo custodia policial. Además, añaden que el Ministerio del Interior rinde cuenta al Defensor del Pueblo en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Añade que en el mes de septiembre de 2016 tuvo lugar en España la última visita periódica del Comité de Prevención contra la Tortura y Penas y otros Tratos Inhumanos o Degradantes tratos, del Consejo de la Unión Europea, y en octubre de 2017 la visita del Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas. El Gobierno enmarca estas visitas en los mecanismos de control y supervisión de los tratos policiales a los detenidos.
Las «extralimitaciones» son «excepcionales»
Las normas y las visitas «contribuyen a aminorar el riesgo de que se produzcan comportamientos por parte de los funcionarios actuantes que infrinjan la normativa penal y reglamentaria que protege los derechos de las personas detenidas o que se encuentran bajo su custodia».
Además, el Ejecutivo señala que las posibles «extralimitaciones» son «excepcionales» y siempre «perfectamente fiscalizables y, en todo caso debidamente encauzado su tratamiento e investigación para que merezcan la respuesta penal y disciplinaria que proceda en cada supuesto».
El escrito del Gobierno es la respuesta a una batería de preguntas presentadas por EH Bildu, en las que pedía una valoración sobre ese informe y si se iban a tomar algunas medidas como respuesta a los datos que contenía, como una investigación de los casos denunciados.
El informe, elaborado por el Instituto Vasco de Criminología de UPV, certifica que entre 1960 y 2014 se han denunciado un total de 4.113 casos de torturas en Euskadi. El total de personas que denunciaron torturas es de 3.415, según el documento, encargado por el Gobierno vasco dentro de su plan de Convivencia.
El informe da veracidad a las denuncias en base a la «prueba testifical, la prueba documental y la prueba pericial con más de 26.113 documentos analizados, según se apunta en el documento, que fue presentado públicamente el pasado mes de diciembre
