El retraso en los pagos a proveedores y subcontratas aboca a la quiebra por insolvencia a miles de pequeñas y medianas empresas y de profesionales tras otra legislatura perdida sin incluir un régimen sancionador que penalice la tardanza en cubrir las facturas pendientes.
La falta de control con respecto a la morosidad de las empresas está perjudicando a pymes y autónomos. / Archivo
“Esto da idea de la tamaño de la tragedia, explica Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMCM), ante la magnitud de los datos que las empresas del Íbex35 han ido comunicando a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) en sus balances del ejercicio de 2018: las firmas del selectivo tienen cautivos 60.409 millones de euros en impagos a proveedores y subcontratas con retrasos superiores a los 60 días que la legislación da para liquidar esas facturas.
La cifra se eleva en otros 18.418 millones de euros, hasta los 78.827, si el cálculo se amplia a todo el mercado continuo, una situación que está provocando la asfixia de miles de pequeñas y medianas empresas, y de profesionales independientes, que suministran bienes y servicios a las grandes empresas españolas.
En ambos casos ha habido una mejora, aunque de escasa cuantía. La deuda cautiva se ha reducido en 400 millones en el Íbex35 y en casi 2.000 en el conjunto de las firmas del mercado continuo, volúmenes que porcentualmente se quedan en el 0,61% y en el 1,68%.
«La gran empresa está haciendo negocio con la pequeña», Antoni Cañete
“Eso lo sufren las pymes y los autónomos. Hay una situación de dominio en la que cuanto más pequeña es la empresa menos capacidad de negociación tiene”, indica Cañete, para quien “no hay ninguna justificación para que se esté abusando de esta circunstancia. La gran empresa está haciendo negocio con la pequeña”, que comienza a sufrir ese estrangulamiento de la liquidez causado por la morosidad.
“Una de cada tres empresas que cerraron y uno de cada tres puestos de trabajo que se perdieron en la crisis desaparecieron como consecuencia de la insolvencia”, recuerda Cañete, para quien “estamos volviendo a cometer los errores de hace más de una década”.
Una tarea pendiente desde hace quince años
España tiene los deberes sin hacer en este campo desde hace quince años. Concretamente, desde que en 2004 fue aprobada la Ley por la que se Establecen Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, reformada seis años más tarde sin que ninguno de los textos incluya un régimen sancionador que obligue a cumplir sus reglas.
Estas limitan a “sesenta días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios” el plazo para pagar la factura de un proveedor (30 para productos de alimentación frescos y perecederos), prohíben ampliarlo “por acuerdo entre las partes” para evitar abusos y cargan al moroso (siempre que sea “responsable del retraso del pago”) un interés de demora de hasta el 15% anual, además de tener que asumir los gastos de gestión del cobro, pero únicamente para las deudas superiores a 30.000 euros, lo que ya de entrada limita notablemente la aplicación de una norma para cuyo cumplimiento no existen medios coercitivos.
La propuesta de Ciudadanos para establecer ese régimen sancionador, que sí existe en países como Francia y Reino Unido, naufragó la pasada legislatura en la Comisión de Economía del Congreso, que finalmente desistió de tramitar lo que amenazaba, para la banca y la gran empresa, con convertirse en un cambio disruptivo en un sistema que a fecha de hoy provoca consecuencias muy distintas en función de si uno es emisor o destinatario de las facturas.
Pagar el IVA antes de cobrar
Los primeros, pymes y autónomos normalmente, se ven obligados a adelantar el IVA de las facturas que no han cobrado en el trimestre de emisión (entre un 6% y un 21%, según el producto), ya que el anunciado aplazamiento sigue siendo en la práctica una quimera, y a optar entre financiar mediante créditos el circulante (además del IVA) para mantener activa la empresa o renunciar a una parte del negocio negociando el adelanto de los cobros con conforming en las entidades financieras con descuentos de entre el 2% y el 4%.
Estas, por su parte, tienen un filón con esa situación: los intereses anuales de 60.000 millones con los créditos por encima del 4,5% anual, según el Banco de España, rentan 2.700 brutos por ejercicio, y un mínimo de 1.200 por la vía del ‘conforming’.
El moroso se desgrava el IVA facturado por los proveedores antes de pagárselo a estos
El moroso, por el contrario, se desgrava el IVA facturado por los proveedores antes de pagárselo a estos, amplía su margen de maniobra atrasando las liquidaciones y, además, elude los recargos del 15% al carecer los acreedores de herramientas para reclamárselo. Eso, siempre que a estos últimos les salga a cuenta arriesgarse a perder un cliente de la envergadura de cualquiera de las 35 empresas del selectivo.
