El BOE anuncia que permitirá que Enagas repercuta 80 millones de euros en las facturas de los consumidores pese a que el Constitucional ha declarado nulo el artículo del Real Decreto que marca esa cantidad.
Acción de Greenpeace frente a la plataforma Castor // Greenpeace
Como cada año, el Gobierno anuncia mediante el BOE la disposición por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas. En esta disposición, entre otras cosas, se anuncian los peajes y retribuciones que las empresas pueden contabilizar y que podrán repercutir en la factura de todos los consumidores a lo largo del año.
El documento recoge una serie de cuotas destinadas a fines especiales en las que se reconoce una retribución en conformidad al Real Decreto Ley 13/2014 del 3 de octubre. Esta misma ley, que autorizaba el pago de 1.351 millones de euros a Escal UGS, la empresa de Florentino Pérez que gestionaba el polémico Proyecto Castor, había sido declarada nula cinco días antes por el Tribunal Constitucional.
En concreto, el BOE reconoce un importe de 80.664.725€ a los titulares del derecho de cobro con cargo al sistema gasista. Esta cantidad acabará repercutiendo sobre los consumidores finales a modo de un incremento en las facturas debida al incremento en los peajes. Enagas, la empresa encargada del transporte de la energía y actualmente a cargo de las instalaciones del Castor, realizó una cesión de derechos de cobro con tres entidades financieras de la indemnización que se debía pagar a Escal. Los importes recogidos en las facturas de los consumidores irán directos para cubrir esos derechos de cobro sobre la indemnización.
Los 80 millones de euros se trasladarán a la factura de los consumidores para pagar la indemnización a la empresa dueña del Castor
La sentencia del Constitucional ha declarado nula, por unanimidad, la indemnización que se le pagó a la empresa de Florentino Pérez mediante un Real Decreto de urgencia. El pago fue abonado en el tiempo récord de 30 días. El Constitucional argumentó que no había motivos para realizar el pago mediante un decreto de urgencia y, por lo tanto, lo declaró nulo. Los artículos del RD 2.2, 4, 5 y 6 han sido declarados nulos, entre los que se encuentran el que realiza el cálculo de la retribución que tiene que cobrar Enagas para recuperar el dinero que le pagó a la empresa gestora del Castor.
Para Mónica Guiteras, del Observatorí del Deute en la Globalització (ODG), ese pago se debería bloquear hasta que no se resuelva cuáles son las consecuencias del fallo del Constitucional. “El artículo 5 del RD es el que calcula los derechos de cobro de Enagas con cargo al sistema gasista, o sea que marca cómo se han calculado esos 80 millones que se van a pagar a costa del consumidor”, explica Guiteras a El Salto, “por lo que si apruebas algo con un mecanismo que el Constitucional dice que es nulo, deberían paralizar ese pago”.
Otra cosa que ha levantado sospechas entre las organizaciones sociales que, como el ODG, han denunciado las continuas sombras que existen en el caso Castor, ha sido la rapidez con la que se han aprobado estos pagos dada la situación de la sentencia del Constitucional.
“La Disposición se acaba de publicar en el BOE, pero está aprobada desde el día 22 de diciembre, justo un día más tarde de que el Constitucional declarar nulo el RD”, lamenta Guiteras.
Cuando se aprobó el Decreto por urgencia, Enagas tuvo que hacer frente a la indemnización a la empresa de Florentino Pérez, para lo que recurrió a una cesión de derecho de cobro con varias entidades que abonaron la cantidad a Escal UGS. La indemnización fue directa a pagar a los bonistas de Escal UGS, entre los que se encontraba el Banco Europeo de Inversiones, que había prestado 300 millones de euros a la empresa de Florentino.
Por lo que, según Guiteras, “los 80 millones de euros nos los cargarán en nuestras facturas y acabarán en los tres bancos que le concedieron el préstamo de urgencia, y que ahora debería ser anulado, Caixabank, Bankia y Banco Santander”.
El coste anual supera los 100 millones de euros
Además, la Disposición también contempla otros 15,7 millones de euros en concepto de mantenimiento de la instalación del Proyecto Castor, ahora abandonada, como ya publicó El Salto. Esta cantidad también será cargada en la factura final de los consumidores.
A estas dos cantidades, se le suma otros 6,5 millones de euros en pago a la empresa Escal en concepto de déficit tarifario de 2014, otro de los gastos que muchas organizaciones sociales y partidos políticos ponen en entredicho. La suma de las tres cantidades arroja que el coste del Proyecto Castor en 2018 costará a los consumidores más de 102 millones de euros.
