Una investigación del diario ‘Crític’ detalla todas las medidas, desde adjudicaciones a destituciones, adoptadas por la Generalitat intervenida por el Gobierno y descubre casos como el de la designación del hasta ahora secretario general de la Fundació Escola Cristiana, quien se ha convertido en el nuevo director general de Centros Concertados y Centros Privados.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, acompañados del delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo // EFE
Desde que Mariano Rajoy decidió imponer a Catalunya un Artículo 155 de potencia descomunal –cesando el Govern, disolviendo el Parlament y convocando elecciones anticipadas– la gestión de la Generalitat por control remoto desde Madrid no sólo no ha «normalizado» la situación política y económica en esa comunidad, como pretende el Gobierno, sino que ha supuesto el cese de cientos de cargos públicos, la paralización de la actividad legislativa, el retraso de los pagos de la administración, la multiplicación de la burocracia, la supresión de algunos organismos y la designación de altos cargos a dedo, con criterios no explicados.
El diario Crític acaba de publicar los resultados de una investigación del periodista Marc Font que repasa todas esas actividades impuestas a la Generalitat de Catalunya desde La Moncloa y detalla también los gastos, adjudicaciones y contratos millonarios que ha ido concediendo el Govern durante lo que ya se conoce como «el periodo 155».
Además, la asociación ServidorsCAT, creada por funcionarios públicos catalanes pocos días antes de la entrada en vigor del 155, ha elaborado un informe titulado Inventario de daños (Inventari de danys) que documenta cómo la Generalitat no sólo tiene un «nivel de actividad muy inferior al habitual», sino también que «jamás había funcionado tan mal».
Contrataciones millonarias, adjudicación electoral a Indra y nombramientos de conservadores
Entre las contrataciones más abultadas que ha concedido la Generalitat en este periodo 155 –y que detalla, una por una, el reportaje de Crític– destacan el de la compra de 50 millones de euros en carburantes a Repsol, o el de los más de 11 millones en pagos del Institut Català de la Salut. Aunque, claro está, la más polémica de todas fue la adjudicación a Indra, por casi millón y medio, de la informatización del escrutinio del 21-D.
Esa gestión gubernamental delegada desde Madrid también ha incluido el cese de más de 250 personas y el nombramiento de seis altos cargos. De estos últimos, los que llaman más la atención son Juan Antonio Puigserver, un abogado del Estado mallorquín que ha ejercido diversos cargos técnicos en sucesivos gobiernos del PP y que ha sido designado para ejercer como secretario general técnico en el Departament d’Interior, y Miquel Mateo, quien era el secretario general de la Fundació Escola Cristiana, quien se ha convertido en el nuevo director general de Centros Concertados y Centros Privados.