“Cobran al contado y pagan a 90 dias ¡Así cualquiera!”
“La morosidad va a seguir siendo un problema para las pymes y los autónomos mientras no se aplique un régimen sancionador y se erradique el pacto entre las partes”, señala Eduardo Abad, secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), que denuncia “la perversión que supone admitir que si existe un contrato no se aplica la ley”.
“La gran empresa se financia a costa de la pequeña. Se saltan la ley, y eso está provocando daños en la economía y en la competitividad. Estamos hablando de un problema de primera magnitud”, anota Cañete, que se pregunta “¿qué intereses hay detrás de la imposibilidad de resolverlo?”.
Coincide, en este aspecto, con Abad, para quien “no se trata solo de que pymes y autónomos cobren tarde, es que además están financiando a la gran empresa con un crédito fiscal con el IVA y otro con el circulante” cuyo pago atrasan más de lo que permite la ley.
Abad señala, además de a las empresas del Íbex, a las grandes distribuidoras de productos frescos y de alimentación como los principales beneficiarios de esta desidia legislativa. “Venden al detalle, cobran al contado al cliente y pagan a 90 días en el mejor de los casos al proveedor. Así funciona cualquiera”, explica.
Aumentan los impagos y sus retrasos
Y la ola de insolvencia, tal y como ya comienzan a detectar los juzgados de lo Social y de lo Mercantil de todo el país desde hace más de un año, lleva camino de empeorar, ya que tanto los plazos de pago como el volumen de los impagos están aumentando.
Según el último informe, el sector privado tardó de media 85 días en pagar y el público 82, ambos por encima de los límites permitidos
Axesor, la principal empresa española de ráting, lleva meses alertando de esta situación: los 427 concursos de acreedores presentados en los juzgados en septiembre suponen el peor dato de ese mes desde 2014, mientras el acumulado del año (3.434, casi 70 por semana) empeora en un 14,58% los registros del año anterior. Agosto había sido el peor desde 2015.
Los datos del último Informe revelan cómo los plazos reales de pago comenzaron a crecer el año pasado después de tres consecutivos de descenso. Lo hicieron hasta los 85 días entre los clientes del sector privado y hasta los 82 en las administraciones, 25 y 52, respectivamente, por encima de los plazos legales.
Los retrasos son mucho más amplios entre las 35 empresas del Íbex, que el año pasado cerraron con una media de 169 días de retraso sobre la fecha de recepción de las facturas, casi el triple de lo permitido tras una mejora de trece en relación con el 2017 que Cañete califica de “testimonial”.
“Algunas grandes empresas pagan a 300 días”
“Esos datos muestran dos realidades: uno es que algunas de esas grandes empresas pagan a más de 200 días y hasta a 300; el otro, que las pequeñas liquidan en plazo y las grandes lo hacen fuera de él”, añade.
Cañete reclama a los partidos políticos que “sean contundentes y establezcan la próxima legislatura un régimen sancionador, ahora que viene un cambio de ciclo económico. Hay mucho trabajo hecho y deberían aprovecharlo”.
Abad es tajante en el planteamiento. “Que se dejen de memeces: lo que tienen que hacer los partidos es resolver estas cuestiones”, indica. “La reforma de 2010 fue una chapuza legislativa con la que quienes tenían los principales problemas han continuado teniéndolos”, anota. “Los lobbys de las grandes empresas han presionado para que eso no cambie”, añade.
Sin apenas espacio en los programas políticos
Sin embargo, y a falta de conocer los programas del 10-N, no parece que resolver la ola de morosidad que la gran empresa proyecta sobre pymes y autónomos sea una de las prioridades de los partidos políticos, ya que, de los cinco más votados, sólo Unidas Podemos y Ciudadanos lo llevaban en los suyos para el 28-A.
Los primeros proponían, genéricamente, adaptar el derecho sobre consumo a las pymes y establecer “plazos máximos de pago” para las grandes empresas. Los segundos abogaban por asegurar que el sector público pague sus facturas en 30 días y el privado en 60, introducir en la ley el régimen sancionador que la pasada legislatura dejaron decaer y, por último, “asegurar el cumplimiento efectivo de los plazos legales de pago y acabar con la impunidad de los deudores morosos”.
